En el gobierno de Mauricio Macri, YPF perdió peso específico y liderazgo dentro de la industria energética. El ex ministro Juan José Aranguren se cansó de repetir durante los primeros dos años y medio de la gestión de Cambiemos que la petrolera controlada por el Estado era “una compañía más del mercado que debía ser tratada como cualquier otra”. Desde esa óptica, debe estar conforme. Sólo en un país engrietado, en el que las dicotomías perforan la dicusión política hasta contaminar los análisis técnicos, se puede sostener un planteo tan simplista, a todas luces equivocado.

¿Cómo es posible que un gobierno (de cualquier idea política) no coordine la política energética con la empresa de energía de la cual es el principal accionista, que además es el mayor jugador del sector? Peor: ¿qué sentido tiene aplicar mecanismos de incentivos desde el propio Estado que, al final del día, terminan esquilmando los ingresos de YPF, cuando esa empresa es, además, la única que reinvierte todas las ganancias que anota en sus balances?

En cualquier lugar del mundo, en Brasil con Petrobras, en México con Pemex, en Colombia con EcoPetrol, en Rusia con Gazprom o en Noruega con Equinor, existe una interacción permanente y provechosa entre la administración pública y la alta gerencia de esas compañías. En la Argentina, no. Ideologizado y sin ningún tipo de empatía para con YPF, Aranguren compró las ideas de los críticos de la gestión de Miguel Galuccio al frente de la organización.

El convencimiento de que YPF era una empresa sobreendeudada y excesivamente grande exculpó al gobierno de Macri de pensar una política de desarrollo de la empresa que más empleo genera en la Argentina. No hubo una visión política que piense con grandeza el futuro de YPF. “Parece que nos penalizaron por tener un componente estatal”, reconoció, en un lapsus de sinceridad, un ejecutivo de la empresa.
El Presidente recién pisó un yacimiento de la petrolera a mediados de 2018, casi tres años después de haber asumido, cuando el deterioro de su administración ya era evidente. Su desinterés, el de Aranguren y el de buena parte del Directorio erosionaron la confianza interna de la línea técnica de la empresa.

Tras cuatro años de Cambiemos en el poder, en la torre de Puerto Madero se percibe la frustración de muchos mandos intermedios. Jóvenes profesionales no alcanzan a entender por qué el gobierno no puso a la empresa en el centro de escena. Por qué no creyó, desde un primer momento, en el rol que podía jugar YPF para apuntalar el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos; clave para traccionar el ingreso de divisas al país.

Son varios los ejemplos de cómo ese mainstream elaborado por los funcionarios de la primera línea del macrismo se tradujo en medidas perjudiciales para la petrolera controlada por el Estado.

• Subsidios inconexos

El caso más absurdo es el de la resolución 46/2017 del ex Ministerio de Energía, que creó un programa de estímulo a la producción no convencional de gas. A YPF apenas le aprobaron proyectos marginales, casi sin incidencia en la producción total de gas de la empresa. Dos años y medio después de la puesta en marcha de esa iniciativa, los resultados negativos para YPF están a la vista.

De acuerdo con los números incluidos en el informe de gestión de YPF preparado por asesores del Frente de Todos, al que accedió EconoJournal, la petrolera presidida por Miguel Gutiérrez produjo en 2017 una media de 44 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas. Por la venta de esa oferta capturó US$ 2915 millones. En 2019, la petrolera controlada por el gobierno pruduce 35 MMm3/día, un 20% menos, y cerrará el año con ingresos apenas superiores a los US$ 1600 millones. Es decir, en dos años el negocio gasífero de YPF perdió más de US$ 1300 millones. Por el contrario, Tecpetrol, principal beneficiario del programa que creó la R46, que en 2017 produjo en promedio 2 MMm3/d de gas y facturó US$ 145 millones cerrará este año con una oferta —apuntalada por los subsidios que reconoce el Estado— de 17 MMm3/d de gas e ingresos por más de US$ 1100 millones.

“La política de subsidios fue claramente direccionada fuera de YPF, restándole capacidad de inversión y desarrollo de sus activos. Las compañías subsidiadas alcanzaron ingresos similares al de YPF con menos de la mitad de producción”, cuestiona el documento preparado a pedido de los colaboradores de Alberto Fernández.

El análisis no cuestiona la performance de la petrolera del grupo Techint, que llevó adelante un proyecto de inversión importantísimo en Fortín de Piedra, obtuvo productividades en sus pozos que sorprendieron a sus competidores y elevó los estándares operativos en el campo, incorporando métricas industriales a la perforación y completación de pozos que permitió aumentar la cantidad de fracturas en Vaca Muerta. El documento pone el foco en cómo el millonario programa de estímulo que lanzó el gobierno no tuvo ningún tipo de sinergia con la estrategia de YPF. Al contrario, le jugó en contra.

Cerca de Miguel Gutiérrez reconocieron la inconsistencia de la medida. “En su momento alertamos al ministro (Aranguren) sobre los efectos nocivos que tendría la resolución para la empresa. Pero se limitó a decirnos que el programa beneficiaría a las petroleras que primero inviertan en el desarrollo de gas”, explicaron. El gobierno aún adeuda a YPF cerca de US$ 850 millones que debía percibir por la producción adicional de gas inyectada entre 2016 y 2017, según los parámetros del Plan Gas I. Es decir, la Casa Rosada no sólo implementó un plan de incentivos que terminó siendo negativo para YPF, sino que tampoco le reconoció las deudas que el Estado estaba obligado a saldar.

Lo que no está del todo claro es por qué si Gutiérrez estaba en contra de esa política, y lo manifestó puertas adentro cuando tuvo la oportunidad, no lo explicitó hacia afuera. “Cuando pasan los años y lo que uno propone nunca es tenido en cuenta, lo normal sería evaluar seriamente si vale la pena seguir siendo parte del proyecto porque si no uno termina avalando lo ocurrido”, señaló a EconoJournal un consultor que es crítico de la gestión de la compañía durante los últimos años.  

Año sabático

La designación de Ricardo Darré como CEO de YFP, en junio de 2016, fue otro de los errores provocados por esa cosmovisión sobreideologizada de Aranguren y buena parte del Directorio de la empresa. Por pedido del ex ministro, la empresa fue a buscar a un profesional de perfil bajo que se aboque, técnicamente, al diseño de un plan de gestión. Especialista en el área de perforación de pozos de la petrolera francesa Total, Darré cubría esas características. Sin embargo, adolecía de la personalidad para poder liderar una empresa con más de 20.000 empleados como YPF. De trato amable con sus subalternos, siempre bien predispuesto, aunque sin las capacidades interpersonales necesarias para llegarle a la línea técnica de la organización, Darré dilapidó rápidamente las expectativas que había generado. Su salida se concretó en agosto de 2017.

El Directorio de la empresa se tomó otros ocho meses, hasta abril de 2018, para designar a Daniel González, entonces CFO, como nuevo CEO. Con esas idas y vueltas, la petrolera perdió casi dos años en la conformación de un nuevo liderazgo, con la consecuente pérdida de valor en el equipo como la salida de ejecutivos en puestos clave. En retrospectiva, lo lógico hubiese sido que González, que conocía el andamiaje interno de YPF desde 2012, ocupe el cargo ni bien se concretó la salida de Miguel Galuccio, en abril de 2016. Pero Aranguren y algunos directores —como Daniel Monamat, Emilio Apud y Carlos Felices— lo vetaron porque no era ingeniero, como Darré, que llevaba más 20 años fuera de la Argentina, no conocía el mapa político local ni los pormenores de la industria petrolera nacional. Difícil que una apuesta con esas características funcionara.

Cuando la innovación se vacía de sentido

En sintonía con la visión de la Casa Rosada, que hizo bandera del impulso a las energías renovables, la actual gestión de la empresa apuntó a transformar la identidad de YPF. Convertirla en una compañía integral de energía. Ya no sólo en una productora de hidrocarburos. Es una tendencia global que alcanza a grandes jugadores como BP y Equinor, que apostaron fuertemente por las energías alternativas. Así se explica, por ejemplo, la creación de YPF Luz, que jugó un rol central en la estrategia de marketing de la compañía.

El problema, en el caso de YPF, es que a diferencia de los ejemplos internacionales citados, la idea de transformación estuvo acompañada con una crítica y un menosprecio tácito hacia la forma de gestionar histórica de la organización. Con el tiempo, la defensa de la innovación, de lo nuevo, se fue vaciando de contenido por no encontrar un puente con la historia de la empresa. Si hasta el CEO Daniel González tuvo que pedirle al titular del área de Marketing, Carlos Menéndez Behety, que no se vuelque en exceso hacia las renovables cuando el core business de la empresa depende de la explotación de Vaca Muerta.

El ejemplo paradigmático de ese proceso es protagonizado por Ignacio Peña, consultor especializado en innovación y nuevas tecnologías que fue contratado por YFP en 2018 para asesorar en la materia. Hoy, el hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, es uno de los críticos más acérrimos del desarrollo de Vaca Muerta y discute públicamente con ex funcionarios de este gobierno sobre la necesidad de reconvertir a YPF en una empresas 100% verde. Postales de un futuro distópico sin anclaje con la realidad.