Después de un día que tuvo, como mínimo, versiones opuestas difundidas por el propio gobierno y desmentidas de altos funcionarios sobre la expulsión o no del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, referenciado con la vicepresidenta Cristina Fernández y enfrentado al ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la política de subsidios energéticos, el gobierno definió a última hora de ayer un incremento de las tarifas.
En los hechos, el gobierno autorizó un aumento del 9% en promedio para las tarifas de electricidad de las empresas Edenor y Edesur, que tienen la concesión en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El incremento forma parte de la Revisión Tarifaria de Transición que impulsó el Poder Ejecutivo este año y será efectivo a partir del 1° de mayo. Formalmente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a cargo de la interventora María Soledad Manin, disputo el incremento a través de las resoluciones N° 106 y 107 publicadas a las 23:30 horas del viernes 30 de abril en un suplemento del Boletín Oficial.
Si bien el gobierno autorizó un aumento en las tarifas para el AMBA, la disputa interna en los distintos sectores que forman el gobierno sigue abierta y muestra a las claras la profundidad de la crisis política que se desencadenó en el Frente de Todos por las tarifas de los servicios públicos. A las idas y vueltas de ayer, hoy se sumó uno nuevo: el ENRE publicó primero una gacetilla de prensa donde explicitaba que este era “un único incremento para el corriente año”, una definición más ajustada a la visión de Federico Basualdo. Pero, luego, el mismo ente regulador corrigió el texto en la versión digital quitándole esa parte y -así– dejando abierta la posibilidad de un nuevo aumento de las tarifas para 2020, una versión más acorde a la visión de Martín Guzmán.
El aumento del 9% en la factura final implica un incremento del ingreso de las compañías distribuidoras de electricidad en concepto de Valor Agregado de Distribución (VAD) de alrededor del 20%.
El texto del aumento
En los considerandos de las resoluciones 106 y 107, ambas señalan que “en el marco de este esquema tarifario de transición del servicio de distribución de energía eléctrica, la Secretaría de Energía entendió oportuno y conveniente que el ENRE, en el marco del proceso de negociación del acta acuerdo de transición, realice una adecuación del 9% a aplicar sobre la tarifa final a los usuarios, sobre los valores de la resolución ENRE N° 78 de fecha 30 de marzo de 2021”, para Edenor y Edesur “manifestándose de ese modo la voluntad del poder concedente respecto a la pauta de aumento que corresponde aplicar”.
El ajuste tarifario del 9% en promedio es sobre los costos propios de distribución de las empresas Edenor y Edesur y es para las facturas de las pequeñas demandas residenciales (de las categorías R1 a R9), general (G1 a G3) y alumbrado público; T2 (medianas demandas entre 10 kW y 50 kW de potencia contratada) y T3 (grandes demandas mayores a 50 kW de potencia contratada, pero hasta 300 kW).
Según las resoluciones, como resultado de los ajustes el Costo Propio de Distribución (CPD) anualizado de Edenor se incrementa un 20,9%, representando el 46% de la facturación total estimada de la empresa, mientras que para Edesur será de 21,8% el incremento del CPD, que representa un 44% de la facturación total estimada. De este modo, la tarifa media total se ubica en el orden de los 5,127 pesos por kilovatio por hora ($/kW h) en Edenor y 5,020 $/kW h para la distribuidora Edesur.
Revisión de la RTI de 2016
Las resoluciones describen en los considerandos la situación económica y social del país con una caída del PBI de 9,9%, pobreza del 42% y desocupación del 11% y advierten que “de haberse mantenido la política tarifaria resultante de la Revisión Tarifaria Integral realizada en el año 2016, sumado a la quita total de los subsidios, a febrero de 2021 los usuarios residenciales habrían tenido que afrontar un 168% de aumento en sus facturas, entre 116% y 130% los comercios, y entre 128% y 139% las industrias”. Además, agrega que “el impacto de dicha política habría deteriorado el poder adquisitivo de las familias: la factura de energía eléctrica hubiese pasado de representar el 5% al 12% de los ingresos de un Salario Mínimo Vital y Móvil, del 2% al 5% para un salario promedio del sector privado, y del 5% al 14% de los ingresos de los trabajadores”.
