La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir las acciones que posee en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera concretada en 2012. El fallo constituye un duro golpe para Argentina y fuerza al gobierno de Javier Milei, que ya anticipó que apelará, a sentarse a negociar, algo que hasta ahora había estado evitando.   

La magistrada había fallado de manera definitiva a favor de ambos fondos en septiembre de 2023 ordenándole al Estado argentino pagar unos US$ 16.000 millones. El gobierno debería haber depositado una garantía durante el proceso de apelación, pero como no lo hizo ahora Preska accedió al pedido de embargo sobre las acciones de la petrolera, en contra de la recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Según informes del Administrative Office of the U.S. Courts, organismo central de apoyo administrativo del Poder Judicial de ese país, menos del 10% de los fallos de primera instancia son revertidos en instancias superiores. Por lo tanto, las posibilidades de lograr algo por la vía judicial son extremadamente bajas, lo que obliga al gobierno a tener que negociar con Burford Capital para cancelar su deuda, quien también lleva la demanda de Eton Park.

Este nuevo fallo de Preska llega cuando todavía no se resolvieron las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí tanto la Argentina como Burford están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia.

El impacto sobre YPF

Si bien el nuevo fallo de Preska también será apelado, la decisión impacta de lleno sobre YPF. En marzo de 2023, la magistrada había dejado formalmente a la petrolera fuera de la causa al dictaminar que no era responsable de los daños reclamados.

Esa decisión se basó en el razonamiento de que la obligación de lanzar una oferta de compra no correspondía a YPF, sino al Estado argentino, que tomó control de las acciones sin seguir las reglas establecidas en el estatuto de la propia empresa.

Sin embargo, en los hechos ahora YPF vuelve al centro de la escena y a la compañía le será complicando continuar normalmente con sus planes de inversión. Por ese motivo, sus acciones sufrieron una fuerte caída tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que se conoció la noticia.

Cerca del gobierno destacan que la decisión de Preska es de cumplimiento imposible porque las acciones de YPF que tiene el Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Estados Unidos. Además, la ley 26.741, que habilitó la expropiación, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso. Sin embargo, el daño sobre la petrolera argentina ya está hecho.

La historia del juicio

El fondo inglés inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid con los que la familia Eskenazi había comprado el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.

Gracias a un acuerdo que no tenía ninguna racionalidad económica, impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner, los Eskenazi habían financiado la compra de las acciones de YPF con créditos que insólitamente iban cancelando con los dividendos que obtenían de la compañía. Cuando el Estado argentino desembarcó en la firma en 2012, se dejaron de pagar dividendos y los Ezkenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que le habían prestado el dinero, entre quienes figuraban Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.

El administrador concursal Luis Armando Betancor, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, decidió entonces que la mejor forma de sacar valor del proceso era reclamarle al Estado argentino y a YPF una indemnización. El argumento central era que, cuando el 51% de la firma pasó a manos del Estado argentino, el estatuto societario de la compañía lo obligaba a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante. Ante la falta de recursos para financiar el juicio, Betancor abrió un concurso y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar.

En el balance anual de 2015, Burford informó a sus accionistas que había sido designado para financiar a los liquidadores de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron luego de la expropiación, llevando adelante una demanda contra el Estado argentino e YPF en los tribunales de Nueva York. Allí reconoció que “Burford tiene derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen (del cual Burford deberá pagar gastos significativos)”.

Se supone que el 30% restante de los beneficios quedará para la administración del concurso, la cual debería repartir ese dinero entre los acreedores del Grupo Petersen. No está claro si la familia Ezkenazi también podría percibir algún beneficio. Ellos lo han negado cada vez que tuvieron oportunidad, pero en el gobierno argentino, e incluso en el mundo empresario, hay quienes desconfían de que efectivamente hayan quedado al margen. Incluso se especula con algún tipo de acuerdo privado entre los Ezkenazi y Burford. A su vez, Burford ha ido vendiendo partes de su porcentaje.

Burford financió además la demanda de Eton Park, el tercer mayor accionista de YPF después de Repsol y Petersen en el momento de la expropiación. En su balance anual de 2019 el fondo inglés aseguró que llevaba invertidos US$ 26 millones en los reclamos de Eton Park, “que son esencialmente idénticos a los reclamos de Petersen y siguen el mismo camino de litigio en EE. UU”.

A su vez, reveló que en ese caso había acordado embolsar el 75% de los ingresos que pudieran recuperarse a partir de la demanda. Por lo tanto, se supone que Eton Park se quedará con el 25% restante.