Las empresas distribuidoras de gas no lograron ponerse de acuerdo con las productoras para readecuar los contratos de abastecimiento de gas tras la indetenible devaluación de la moneda local. Los precios del gas en boca de pozo establecidos en los contratos vigantes —firmados a fines de 2017 por iniciativa del ex ministro de Energía Juan José Aranguren— están expresados en dólares. De respetar esos documentos, las tarifas residenciales de gas deberían aumentar un 140% el 1º de octubre, cuando está prevista la segunda suba anual de las facturas.

La instrucción del Ejecutivo y del Enargas, el ente regulador, fue readecuar las bases y condiciones de esos contratos de modo tal que el aumento ronde el 30 por ciento. Sin embargo, las gasíferas —lideradas por Metrogas, Gas BAN, Camuzzi y EcoGas— no llegaron a un acuerdo con las petroleras, capitaneadas por YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y la alemana Wintershall. Las distribuidoras debían presentar el lunes los nuevos contratos de suministro en la sede del Enargas para lograr su validación. No lo hicieron. Pidieron, con carácter excepcional, una prórroga hasta mañana miércoles a primera hora para entregar los nuevos contratos.

El ente regulador no puede permitir que los plazos se extiendan porque la semana que viene (el martes 4 y el jueves 6 de septiembre) se realizarán las audiciencias públicas para discutir la situación del negocio de distribución de gas. Sin esos contratos sobre la mesa, la presentación pierde sustento.

De ahí la premura de los funcionarios públicos. Durante los últimos dos meses, cuando se evidenció la necesidad de readecuar los contratos por la apreciación del dólar, la tesitura de los hombres de gobierno fue la de no intervenir a fin de propiciar que la negociación quede exclusivamente en manos de los privados. Tras la caída de la Ley de Emergencia Económica, en el gobierno explican que ya no hay autorización legal para intervenir en el mercado. Esa interpretación cambió en los últimos días.

Propuesta oficial

Frente al estancamiento de las negociaciones entre petroleras y distribuidoras, José Astolfi, secretrario de Combustibles del Ministerio de Energía, se comunicó con las empresas para intentar llegar a un acuerdo. En términos simplificados, la propuesta que transmitió el funcionario tiene una serie de puntos centrales:

• Las tarifas de gas de las distribuidoras para el período octubre’18-marzo’19 se definirán en base a un valor dólar de 31,50 pesos.
• El precio del gas en boca de pozo oscilará por cuenca productiva pero se ubicará en torno a los US$ 3,80 por millón de BTU, casi un 15% menos que el precio del gas vigente para el semestre abril-octubre de este año (US$ 4,68).
• Las diferencias diarias acumuluadas en favor de las petroleras por la escalada del dólar se cancelarán a partir de enero de 2019 en 24 cuotas que se actualizarán aplicando la tasa pasiva del Banco Nación. En función de la suba del tipo de cambio, las petroleras reclaman a las distribuidoras unos $ 10.000 millones por facturas de venta de gas que quedaron impagas. Las petroleras quieren cobrar ese monto en no más de 10 cuotas mensuales. La propuesta del gobierno es cancelar esa deuda en los próximos dos años.
• En base a la iniciativa que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Energía, las tarifas residenciales de gas aumentarán un 26% el 1º de octubre. Pero en enero próximo, una vez que se incluyan los cargos para cancelar las diferencias diarias en favor de las petroleras, el incremento de las tarifas superará el 40% medido de manera interanual.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno aún no fue aceptada por las petroleras. YPF, la petrolera controlada por el Estado, y el resto de los productoras se niega a aceptar esos términos y condiciones. Durante las primeras horas de la tarde del martes no había avances significativos de las negociaciones. En el Enargas no descartan convocar una reunión de urgencia con los principales referentes de las distribuidoras para intentar salvar la situación. Entre algunas empresas no descartan publicar en el ente los contratos vigentes, cuya aplicación dispararía un aumento de las tarifas de gas de hasta un 140%, para forzar una mayor intervención del Estado. “Es un tanto frustrante que tras dos meses de conversaciones no hayamos podido llegar a un acuerdo. No hay más tiempo. El gobierno debería convocar a una mesa de discusión para saber cómo seguimos”, reconoció el presidente de una gasífera ante la consulta de EconoJournal.

Sin acuerdo

Desde las petroleras responden que no quieren que el eventual costo de una continuidad de la devaluación recaiga únicamente sobre sus espaldas. “Queremos que, en los nuevos contratos, el pass through esté claro y estipulado como era en los 90’s. Sino el financiamiento de la devaluación puede quedar en cuentas a cobrar in eternum”, explicó el gerente general de una productora.

La visión de las distribuidoras va en otra dirección. Su planteo podría reducirse en dos grandes ejes. Apuntan, por un lado, a que la obligatoriedad de cumplir con el pass through (por la evoluación del tipo de cambio) corra siempre y cuando el ente regulador reconozca aumentos tarifarios para cubrir esa suba. Y por el otro, pretenden que su responsabilidad en los contratos quede interrumpida inmediatamente si la Justicia frena, mediante una medida cautelar, la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios. Ambos pedidos son rechazados por las petroleras./