El Directorio de YPF aprobó el viernes pasado el presupuesto anual para cubrir los honorarios de directores y ejecutivos que prestan servicios —en distintas comisiones especiales y comités de fiscalización— al máximo órgano de conducción de la petrolera bajo control estatal. En concreto, se aprobó la erogación este año de hasta $ 10.190 millones para cubrir esos ítems, casi cinco veces más que los 2.087 millones que se gastaron durante 2023. A partir de esos números, algunos referentes de la oposición instalaron erróneamente —realizando una división lineal del monto total por la cantidad de directores— que los 11 representantes titulares de YPF pasarán a cobrarán cerca de 70 millones de pesos por mes.

Paradójicamente, uno de los primeros en cuestionar la medida fue Hernán Letcher, director de CEPA, un centro de estudios económicos alineado orgánicamente con el cristinismo, que hasta diciembre del año pasado cobró una remuneración por se empleado de YPF (fue vicepresidente de Y-Tec y asesoba al ex presidente Pablo González). Letcher denunció en redes sociales que cada director de la petrolera pasaría a cobrar US$ 70.000 por mes.

La decisión de actualizar el presupuesto del Directorio no provino, en rigor, de los representantes políticos de YPF, sino que fue un encargo de la Vicepresidencia de Recursos Humanos de la petrolera, a cargo de Florencia Tiscornia, que contrató a una consultora global con sede central en Los Ángeles (EE.UU.) para que determine, a través de un estudio comparativo (una especie de benchmarck) con otras compañías energéticas de tamaño similar al de YPF, cuál debería ser la remuneración de los directores de la compañía.

Números

El presupuesto que se aprobó la semana pasada se calculó en base al supuesto de que la inflación de este año llegará al 250%, tal como informó Clarín, por lo que fuentes al tanto del proceso indicaron que si la variación del IPC es más baja que la prevista —tal como pretende el gobierno— la cifra que se devengará realmente para cubrir los honorarios del Directorio será menor.

A raíz de ese análisis, las mismas fuentes consultadas por EconoJournal aclararon que a valores de abril la remuneración de cada director titular (los suplentes no cobran) ronda los $ 15 millones mensuales o unos 15.000 dólares según el valor del tipo de cambio en el mercado financiero.

La diferencia de valores se explica, por un lado, porque en el presupuesto total que pidió YPF están incluido no sólo los honorarios de los directores, sino también el salario de profesionales que integran varias comisiones y el comité de fiscalización de la compañía y por el otro, porque a partir de la reunificación de los cargos de presidente y CEO de la empresa en la figura de Horacio Marín, este año la remuneración del ejecutivo está incluida, a diferencia de lo que sucedió en los años anteriores, en el presupuesto del Directorio. “Por eso, no es posible comparar linealmente el presupuesto de 2024 con el del año pasado. Además, ahora hay dos directores más que en 2023”, explicó una de las fuentes consultadas.  

Lo que es un hecho, además, es que los dos funcionarios del gobierno de Javier Milei que tienen presencia en el Directorio no cobrarán remuneración alguna de YPF. Tanto el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como su segundo, José Rolandi, no percibirán honorarios por ser directores Clase A de la petrolera. Eso es así porque —según regulaciones aplicables al Poder Ejecutivo desde que se reestatizaron las AFJP’s en 2008— su ingreso está topeado en el equivalente al salario máximo que le corresponde a un ministro, que ronda los $ 3,2 millones. El ministro del Interior, Guillermo Francos, está excluido de toda remuneración por ser director suplente.

Mecanismo de elección

De los directores restantes, Posse propuso al ex secretario de Energía durante el segundo gobierno de Carlos Menem, Carlos Bastos, que hoy se desempeña como el principal asesor en la materia de la Jefatura de Gabinete. En tanto que Marín hizo lo propio con Mario Vázquez, ex presidente de Telefónica y un profesional formado específicamente en el área de auditoría, y a Eduardo Ottino, un experto en administración contable que se retiró hace algunos años del grupo Techint.

Las seis sillas restantes en el board de YPF le pertenecen a personas designadas por la política, pero sin relación con la administración nacional que encabeza el presidente Javier Milei. Se trata, en su gran mayoría, de representantes de provincias hidrocarburíferas que son designados por cada gobernador.

En esa lista figuran, según la nómina actual, Omar Gutiérrez, ex mandatario de Neuquén, que tras la derrota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones de 2023 llegó a un acuerdo con el nuevo gobernador, Rolando Figueroa, para ingresar en el Directorio de la petrolero; Emiliano Mongilardi, representante de Chubut, que fue nombrado con el respaldo de Jorge ‘Loma’ Ávila, líder del sindicato de petroleros privados de la provincia; Horacio Forchiassin, designado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; y José Guillermo Terraf, un asesor económico-financiero (se desempeña como COO de Agrodreams, una startup que promueve la digitalización de la actividad agropecuaria) que llegó al Directorio de YPF en representación de la Ofephi, la organización que nuclea a las provincias petroleras, que cuenta con un puesto rotativo (cambian cada seis meses) en el máximo órgano de control de la petrolera. El último director titular de la empresa es Guillermo Canseco, que ocupa la silla que le corresponde al Supeh, el histórico sindicato que agrupa a los trabajadores de YPF.

Las compañías de la envergadura de YPF buscan que sus directorios estén conformados por líderes que se hayan destacado en los sectores de los que participan o en otras industrias. El objetivo central es nutrirse de voces que puedan aportar visiones o mapas de lectura para entender los desafíos de presente y futuro que enfrentan las organizaciones y diseñar estrategias para prosperar en esos entornos.

De los nombres propios que forman parte del Directorio de YPF se desprende, en cambio, que más de la mitad —6 de 11—  de los miembros de la junta directiva fueron elegidos por la política, aunque no tienen contacto con el gobierno nacional.

No está claro, en esa clave, cuáles son los mecanismos de selección que utilizó cada provincia para elegir a su director en YPF. ¿Responden a criterios de orden político o prima la capacidad técnica de los elegidos y el conocimiento sobre la industria energética? Tampoco es fácil identificar qué valor aporta cada representante al plan estratégico de la empresa. ¿En qué consiste su día a día? ¿Qué ideas, proyectos o lineamientos proponen? ¿Cuánto inciden o cuán escuchados son realmente por el Directorio? Son preguntas que, desde que se reestatizó la petrolera en 2012 mediante un acuerdo de sindicación de acciones entre el Estado nacional y las provincias (que poseen un 24% del capital societario de la empresa), tienen respuestas insuficientes.