Funcionarios del área energética y directivos de empresas productoras y distribuidoras de gas admiten que la puesta en marcha de la segmentación de las tarifas —que en los hechos implicó que los usuarios de altos ingresos paguen el hidrocarburo más caro que el resto— arrastra una irregularidad que compromete la legalidad de todo el sistema. Lo que sucede, en rigor, es que el aumento de las facturas residenciales que se empezó a cobrar a partir de septiembre está siendo recaudado por las petroleras —YPF, PAE, CGC, Tecpetrol y TotalEnergies, entre otras— en lugar de ser redireccionado, al menos en parte, hacia Enarsa para reducir los subsidios del Tesoro que requiere la empresa estatal para costear la importación de Gas Natural Licuado (LNG) y del fluido desde Bolivia.

Fuentes privadas y gubernamentales consultadas por EconoJournal coincidieron que, como mínimo, se trata de un error contable que debería corregirse cuanto antes, porque lo que queda de manifiesto es que los productores cobrarán de algunos usuarios un precio más alto que el que figura en los contratos firmados con los distribuidores.

Números inciertos

De la subasta realizada en enero de 2021 bajo el paraguas regulatorio del Plan Gas.Ar surgió que, hasta diciembre de 2024, las petroleras percibirán, en promedio, alrededor de US$ 3,60 por millón de BTU por el gas que consumen los hogares (el precio final depende varía para cada petrolera). Luego, el gobierno determinó, a través de la resolución 403 de la Secretaría de Energía, publicada a fines de mayo de este año, que el costo medio del gas natural (contemplando el precio local del Plan Gas, el del LNG y el de Bolivia) asciende a US$ 5,76 por millón de BTU. Renglón seguido, estableció que los hogares que integran el Nivel 1 (altos ingresos) deberían pagar ese valor.

En esa línea, el Enargas publicó el 31 de agosto el precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) que pagarán los usuarios a los que se les retire los subsidios. Como la quita se concretará en tres etapas, se estableció que un hogar que recibe el gas de Metrogas pague en septiembre 13,40 pesos por metro cúbico (m3) consumido; 18,60 pesos a partir de noviembre. Y 25,80 pesos a partir de enero de 2023. Al tipo de cambio de agosto, ese valor representaba casi US$ 5,50 por millón de BTU y al actual (que ronda los 165 pesos), unos 4,35 dólares.

¿Quién se queda con ese dinero?

Lo lógico, según la opinión mayoritaria de las fuentes consultadas, hubiese sido que la diferencia entre ese valor y los 3,60 dólares que figuran en los contratos de los productores sea recaudado por Enarsa con vistas a reducir el millonario déficit de la compañía pública que preside Agustín Gerez. Para cubrir la importación de gas durante 2023, la empresa recibirá transferencias por $ 925.814 millones, según el Presupuesto aprobado en el Congreso.

Pero, en lugar de eso, como resultado de la desidia que caracterizó la gestión al frente del ente regulador de Federico Bernal, que nunca realizó el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) que había prometido y tampoco terminó de ordenar administrativamente el proceso de segmentación, ese dinero es transferido directamente a las petroleras.

“Si hay voluntad, es sencillo de solucionar. Hay que modificar los procedimientos comerciales y discriminar qué porcentaje del precio pleno que pagan los hogares que pierdan los subsidios le corresponde a Enarsa”, indicó ante la consulta de este medio el director comercial de una petrolera.

En el área de Legales de otro productor reconocieron que el tema genera preocupación. “Hay un vacío en la norma. Hoy no hay forma de explicar por qué vamos a cobrar de algunos usuarios un precio más alto que el figura en los contratos vigentes de venta de gas a las distribuidoras”, reconocieron. Fuentes cercanas al ente regulador, que hoy conduce Osvaldo Pitrau, quien reemplazó a Bernal cuando este asumió como subsecretario de Hidrocarburos, están analizando alternativas para regularizar la cuestión.  

¿Subsidios cruzados?

Fuentes gubernamentales intentaron relativizar el alcance de la anomalía con el siguiente razonamiento: argumentan que como, en los hechos, lo que termina pasando es que los usuarios de mayor poder adquisitivo terminarán abonando un precio más alto que el del Plan Gas.Ar (cerca de 4,35 dólares contra 3,60) y otros pagarán uno más bajo (los hogares de niveles medios y aquellos con tarifa social), lo que finalmente terminará pasando es que se compensarán unos con otros y el precio promedio que percibirán las productores estará por debajo del que figura en los contratos vigentes.

Advierten, además, que como el gobierno no publicó la prórroga de la intervención del ente regulador (el Decreto está a la firma del presidente Alberto Fernández en análisis por la Secretaría Legal y Técnica), no se pudieron publicar los cuadros tarifarios que deben cobrarse a partir de noviembre. La Secretaría de Energía ya determinó cuál será el precio del gas ($ 18,60 por m3 en noviembre y 25,80 en enero), pero si el Enargas no lo traslada a las factura no puede facturarse.

Más allá de eso, sobre la cuestión central, un ex funcionario del área energética reconoció que puede ser que, en definitiva, el precio que paguen los usuarios de altos ingresos termine compensando al que pagan los de los niveles 2 y 3, pero advirtió que habría que indagar si, en ese caso, no se estarían aplicando subsidios cruzados que están penalizados por la Ley 24.076 (del Gas), que prohíbe que un usuario pague por el servicio una tarifa más cara que el costo real de ese bien para subvencionar a otro.

Fuentes del mercado de distribución desestimaron esa lectura. Y alegaron que, en cualquier caso, el precio del gas que abonarán los hogares de altos ingresos —que llegarían a los 4,35 dólares en enero— estaría por debajo del costo medio del sistema de gas, que ronda los 5,76 dólares, según lo establecido en la resolución 403. “El Estado tiene potestad para determinar qué porcentaje del costo del sistema subsidia a cada usuario, es decir, no veo ningún problema en materia de subsidios cruzados”, complementaron en una productora.

Irregularidad mayor

La situación que realmente preocupa a funcionarios del gobierno nacional que pidieron no ser identificados es que, como finalmente la quita de subsidios alcanzará a un amplio porcentaje de los hogares (y no al 10% que había prometido inicialmente el gobierno), el precio que terminarán percibiendo las petroleras durante el verano, cuando se complete el retiro de los subsidios, termine siendo —en promedio y ya no sólo para el caso de los usuarios del Nivel 1— más caro que el que figura en los contratos de Plan Gas.Ar.

“Es algo que podría pasar”, reconoció el vicepresidente de una petrolera. Por ejemplo, en el caso de Metrogas, que brinda el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el universo de usuarios del Nivel 1 alcanza a casi un 50% del total. Si ese porcentaje paga 4,35 dólares por millón de BTU, podría darse el caso que algunos productores terminen cobrando más de lo que figura en sus contratos. Es un tema técnico, pero eventualmente con repercusiones graves en cuanto a lo legal. “Es el Estado quien debería resolver el problema que su propia inacción generó”, agregó el directivo.

La situación funciona como un síntoma que no hace más que dejar en evidencia la forma anómala con la que opera un sistema que tiene parches por todos lados. Pero, al margen de eso, no sería extraño que con el alto nivel de judicialización que existe hoy en el sector energético —en gran medida provocado por el kirchnerismo y en especial por Bernal, que denunció a casi toda la línea que estuvo al frente del sector gasífero entre 2015 y 2019— algún funcionario del actual gobierno termine dando explicaciones.