Una decisión de enorme trascendencia política que les garantiza la continuidad al frente de un negocio regulado de carácter monopólico a grandes grupos empresarios hasta 2047 no ameritó ni siquiera una declaración crítica para que conste en actas por parte de ONG, asociaciones vecinales, movimientos sociales, defensorías del pueblo, sindicatos, cooperativas, universidades y/o centros de investigación. Tampoco dijeron presente ni legisladores ni representantes de gobiernos provinciales y municipales.