El gobierno decidió este jueves postergar la asamblea de accionistas de Cammesa donde se iba a elegir como vicepresidente al ingeniero Sergio Falzone, un hombre del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Ese puesto es clave porque tiene influencia de manera transversal tanto en la operación del sector eléctrico como en el gasífero. Los representantes del Estado en la compañía que se encarga del despacho de energía pidieron un cuarto intermedio hasta el 2 de mayo ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quieren evaluar otras opciones para ese puesto. De hecho, fuentes de la industria mencionaron a EconoJournal que ese lugar podría ser ocupado por Mario Cairella, quien ya estuvo como gerente general del organismo en 2019 cuando se produjo el blackout que dejó sin electricidad a todo el país durante gran parte del Día del Padre de aquel año. Desde la Secretaría de Energía optaron por no responder a las consultas formuladas por EconoJournal antes de publicar esta nota. 

El de ayer fue el segundo veto que recibe Falzone pues Rodríguez Chirillo tenía decidido ponerlo al frente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, pero Caputo también le bajó el pulgar y finalmente este viernes terminó designando a Damián Eduardo Sanfilippo. Lo insólito en ese caso es que como Falzone estuvo en los hechos al frente de la subsecretaria durante el primer trimestre, el decreto que este viernes oficializó el nombramiento de Sanfilippo también designó a Falzone para el mismo cargo, pero solo en el período que va del 8 de enero al 20 de marzo, noticia que fue destacada este viernes por Clarín e Infobae.

Una especulación es que Falzone fue nombrado fugazmente no solo para que pueda cobrar esos dos meses y medio durante los cuáles trabajó sino para evitar que alguien decida impugnar la última audiencia pública que se realizó el 29 de febrero porque el propio Falzone expuso allí en representación de la Secretaría de Energía.    

Lo que deja entrever esa decisión es que Caputo no confía en la gestión de Rodríguez Chirillo y ha decidido tener mayor participación en el área. Uno de los temas que generó conflicto fue el diseño de la política tarifaria y en particular la gestión de los subsidios energéticos que paga el Tesoro. Falzone venía teniendo, en esa discusión, un papel preponderante hasta que le sacaron bolilla negra porque era uno de los encargados de calcular el impacto de la quita de los subsidios en la factura final que pagan los hogares. Las diferencias también quedaron en evidencia con la decisión de Caputo de poner gente de su propia tropa a negociar con las generadoras eléctricas.

Diferencias por las tarifas

El cortocircuito entre Caputo y Rodríguez Chirillo se remonta a la decisión de mantener congelado el precio mayorista de la electricidad que tomó la Secretaría de Energía a comienzos de febrero. A través de la resolución 7/2024, el gobierno decidió en ese momento fijar un nuevo precio estacional para los usuarios sin subsidio (Nivel 1) de 44.401 pesos por MWh, pero dejó congelado el precio en 2981 pesos por MWh para los sectores de ingresos bajos (Nivel 2) y en 3756 pesos para los sectores medios (Nivel 3), dos categorías que concentran al 65% de los usuarios del sistema.

El congelamiento del precio de la energía mayorista para los usuarios N2 y N3 se tomó para evitar una judicialización porque el decreto 332/22 de Martín Guzmán establece que el aumento para los usuarios de menores ingresos tiene un tope anual equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; mientras que para los sectores medios el tope anual del aumento es equivalente al 80% del CVS de 2023.

La intención oficial era avanzar con el diseño de una Canasta Básica Energética que reemplazara la segmentación de Guzmán, la cual iba a estar vigente a partir de mayo, pero hasta ahora se pudo avanzar poco y nada en el diseño de esa herramienta. Por eso, el gobierno se encuentra frente a una encerrona porque no tiene del todo claro cómo hacer para dejar atrás el congelamiento de la energía mayorista que rige para esos dos segmentos de usuarios, que representan un 65% del total de los hogares de todo el país.

Va a ser necesario calibrar bien el ajuste porque si la suba es muy fuerte podría ser impugnada en la Justicia y si se sigue así el costo fiscal será cada vez mayor (si los precios de la energía para los usuarios N2 y N3 no cambian, Economía debería erogar subsidios por US$ 900 millones a Cammesa para cubrir el costo de generación durante el invierno). En el Ministerio de Economía el tema es prioridad número 1. Caputo quiere poner gente de su propia tropa e incluso pidió asistencia a Jefatura de Gabinete y también a YPF para avanzar en esa tarea.

Además, los cuadros de Edenor y Edesur que se publicaron a mediados de febrero contenían algunos errores técnicos que generaron malestar en Economía y Jefatura de Gabinete. Por ejemplo, el fuerte salto que experimentaba el cargo fijo al pasar de la categoría R3 a la R4 en los usuarios sin subsidio: si el usuario consumía entre 401 y 600 kWh por mes era un R3 y pagaba un cargo fijo de 5691,94 pesos, pero si consumía más de 600 kWh por mes pasaba a ser R4 y le correspondía desembolsar la friolera de 30.391,24 pesos, un 434% más.

Esa escala fue cuestionada públicamente por el especialista en tarifas Fernando Navajas, en el diario La Nación: “Un consumidor de 600 kwh al mes es un departamento de clase media que ahora pagará alrededor de $48.000 de cargo variable y $30.000 de fijo. Eso equivale a $78.000. Si se le suman los impuestos, la boleta final puede alcanzar los $110.000. Lo que está mal son los $30.000 de costo fijo. Ni siquiera en Estados Unidos se cobra un nivel tan alto. Generalmente, fueron menos de US$15″, dijo Navajas.

“Decirle a la clase media que va a pagar $120.000 por los cargos fijos es una locura. Y todavía faltan los aumentos en las tarifas de gas. Va a haber judicialización y no se van a pagar. Todos sabíamos que la transición iba a ser difícil, pero hay que diseñarla bien”, agregó el economista de FIEL.

En este caso el diseño del cuadro tarifario ni siquiera les representaba un ingreso adicional significativo a las distribuidoras porque los que están en R4 son una minoría dentro del conjunto de los usuarios. Si se hubiera subido menos el cargo fijo del R4 y un poco más los cargos fijos más bajos seguramente la recaudación hubiese sido mayor.

Finalmente, el miércoles 3 de abril se publicaron dos resoluciones rectificatorias que volvieron a modificar las tarifas de Edesur y Edenor para tratar de hacer más gradual la suba del cargo fijo.

Ahora volvieron a observarse problemas similares en las tarifas del gas natural. Por ejemplo, para un usuario de Metrogas Nivel 2 (ingresos bajos) de la categoría R34 que vive en la localidad de Avellaneda el cargo fijo mensualizado aumentó de 1310,24 a 28.722,14 pesos (+2092,1%), mientras que para el mismo usuario en la localidad de La Boca el cargo fijo trepó de 1308,65 a 52.852,51 pesos (+3938,70%), pese a que es cliente de la misma compañía, en la misma área de concesión, tiene el mismo nivel de ingresos e integra la misma categoría de usuario de acuerdo a su consumo.

Negociación con generadoras

Luego del “default energético” que llevó adelante Caputo, consistente en suspender el pago de la gran mayoría de compromisos y obligaciones que posee el Estado con el sector de gas y electricidad, el gobierno tomó la decisión de normalizar el flujo de pagos que le corresponde afrontar con las generadoras a través de Cammesa y al mismo tiempo abrió una negociación con las empresas para negociar la forma en que se cancelará la deuda acumulada de más de 2200 millones de dólares, tal como informó EconoJournal.  

El dato llamativo en este caso es que la negociación no estuvo comandada por Rodriguez Chirillo, ni por algún hombre de su confianza, sino por Diego Aduriz, un hombre que responde a Caputo.

Cuando el gobierno de Macri llevó adelante una negociación similar con los generadores, quien llevó la voz cantante en esos encuentros había sido el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, pero ahora Energía quedó relegada, lo que muestra una vez más el avance del ministro.  

Un detalle sugestivo en la Ley Bases

El avance de Caputo sobre Energía también se puede rastraer en un pequeño detalle del proyecto de Ley Bases. El gobierno envió hace unos días al Congreso una nueva versión del texto. El Título VIII que incluye todas las reformas propuestas para el sector energético es idéntico al que contenía el último borrador que había circulado a mediados de marzo, salvo por un único cambio. La versión anterior contenía un artículo que modificaba el artículo 97 de la ley de hidrocarburos 17.319 para explicitar que la aplicación de dicha ley le “compete a la Secretaría de Energía de la Nación o a los órganos u organismos que dentro de su ámbito se determinen”. Esa modificación no figura en la última versión.

Al no introducirse ese cambio, sigue vigente el artículo 97 actual de la ley de Hidrocarburos, el cual dice que “la aplicación de la presente ley compete al Ministerio de Energía y Minería o a los organismos que dentro de su ámbito se determinen”. A primera vista pareciera un detalle sin importancia. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a EconoJournal que con la redacción vigente la firma queda en manos de Caputo, y no de Rodríguez Chirillo, porque lo que prima es el rango ministerial.

Es decir, si la aplicación de la ley correspondía originalmente al Ministerio de Energía y ahora ese ministerio no existe más, la responsabilidad recae sobre el ministerio que ahora tiene bajo su órbita a la Secretaría de Energía y no sobre la propia Secretaría. Distinto sería si la Ley Bases incorporara un artículo donde se dijera de modo explícito que la aplicación de esa ley compete a la Secretaría de Energía. Por eso Caputo quitó el artículo.