La Federación de Empresas Navieras (FENA), que reúne a las mayores compañías armadoras de barcos del país, denunció ante el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Patricio Hogan, que la Aduana y la Prefectura permitieron que un barco de bandera extranjera de la firma Stolt, uno de los principales operadores logísticos de la región, realice de forma ilegal una maniobra de carga y descarga de combustible en la zona Alfa del Río de la Plata. La nota enviada el 28 de enero, a la que accedió EconoJournal, involucra a funcionarios del armado político de Sergio Massa. Tanto Hogan como su jefe directo, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, pertenecen al núcleo duro que rodea al ministro de Economía.
La falta denunciada es de una gravedad inusitada. Casi no hay antecedentes de episodios similares en el pasado reciente. En concreto, se acusa a los organismos del Estado de habilitar un cabotaje ilegal que nunca tendría que haber sucedido porque los barcos extranjeros no están autorizados a cargar y descargar combustible dentro del país salvo que obtengan un waiver especial, a través de un certificado 1010 de Puertos y Vías Navegables. El barco Stolt Vanguard, que habría sido contratado por PBB Polisur por medio del agenciamiento marítimo de la firma Heinlen, que dirige Santiago Simón Errecart, no contaba con ningún tipo de excepción para navegar. Por norma, la Ley de Cabotaje establece que ese servicio sólo pueden brindarlo buques de bandera argentina.
“Esta Federación considera que el celoso cumplimiento de la normativa vigente resulta primordial para la defensa de la Marina Mercante Nacional, pues de consentirse situaciones como las aquí denunciadas y de no ser las mismas sancionadas según lo previsto en nuestra legislación, no es de extrañar que este tipo de situaciones se repitan, lo cual produciría un grave daño para nuesta ya alicaída actividad, poniendo en riesgo la continuidad de las empresas armadoras y de las fuentes de trabajo que ellas generan”, advierte la nota firmada por Leonardo Abiad, gerente de FENA.
Agravantes
La descripción de los hechos que se detallan en la denuncia contiene ribetes que agravan la falla de las autoridades. En el texto se deja entrever que directivos de empresas armadoras avisaron a la Prefectura que el barco Stolt Vanguard, que zarpó de la zona de Puerto Galván, en Bahía Blanca, cargado de nafta priolisis (una gasolina de tipo petroquímico) con destino a Brasil y que trasvasó parte de esa carga (en una maniobra de top off, según la jerga naviera) en el Río de la Plata, no contaba con los permisos correspondientes. Esta segunda operatoria se realizó durante 36 horas entre el 27 y 28 de enero.
Representantes de FENA advirtieron a la Prefectura para que detenga la operación, pero la fuerza de seguridad naval hizo caso omiso y dilató la respuesta. Recién intervino el 29 de enero, cuando los buques ya navegaban fuera del territorio argentino. Por esa falta grave, el titular de la Prefectura de Bahía Blanca podría enfrentar una pena de hasta 20 días de arresto.
La denuncia también impactó en la Aduana, el organismo que conduce Guillermo Michel, el versátil funcionario de confianza de Massa cuya agenda trasciende largamente los límites del organismo. Es que al menos en uno de los barcos de Stolt habría navegado con personal de la Aduana a bordo, por lo que Michel no parece tener margen para desentenderse del hecho. Sin embargo, desde la Aduana adujeron que el organismo no tiene potestad regulatoria ni la autoridad de aplicación para recabar la documentación mencionada. Concretamente, señalan que la tarea de verificar que los barcos de Stolt contasen con los waiver para navegar es competencia de Prefectura y del Ministerio de Transporte. «La Aduana no tiene potestad para intervenir en esos temas. Es responsabilidad de Prefectura», indicaron. Aún así, fuentes privadas del sector naviero insisten en que en otros puertos como el de Dock Sud o el de Campana es totalmente habitual que personal de la Aduana solicite los waiver a barcos extranjeros para poder amarrar.
En cualquier caso, la posición más compleja es la de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Funcionarios de la cartera se habrían enterado del cabotaje ilegal pocas horas después de que el buque Stolt empezó trasvasar gasolina en el Río de la Plata. Sin embargo, evitaron cualquier tipo de intervención hasta tres días después. Una muestra más de una gestión desidiosa que en más de tres años de gestión se transformó en una marca del gobierno de Alberto Fernández.
La respuesta oficial de la Aduana
Desde la Aduana se comunicaron con EconoJournal una vez publicada la nota para trasladar la posición oficial del organismo. El texto se reproduce a continuación:
En la operaciones de alijo o complemento de carga que se realicen en los ámbitos de aplicación del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo – Ley N° 20.645 -, corresponde la intervención del Servicio Aduanero en virtud de lo establecido en su artículo 31, control que para el caso en cuestión fue debidamente cumplido desde el momento en que para la destinación de exportación y el trasbordo de la mercadería fue designado el agente medidor de este Organismo, encargado de presenciar y certificar el correcto trasvase de las mercaderías exportadas.
Sin perjuicio de ello, y en lo atinente a las previsiones contenidas en el Decreto-Ley de Cabotaje N.º 19.492/44 y sus modificatorias, la Dirección General de Aduanas no resulta ser la Autoridad de fiscalización de dicho régimen, resultando la Prefectura Naval Argentina el Organismo encargado de velar por su cumplimiento tal como lo establece el art. 48 de la citada normativa.
*La versión final de esta nota sufrió cambios respecto a la versión original.
