El gobierno aplicó un impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo por cuatro meses. Petroleras y sectores de la oposición cuestionaron la legalidad de la medida provisoria. Varias compañías pidieron ante la justicia una cautelar para suspender la aplicación del impuesto. «Trae incertidumbre sobre nuevas decisiones de inversión, afectando la competitividad de Brasil», alertó Shell.