El auditorio del  Centro Metropolitano del Diseño, ubicado en el Barracas profundo, fue el lugar elegido por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)  para cumplir ayer con la obligación legal de realizar una audiencia pública en la que debían considerarse propuestas técnicas de “adecuación” semestral de las tarifas, con aplicación a partir del 1 de octubre. Encabezada por el presidente del Enargas, Mauricio Roitman, la audiencia tuvo por principales protagonistas a representantes de transportistas y distribuidoras, siendo  llamativa la ausencia de las empresas productoras que abastecen del insumo.

Sólo la petrolera YPF figuraba en el listado de 187 inscriptos, entre institucionales y particulares, pero no estuvo cuando se la invitó a exponer y otras productoras similares ni siquiera se anotaron. Con numerosas ausencias de otros inscriptos, la audiencia, que tiene carácter de no vinculante, languideció a media tarde.

Una explicación posible a la ausencia de las productoras debió ser la falta de acuerdos entre distribuidoras y transportadoras a la hora de reconsiderar los contratos vigentes, con un sendero de precios dolarizados por millón de BTU, fuertemente condicionados por la crisis económica, financiera, y social que atraviesa el país.

La dolarización de las tarifas dispuesta por el gobierno el año pasado cuenta con el aval de todas las empresas del sector, pero la suba del petróleo a nivel internacional, la muy acelerada devaluación del peso y la inflación descarriada obligan a una revisión de parte de lo resuelto por el ahora ex Ministerio de Energía en materia tarifaria.

La cartera a cargo del ahora Secretario Javier Iguacel, y el ente regulador, insisten desde hace unos tres meses en exhortar a las partes de esta cadena a ponerse de acuerdo en alguna fórmula que resulte, al menos parcialmente, conveniente para todos.

En tanto, se llegó a la audiencia en condiciones que fueron muy cuestionadas por intendentes, legisladores, y organizaciones de defensa del consumidor, cuyos planteos fueron desde el pedido de dejar de lado la dolarización de estas tarifas hasta una “suspensión de la audiencia por no tener a consideración propuestas técnicas claras” debido a las diferencias de criterio entre las empresas. También insistieron en pedir al Enargas una audiencia pública para considerar específicamente con que parámetros se establece y define el precio del gas en boca de pozo.

El precio dolarizado del gas PIST (en punto de ingreso al sistema de transporte)  está sujeto a revisión y al menos el que es provisto a las distribuidoras por la ex Enarsa (ahora IEASA)  se ubicaría en torno a los 4 dólares por millón de BTU, y otras fuertes compañías productoras defienden un precio mayor, aunque resignando parte de lo acordado en los contratos suscriptos y vigentes con las distribuidoras.

En Energía consideran posible que en los próximos días puedan acordar criterios las productoras y distribuidoras que aún no lo han hecho.

Otro tema considerado entre las partes, es el referido a la forma de saldar las DDA (Diferencias Diarias Acumuladas)  un concepto que se adiciona  al precio del gas en el PIST a los fines de que el pass-through sea completo en la exacta incidencia del precio del gas comprado.

Pero la devaluación superior al 100 por ciento en los primeros ocho meses del año imposibilitó que las petroleras productoras de gas  llegaran a un acuerdo con las distribuidoras sobre el precio y condiciones de venta, y se acumularon montos a saldar,  que ahora serían financiados en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019 para “morigerar el impacto en las tarifas finales” al usuario.

Los intendentes y organizaciones de defensa del consumidor también rechazaron que el efecto de la devaluación recaiga sobre los usuarios del servicio, tanto pymes como residenciales, pero incluso en este último punto persistirían diferencias en cuanto a la forma de cálculo del monto acumulado y el tipo de cambio a considerar para establecer las cuotas.

A estos factores deben sumarse en la factura los cargos por Transporte y por Distribución que se actualizan conforme la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor del Indec (IPIM) y que totaliza para el semestre marzo-agosto casi 29 por ciento. Se aplica para actualizar el margen de distribución.

Las distribuidoras Litoral Gas, Gas Natural BAN (Naturgy), Camuzzi y Metrogas presentaron propuestas que cerraban con un ajuste tarifario en torno al 31 por ciento, y remarcaron que si no se modificara el esquema original de precios del gas con las productoras el ajuste rondaría el 150 por ciento. Energía no considera avalar un aumento superior al 30 por ciento y el Enargas definirá la cuestión en la última semana de este mes.