La negociación entre las distribuidoras de gas y las petroleras para readecuar los contratos de abastecimiento tras la brusca devaluación de abril ingresó en tiempo de descuento. Antes del 15 de agosto los privados deben presentar los nuevos contratos en las oficinas del Enargas, el ente regulador del sector. Quedan apenas nueve días y las partes no parecen estar cerca de un acuerdo.
Metrogas y Camuzzi, dos de las tres principales distribuidoras del país, hicieron llegar el viernes una propuesta a las empresas productoras para adaptar los convenios vigentes frente a la modificación de las condiciones macroeconómicas. La oferta de las empresas contempla una marcada reducción del precio de venta del gas y la pesificación de los contratos de abastecimiento. En rigor, Metrogas propuso pagar entre un 20% y un 25% menos por el gas que compra a las petroleras. La mayor distribuidora del mercado, que es controlada por YPF, pretende pagar menos de US$ 3,70 por millón de BTU por el hidrocarburo que se extrae en la cuenca Neuquina, según confirmaron allegados a la empresa a EconoJournal. Los contratos vigentes establecen que las petroleras deberían cobrar US$ 4,68 por el gas que entregan a hogares, comercios y PyMEs. Es decir, un dólar más de lo que ahora quieren pagar las distribuidoras.
Camuzzi, que es controlada por Disvol, del empresario Alejandro Macfarlane, fue un paso más allá y propuso que, a partir de octubre próximo, cuando se actualicen las tarifas residenciales, los contratos entre distribuidoras y petroleras se pesifiquen tomando como referencia un tipo de cambio de 31,85 pesos. La cifra se desprende de la proyección promedio del dólar futuro en el mercado Rofex entre octubre de este año y abril de 2019. Camuzzi ofreció pagar US$ 3,60 por el gas de Neuquén. “Ese es el precio que debería tener el gas para que, una vez aplicado la actualización por inflación al segmento de transporte y distribución (que sigue la evolución del IPIM de precios mayoristas), las tarifas domiciliarias aumenten en el orden del 25%”, explicaron allegados a Camuzzi.
Negativa
La distribuidora, que opera a través de dos subdiarias, Gas del Sur y Gas del Centro, también propuso cancelar las diferencias devengadas originadas por la escalada del tipo de cambio recién una vez que el Enargas autorice el pass through de tarifas de esos montos. El planteo de Metrogas y la española Gas BAN (recientemente rebautizada como Naturgy) va en la misma dirección.
Las ofertas de Metrogas y Camuzzi fue cursada también en copia al ente regulador y al Ministerio de Energía que encabeza Javier Iguacel. La posición unánime entre las petroleras —lideradas por YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y Pampa Energía— es rechazar el ajuste por considerarlo excesivo. Los productores saben que tendrán que resignar parte del precio del gas convenido en los contratos firmados a fines de 2017, pero no del tamaño que proponen las distribuidoras.
En reserva, las empresas gasíferas admiten que “es muy difícil” que las petroleras acepten los nuevos términos y condiciones ofrecidos. Su estrategia es tensar para elevar su poder de negociación a sabiendas que el Gobierno autorizará en octubre un aumento promedio de las facturas de gas del 25%, un porcentaje inferior al que proponen las productoras. La apuesta de mínima es que las distribuidoras dejen en la mesa parte de la recomposición de sus ingresos que les correspondería por inflación.
Las petroleras incluso argumentan que la actualización por IPIM, que sigue la suba de los precios en el mercado mayorista, no es aplicable para el negocio de distribución de gas, que en su gran mayoría está atado a insumos que se consiguen en el mercado minorista.
Escaso margen de acción
“El aumento del IPC en el período abril-octubre será muy inferior al que registrará el IPIM en el mismo período”, cuestionó el gerente comercial de una petrolera.
Pese a que aún no encontraron una solución al desbarajuste generado en el mercado del gas por la escalada del dólar de los últimos dos meses y medio, la relación entre petroleras y distribuidoras es buena. Unas y otras coinciden en un punto central: aspiran a que el gobierno tome un rol activo y convoque a una mesa de negociación para encontrar una solución entre partes. Desde el Enargas y el Ministerio de Energía evitan el convite a cualquier tipo de mediación. Una vez expirada la Ley de Emergencia Económica (perdió validez en diciembre de 2017), que autorizaba al Estado a intervenir en distintos mercados, entre ellos el de servicios públicos, la intromisión de organismos y dependencias públicas podría desembocar en prácticas que favorezcan la cartelización entre petroleras y distribuidoras. Al menos así lo interpretan asesores legales del Enargas y del Ministerio.
El margen de acción es, por ese motivo, reducido. Aún así, fuentes gubernamentales señalaron que a más tardar el 15 de agosto el en regulador debe recibir los nuevos contratos de venta de gas a fin de encarar su aprobación antes de las audiencias públicas que arrancarán el próximo 3 de septiembre.
