El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó el jueves en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe la audiencia pública para la ejecución, operación y mantenimiento del gasoducto de la costa en la ruta provincial nº 1, que en una primera etapa brindará servicio a las localidades de Colastiné y Rincón, aunque luego se podría extender a Arroyo Leyes y a Santa Rosa de Calchines. La audiencia tuvo lugar debido a la falta de acuerdo entre Litoral Gas y la empresa estatal Enerfe.

Litoral Gas quiere que la provincia realice la inversión del nuevo tendido y luego se lo ceda para hacerse cargo de su administración y explotación. Como es la concesionaria que distribuye el servicio en el norte de provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Santa Fe, tiene la prioridad para desarrollar los proyectos de ampliación de la red. Sin embargo, el Estado santafecino quiere concretar y operar la obra, tal como lo dejó en claro el gobernador Miguel Lifschitz, quien el jueves expuso en la audiencia.

“Si esta audiencia se está realizando, es porque hay una iniciativa del gobierno de Santa Fe, a través de su empresa de energía Enerfe (Santa Fe Gas y Energías Renovables), para ejecutar esta obra. Si no fuera por esta decisión política, no habría audiencia pública ni debate sobre el tema, ni habría perspectiva de que esta obra se realice por lo menos en los próximos cinco años, porque no está incluida dentro de las prioridades establecidas en la revisión tarifaria de la empresa. No hay posibilidades de hacer la obra si no es con una fuerte inversión del gobierno provincial, a través de su empresa de energía», sostuvo el gobernador.

Lifschitz quiere otorgarle a Enerfe el carácter de subdistribuidor para poder explotar y garantizar el servicio a los actuales y futuros usuarios, porque esto está inscripto dentro de la política de desarrollo energético que planteó la provincia con un amplio consenso de los sectores políticos».

«Esta ley, en su momento, fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras y expresa la voluntad del gobierno y de la Legislatura de intervenir de manera activa en el mercado de distribución de gas y energías renovables para un sector muy importante de la provincia que no cuenta con el servicio, a pesar de estar dentro del ámbito de jurisdicción de la empresa concesionaria (Litoral Gas)”, agregó en la audiencia, donde fue el cuarto orador de los 127 inscriptos.

El gobernador argumentó que la provincia «no va a utilizar para esta obra recursos provenientes de los propios beneficiarios, sino que utilizaremos recursos del tesoro provincial. Por eso creemos que es fundamental que el patrimonio quede en manos de la provincia y Enerfe para su posterior explotación».

Lifschitz también aprovechó para dejar clara su postura respecto de que el Estado debe ser el encargado de brindar los servicios públicos. “Los servicios públicos esenciales deben ser prestados por el Estado. Por eso la energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento se hace a través de empresas públicas. No es el caso de la prestación del servicio de gas porque ha sido siempre de jurisdicción nacional y porque está dentro del régimen de privatizaciones que se llevaron adelante en los años 90″, subrayó.

El funcionario reivindicó además la potestad de la provincia para convertirse en subdistribuidora a través de Enerfe, sin competir, y de manera complementaria con la empresa Litoral Gas, para prestar el servicio a sectores sociales y territorios que probablemente no van a poder contar con este servicio durante muchos años si no es a través de la iniciativa pública.

Por el lado de la empresa expuso el gerente comercial de Litoral Gas, Leonardo Carrero, quien ofreció llevar a cabo, sin costo para la provincia, la operación y el mantenimiento de las obras propuestas, los anteproyectos de ingeniería, el estudio de la demanda y realizar las inspecciones de obras, entre otras tareas.

Se estima que el costo de la obra de tendido del Gasoducto de la Costa -de ejecutarse con las potencialidades que quiere la provincia- tiene un costo de unos 300 millones de pesos.