La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires le entregó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el martes 3 de diciembre un informe detallado donde identificó el grado de participación de los argentes del sistema eléctrico en el apagón nacional del 16 de junio. El documento, al que accedió EconoJournal, dejó expuesto además el nivel de abandono del sistema por la inacción de los organismos de regulación y control. “La regulación no ha tenido actualizaciones al estado del arte mundial y las realidades tecnológicas actuales en los últimos veinte años”, se destaca.

El estudio pondera de 1 a 10 la participación de todos los agentes, siendo 1 la máxima y 10 la mínima, aunque participación en el hecho no necesariamente implica responsabilidad. El incidente se divide en tres etapas: 1) evolución de la falla inicial hasta la no operación de la DAG (Desconexión Automática de Generación), 2) los hechos que se suceden desde la falla de la DAG hasta el apagón nacional y 3) la restitución del sistema.

La investigación confirma que la falla inicial tuvo como principal responsable a Transener, a quien le asigna la máxima responsabilidad de la escala en esa etapa (1 de 10), aunque también culpa a CAMMESA por la configuración del despacho, aunque en menor medida (7 de 10). En la segunda etapa que llevó al colapso nacional responsabiliza fundamentalmente a un conjunto de grandes usuarios (2 de 10) y en menor medida a distribuidores (4 de 10) y generadores (6 de 10), mientras que la demora para restablecer el servicio tuvo como culpables centrales a generadores (5 de 10), CAMMESA (6 de 10) y transportistas (8 de 10), en ese orden.

El mismo día que recibió el informe, el ENRE filtró entre algunos medios de comunicación cercanos al gobierno anterior que las empresas habían sido multadas con 325 millones de pesos en total sin mayores detalles. El apuro del organismo de control se debió a que el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se había comprometido a aplicar las sanciones entre agosto y septiembre, pero estaba a punto de abandonar el cargo sin que hubiera novedades. Lo que se hizo entonces el organismo presidido por Andrés Chambouleyron, fue la formulación general de los cargos y se les dio intervención a los agentes involucrados para que puedan realizar sus descargos. Por lo tanto, las verdades multas todavía están lejos de ser definidas.

Los hechos

El cortocircuito inicial se produjo en la línea de 500 kilovoltios Colonia Elía-Belgrano que lleva energía desde las centrales de Yacyretá y Salto Grande hacia Buenos Aires. El inconveniente tuvo lugar en un corredor que ya venía debilitado porque el 18 de abril había salido de servicio una línea paralela que cubre Colonia Elía-Campana. Apenas esa línea se desenganchó, Transener había realizado un by pass entre Colonia Elía-Belgrano y el nodo Campana para asegurarle la provisión de energía a las industrias siderúrgicas que operan en esa localidad bonaerense. El problema surge porque al hacer ese by pass Transener debería haber reprogramado los parámetros del sistema de protección, denominado Desconexión Automática de Generación (DAG), pero eso no ocurrió. Por lo tanto, cuando se produjo el cortocircuito el sistema no envió las señales automáticas adecuadas a Yacyretá y Salto Grande para que recorten sus envíos. Eso produjo un desbalanceo y 3200 MW terminaron saliendo del sistema.

Al perder el aporte de 3200 MW, el resto del SADI queda con un déficit de 25 por ciento respecto de los 12.800 MW de demanda de ese momento. Luego se produce la salida intempestiva de varios generadores, y esto motivó la actuación de la DAC en el resto de los escalones de corte por falta de generación de respaldo, básicamente por medio de los relés por subfrecuencia instalados en las redes de las empresas de distribución y grandes usuarios.

El comportamiento disímil de los agentes demandantes provocó que el corte de carga fuese insuficiente, provocando oscilaciones en el sistema. Estas oscilaciones fueron tratadas de compensar con la generación remanente. Algunos generadores salieron de servicio antes de la consigna de desconexión del sistema estipulada en la normativa vigente, provocando nuevas islas y demora en la recuperación del equilibrio dinámico del sistema. “La pérdida de generación anticipada y la DAC insuficiente tuvieron como consecuencia que se alcanzara el tiempo de operación de protecciones por subfrecuencia de una gran cantidad de generadores, provocando el colapso final”, concluye el informe.

Las responsabilidades

“Del análisis de contingencias surgió que el esquema de definición de DAG no resultó suficiente para lograr un buen desempeño del sistema ante contingencias críticas sobre el escenario del colapso del sistema”, remarca el informe en sus conclusiones. El responsable de este hecho fue sin lugar a dudas Transener.

El documento también le apuntó a CAMMESA por la configuración de un despacho que sin dudas debería haber sido menor: “De los análisis de los límites de transmisión y de la operación del corredor NEA-Litoral se evidencia su operación exigida. En el análisis de la operación aparecen situaciones en que, para el evento más crítico, se pueden alcanzar niveles de DAG que implicarían ante una falla salidas de generación similares a la del evento del 16/6, con su operación correcta”.

El informe detalla que disponer de un recurso operativo como la DAG de 1200 MW, tanto para la demanda del 24.000 MW (pico) como para 13.200 MW (valle) con el mismo despacho del corredor estresado marca una diferencia sustancial ante una misma tasa de falla del sistema de transmisión. A raíz de ello, se afirma que “a futuro debe establecerse cuál es el límite de seguridad de despacho con la cual se quiere operar entre el despacho económico y el despacho estresado”.

“Algunas unidades generadoras tuvieron fallas importantes no previstas, con salida intempestiva de servicio. Este inconveniente provocó una caída de frecuencia de mayor profundidad con oscilaciones”, subraya el informe y en ese listado incluye a fundamentalmente a Embalse, Termoandes y Renova.

“No existe una sistemática de verificación por parte de una autoridad de aplicación del estado operativo de los relés de subfrecuencia de distribuidores y grandes usuarios ni los sistemas de respuesta y desenganche de los generadores ante evento externos a su nodo de conexión”, remarca el texto. Aquí se detiene en las fallas de los distribuidores y grandes usuarios, pero le apunta fundamentalmente al ENRE y CAMMESA.

El detalle permite ver que la participación y/o responsabilidad involucro a todos los eslabones del sistema, lo que evidencia problemas estructurales que van más allá de un inconveniente puntual. Es por ello que el informe también advierte que “la regulación no ha tenido actualizaciones al estado del arte mundial y las realidades tecnológicas actuales en los últimos veinte años”.