El Estado Nacional se perdió de recaudar 1800 millones de dólares durante el año pasado por no actualizar el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO2), según una estimación realizada por la consultora Economía & Energía. El informe destaca que en los últimos tres años esa cuenta se eleva a 2520 millones de dólares y si este año los impuestos no se ajustan la pérdida será aún mayor que en 2022.

En 2020 se dejaron de recaudar 240 millones de dólares por no actualizar los impuestos, en 2021 otros 480 millones y en 2022 nada menos que 1800 millones de dólares. A su vez, solo en el primer trimestre de este año se dejarán de recaudar otros 585 millones por la ampliación de la brecha entre el valor real del impuesto y lo que correspondería según normativa.

Para estimar la pérdida de recaudación, Economía & Energía consideró los montos del ICL y CO2 publicados por AFIP para cada mes y les descontó el corte teórico con biocombustibles (no gravados), las ventas de naftas en el sur del país (zona exenta) y las ventas de gasoil en el sur del país (con monto diferenciado del ICL), multiplicados por el volumen total de ventas de naftas y gasoil (excluyendo usinas, petroquímica y bunker internacional). El informe aclara que los montos de recaudación teórico no coinciden con los montos de recaudación de impuestos a los combustibles declarado por AFIP.

El origen del problema

Según la normativa vigente, el ICL y el CO2 deberían actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional. Sin embargo, en los últimos años el gobierno nacional optó por no hacerlo para quitarle presión al precio de los combustibles, ya que las petroleras suelen trasladar ese ajuste de manera automática al surtidor.

Durante 2021 postergó cuatro veces la actualización y durante 2022 otras tres. La última vez había sido a fines de agosto cuando en los considerandos del decreto 561/22 remarcó que “tratándose de impuestos al consumo y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

En aquella ocasión, estableció un cronograma destinado a normalizar la situación. Allí se dejó en claro que el incremento correspondiente al primer y segundo trimestre de 2021 se aplicaría a partir del 1° de octubre. Además, el decreto estableció que las actualizaciones de los impuestos a los combustibles del segundo semestre de 2021 y de los tres trimestres de 2022 se implementarán recién el 1° de enero de 2023.

En octubre se ajustaron los impuestos tal como preveía el cronograma, pero en enero no hubo modificaciones. Pese a que, a fines de septiembre, desde Economía habían dejado trascender que esa vez sí iban a cumplir, Massa negoció con las empresas no tocar el impuesto como parte de un acuerdo de precios.

La decisión se oficializó a través del decreto 864/22, del 30 de diciembre, donde se estableció que las actualizaciones correspondientes a la variación del IPC del tercer y cuarto trimestre de 2021 y a todo el 2022 se aplicarán a partir del 1 de abril. Economía & Energía informó que si el gobierno cumpliera con su promesa los montos del impuesto deberían incrementarse un 135% e esa fecha.