Tres de las cuatro mayores distribuidoras de gas de la Argentina presentaron en las últimas dos semanas reclamos administrativos en el Enargas, el ente regulador del sector, en los que denuncian la imposibilidad de seguir cumpliendo con los contratos de compra-venta de gas firmados con las petroleras en diciembre del año pasado.
En concreto, Gas BAN, Camuzzi y EcoGas advirtieron en sus presentaciones que, por la fuerte apreciación del tipo de cambio, sus ingresos no son suficientes para pagar el precio en dólares del hidrocarburo establecido en esos documentos. Desde la óptica de los privados, la devaluación del 40% —el peso pasó de 20,50 a 28,50 pesos en menos de dos meses— torna imposible seguir respetando los contratos de abastecimiento tal como fueron firmados. Por eso, exigen una renegociación de los términos y condiciones de esas pautas comerciales.
El planteo de las distribuidoras parte de una presunción: estiman que el 1º de octubre, cuando deben actualizarse los cuadros tarifarios de hogares y comercios, el Gobierno no podrá trasladar el impacto del corrimiento del dólar y de la inflación, tal como establece el marco regulatorio vigente. En este punto, los privados descreen del Estado. “Con un dólar de 28/29 pesos y una inflación anual cercana a 30%, las tarifas deberían aumentar un 35% en octubre. No hay margen político ni social para aumentar tanto”, reconoció el gerente de una compañía. Hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno o directivo del Enargas asumió esa realidad, que a esta altura parece más que probable.
Consultado por EconoJournal, David Tezanos, ex interventor del Enargas, enfatizó: “La regulación actual del sector está perimida. Hay que revisar todo el marco normativo y discutir uno nuevo”.
Deuda millonaria
Mientras tanto, las gasíferas deben seguir pagando en dólares el precio del gas que distribuyen pese a que sus ingresos vía tarifas están pesificados. Por eso, desde abril empezaron a acumular deudas millonarias con los productores de gas, como YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía. ¿Por qué se genera ese rojo? Porque las petroleras envían su factura de venta de gas al tipo de cambio registrado al final de cada mes. El gas entregado en mayo, por ejemplo, se facturó con un tipo de cambio de 25,40 pesos. Los cuadros tarifarios, en cambio, están calculados a $ 20,55, un 20% menos.
Según un relevamiento en el mercado de gas, se estima que la deuda de las distribuidoras con las petroleras del período marzo-junio ya supera, en conjunto, los $ 2000 millones. Ese es el mayor problema que afecta a las gasíferas: la inviabilidad en el cumplimiento de los contratos está afectando en sus balances y, por consiguiente, en su calidad crediticia. Es que las normas del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC, por sus siglas en inglés) obligan a las distribuidoras a anotar cómo pérdida en sus registros contables el reclamo económico realizado por las petroleras tras la devaluación. El acceso al financiamiento para solventar las obras comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) —cerca de $ 50.000 millones en las redes de distribución en cinco años— se está deteriorando rápidamente.
¿Cómo se debería solucionar el conflicto según el Enargas? Las distribuidoras tendrían que cumplir los contratos vigentes abonando el gas que consumen al tipo de cambio que reclaman las petroleras (o uno que surja de la negociación entre partes) y en octubre, cuando se actualicen las tarifas, el Enargas autorizará subas proporcionales para cubrir el gasto adicional de las gasíferas. En otras palabras, el ente regulador está pidiendo a las distribuidoras que paguen con su propio dinero el incremental en pesos que reclaman las petroleras con la promesa de devolverles esa plata a partir de octubre. Los privados no confían en esa palabra. “La Ley establece que las distribuidoras no podemos ganar dinero por el pass through a tarifas del precio del gas. Nosotros ganamos por el servicio de distribución, pero no por la venta del gas. Sólo cobramos del cliente y le transferimos lo que le corresponde al productor al tipo de cambio establecido”, explican las gasíferas.
Barajar y dar de nuevo
La compañía —que es propiedad de accionistas locales entre los que figuran Guillermo Reca, Gonzalo Pérès Moore, Nicolás Caputo y Ronaldo Strazzolini— solicitó al Enargas una actualización inmediata de las tarifas de sus zonas de concesión amparada en la letra chica del marco regulatorio. El artículo 9.4.2.5 de las reglas básicas de la Licencia de Distribución de Gas, publicada en 1992 e incluida en la Ley 24.076 (del Gas), deja abierta la puerta a las empresas gasíferas para que reclamen un nuevo cuadro tarifario cuando sus costos aumenten en forma repentina por encima del 20 por ciento. Como la devaluación encareció el costo del gas por encima que esa alícuota, EcoGas exigió una revisión tarifaria extraordinaria. Fue la primera vez en 25 años desde que se privatizó la industria del gas que una empresa regulada reclama un incremento de sus cuadros tarifarios por el efecto de la devaluación de la moneda.
Si embargo, el Enargas desestimó el pedido. El organismo ahora está evaluando los planteos de Camuzzi, que controla las distribuidoras Gas Pampeana y Gas del Sur, que avanzó con una argumentación similar a la de EcoGas, y de Gas BAN. “Lo más factible es que se rechacen la mayoría de los puntos que reclama Camuzzi, pero el caso aún está en evaluación”, indicaron allegados al organismo.
La presentación de Gas BAN, la segunda distribuidora del país, parte de una plataforma diferente. La compañía controlada por la española Fenosa entiende que por la crisis cambiaria se vulneraron las bases y condiciones definidas por el Ministerio de Energía para contractualizar el mercado de gas. A partir de ese precepto, reclama una serie de readecuaciones. La nota en la que detalla su reclamo también fue cursada a la cartera que encabezará a partir de hoy Javier Iguacel. La readecuación de las tarifas de gas y electricidad tras la devaluación es uno de los puntos álgidos que deberá atender el flamante ministro de Energía.
Entre las propuestas de Gas BAN figuran el establecimiento de un tipo de cambio semestral para indexar los contratos firmados con las productoras. La iniciativa apunta a reducir el impacto de la volatilidad cambiaria, dado que hoy el despacho de gas se liquida al tipo de cambio de cada mes. El efecto práctico de su implementación reduciría el precio de venta del gas medido en dólares, tal el objetivo de fono de las distribuidoras, que buscan renegociar los contratos vigentes.
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