El bloque oficialista en Diputados avanzará la semana que viene con la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles. La iniciativa, que está en manos de Marcos Cleri, diputado por Santa Fe y con fuerte vínculo con Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, reduce el porcentaje de la mezcla obligatoria del biodiesel de 10% a 5 por ciento. En el caso del bioetanol, el corte queda en 12%, que se divida 6% en bioetanol de caña producido en los ingenios azucareros y 6% producido a base de maíz. Algunas cámaras del sector criticaron el proyecto porque discrimina a la región centro del país.
Como publicó Econojournal, el proyecto intenta que no haya una escalada de precios en las estaciones de servicio. Para esto, la autoridad de aplicación podrá reducir al 3% el corte del biodiesel y el bioetanol de maíz, que se producen principalmente en las provincias del centro del país, principalmente en Córdoba y Santa Fe.
El texto añade que, del total de la reducción del porcentaje de la mezcla en el bioetanol de maíz, dos tercios lo asuman las compañías exportadoras y el tercio restante las empresas que abastecen el mercado local. El proyecto es criticado por las grades cerealeras y apoyado por las pymes del sector.
Fuentes de las cámaras que nuclean a las grandes cerealeras criticaron la iniciativa porque discrimina a los productores que “se vinculen con la exportación de cereales”, de manera tal de que “pueden perjudicarse incluso hasta los mismos productores de biocombustibles que la presente propuesta pretende beneficiar”. Además, remarcaron que otorga un tratamiento “relativo perjudicial al bioetanol de maíz, con relación al bioetanol de caña de azúcar” e “impacta negativamente particularmente en la región centro del país”.
Econojournal accedió al último borrador del proyecto de Ley que presentará el diputado Cleri la semana que viene en la Comisión de Energía de Diputados. Según indicaron fuentes del oficialismo en el Congreso, la intención es que se apruebe “antes del 12 de mayo, como lo establece la ley”. De este modo, si la iniciativa avanza, se dejará de lado la prórroga que impulsa la oposición en el Congreso junto a algunas cámaras empresarias del sector.
Las mismas fuentes señalaron que el proyecto tendría el suficiente apoyo para que se apruebe en ambas cámaras. “Es un proyecto integral para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional”, remarcaron.
Aspectos generales
La norma tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 con la posibilidad de 5 años de prórroga por el Poder Ejecutivo. Se basa en la capacidad instalada de las 55 empresas que impulsó la Ley 26.093 de 2006. Además, prevé la creación de una comisión especial con la presencia de las provincias productoras de biocombustibles y cuenta con la posibilidad de establecer un régimen de sustitución de importaciones de combustibles fósiles de acuerdo con la necesidad del mercado.
Dispone que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) y aclara que, en el caso de la mezcla, el gravamen recaerá sólo sobre el componente fósil.
Metodología para fijar los precios
El último borrador, que se presentará la semana que viene en la Comisión de Energía de Diputados, sólo subraya que la metodología para establecer el precio de los biocombustibles los determinará la autoridad de aplicación “de acuerdo con las metodologías de cálculo que esta determine para cada uno de los productos en cuestión”.
Además, agrega que “deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta de producción”.
Sustitución de importaciones
El proyecto permite la posibilidad de sustituir la importación de combustibles fósiles por biocombustibles “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”. La autoridad de aplicación podrá revocar la autorización a las empresas que decidan abastecer la producción para la sustitución de importaciones si no cumplen el compromiso. La autoridad de aplicación asignará los volúmenes destinados a la sustitución de importaciones de combustibles fósiles con acuerdos de abastecimiento anuales, bianuales o trianuales.
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No son las cereales, son los productores de Biocombustibles que invirtieron y desarrollan el negocio. Son los 60000 empleos en juego. Es el camino hacia energías más limpias. Es el trabajo, la innovación, el riesgo y la inversión versus el petrolobbie