El Ministerio de Economía ya difundió los criterios geográficos y socioeconómicos para avanzar con la quita de subsidios al 10% de la población de mayor poder adquisitivo. La Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, la única dependencia de la Secretaría de Energía que responde políticamente al titular del Palacio de Hacienda, avanzó con la elaboración de una base de datos que identifica a esos usuarios. Sin embargo, Economía choca con un límite bien concreto. El subsecretario Santiago López Osornio y otros funcionarios del Ministerio pueden planificar y definir criterios para seleccionar quién deberá pagar el costo real de la electricidad y del gas natural. Pero la instrumentación de esa medida está en manos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Federico Basualdo, y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a cargo del interventor Federico Bernal. Con el primero hubo hasta el momento poca, o casi nula, coordinación, en tanto que con Bernal la relación mucho más colaborativa, según admitieron a EconoJournal fuentes gubernamentales.
La competencia sobre el tema no es un tema de segundo orden. Al contrario, va camino a ser la variable central de los acontecimientos venideros. Puede darse, incluso, el caso extremo en que el propio Guzmán firme —en caso de que Darío Martínez se rehúse hacerlo— una resolución para aumentar el precio estacional de la electricidad, pero si Soledad Manín, titular del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el álter ego de Basualdo, no firma los cuadros tarifarios a partir de esos nuevos valores, los aumentos en las facturas de luz directamente no podrán aplicarse. La rúbrica y aval administrativo de los funcionarios cristinistas no es reemplazable por ninguna otra autoridad del Estado. Ese límite que surge de la burocracia y el funcionamiento interno del Estado es ineludible e insalvable.
El interrogante central comenzará a dilucidarse la semana próxima cuando transcurran las audiencias públicas previstas para el 10, 11 y 12 de mayo. En el Ministerio de Economía interpretan que Martínez, como titular de Energía, debería estar al frente de esas convocatorias, aunque el secretario arrastró los pies para convocarlas oficialmente. Lo hizo al recibir la orden expresa del Presidente después de ignorar durante varios días el pedido del ministro de Economía. De ahí para adelante, quedarán apenas 13 días hábiles si se quiere implementar el nuevo esquema a partir del 1° de junio.
El plan
El plan oficial prevé la quita de subsidios para aquellos hogares que cumplen al menos uno de estos requisitos: a) en marzo cobraron más de 314.000 pesos, b) tienen 3 o más propiedades, c) poseen 3 o más autos con menos de 5 años de antigüedad, d) cuentan con embarcaciones de lujo o e) viven en algunas de las zonas de alto poder adquisitivo del AMBA.
En cuento al primer criterio, la identificación de quienes ganen más de $ 314.000 mensuales se hará por titular y no por la sumatoria de los ingresos de todos los integrantes de cada hogar. Es decir, se analizará el ingreso sólo de las personas que tengan un servicio a su nombre y no la facturación conjunta del grupo familiar. “Se tomó esa decisión debido a los datos disponibles. Si el usuario a quien se le cobra tarifa sin subsidios pide una reconsideración de su caso deberá presentar una declaración jurada en donde se indique quienes viven en ese hogar”, explicaron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
López Osornio es el único funcionario de la Secretaría de Energía que responde políticamente a Guzmán.
Sobre esa base, la subsecretaría de Planeamiento Estratégico estimó que hay 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial cumplen con alguno de esos requisitos. Esas son las personas que tienen el servicio a su nombre, pero como muchas tienen más de una vivienda la cantidad de hogares o medidores que dejarán de tener subsidios a la electricidad ascenderán a 1.631.846, mientras que en el caso del gas esa cifra trepa a 1.178.248.
Interacción con los privados
Para elaborar ese padrón, el subsecretario Santiago López Osornio recibió el año pasado información de más de 300 empresas distribuidoras, subdistribuidoras y cooperativas de luz y gas, la cual luego cruzó con datos relativos al patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
López Osornio tuvo en cuenta también el trabajo que el ENRE encargó al Conicet, que recomendó una propuesta de segmentación tomando sólo como referencia un patrón geográfico identificando zonas de alto poder adquisitivo del AMBA en función del valor del metro cuadrado de los inmuebles. En Economía respetan la consistencia técnica de ese trabajo, pero advirtieron que la metodología propuesta por el Conicet sería sólo aplicable en Capital Federal y el Conurbano, los únicos distritos del país que cuentan con la información georreferencial necesaria para instrumentar un trabajo de ese tipo.
Por eso, López Osornio propuso sumar, a un primer sistema de segmentación geográfica, criterios de índole socioeconómica para achicar lo más posible el margen de error. El subsecretario de Planeamiento Estratégico realizó una serie de simulaciones para evaluar si el padrón de usuarios de alto poder adquisitivo que identificó el Estado es consistente con la que poseen las empresas privadas. A priori, el cruce resultó favorable.
Pero, de nuevo, la implementación del esquema, que en la práctica implicará que haya que instruirle a las distribuidoras de electricidad que carguen en sus sistemas las bases de datos que elaboró el Poder Ejecutivo, correrá por cuenta de los entes reguladores. En el caso del gas, esa tarea depende del Enargas, que tiene competencia nacional y con quien existe mucho mejor diálogo. En materia de electricidad se precisará de la colaboración de las gobernaciones provinciales, dado que el gobierno federal sólo tiene competencia sobre Edenor y Edesur. El resto de las empresas eléctricas responde a la autoridad de aplicación provincial.
Dos categorías más
Fuentes oficiales consultadas por este medio reconocen que en este contexto será difícil instrumentar el nuevo esquema de segmentación en los 13 días hábiles posteriores a las audiencias públicas. Resaltan que desde lo técnico es factible si todos los actores del gobierno se alinean detrás del mismo objetivo, pero admiten que, en el escenario actual, esa opción es poco probable.
Algo más terrenal sería poder avanzar con la suba de tarifas para el 60% de los usuarios residenciales que conforman la franja media que no integran ninguno de los dos extremos: ni el bloque de tarifa social que protege el ingreso de los sectores populares ni el decil de mayor poder adquisitivo. Para esos hogares, las facturas aumentarán entre un 17% y un 20% en junio. En ese plano, no parece haber mayores inconvenientes técnicos para poder avanzar en los tiempos que prevé el gobierno siempre y cuando los entes reguladores no se declaren en rebeldía y se nieguen a firmar los nuevos cuadros tarifarios.
Un funcionario lo puso en estos términos: “En el sistema tarifario actual ya existe una segmentación de hecho porque, por ejemplo en electricidad, los GUDI’s (grandes usuarios) pagan un precio estacional de la energía que es mucho más alto que el de los hogares. Lo que proponemos hacer ahora es crear dos subcategorías adicionales: un precio un poco más alto (+20%) para una banda media que reúna al 60% de los usuarios residenciales y un precio pleno para el 10% de usuarios de mayores ingresos. No es tan complicado”.
Válvula de escape
Una cuestión sobre la que aún no se trabajó a fondo porque su instrumentación depende, una vez más, de los entes reguladores, es cómo se procesarán los reclamos de aquellos a los que les quiten el subsidio y consideren que la decisión es errada.
Economía reconoce en el informe elaborado de la Subsecretaría de Planeamiento Energético que la titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias por no haberse realizado el cambio de titularidad, encontrarse fallecido el titular o ser inquilinos del inmueble. También puede ocurrir que no se haya identificado con exactitud las condiciones económicas del titular por diferencias entre la situación actual y la registrada en las bases de datos utilizadas para definir la asignación de segmentos de subsidios.
En el plano político, ese es el mayor riesgo que enfrenta el gobierno. Si en el universo de usuarios que empiecen a pagar la tarifa plena sin subsidio se incluye por error a un buen número de personas sin los ingresos suficientes para afrontar esos pagos, esa irregularidad podría terminar dañando —no sólo en lo político sino también en lo judicial— a todo el instrumento diseñado para comenzar con la estratificación.
Para responder frente a estos problemas eventuales fuentes oficiales indicaron que se pondrá a disposición un formulario web, una central telefónica de consultas y atención presencial en organismos que ya participan de otros esquemas de beneficios como lo hace actualmente la Anses con el Programa Hogar. No obstante, ese esquema de contención todavía no existe.
En Economía informan que a los que cuestionen la quita del subsidio se le mantendrá la situación actual hasta que se analice su caso, lo cual podría demorar hasta 40 días. Pero la conformación de los equipos técnicos que estarán a cargo de ese trabajo aún no está avanzada.
De fondo, un problema político
Al hecho de que no se haya estado trabajando en la coordinación hacia dentro del área energética del gobierno, se le suma un problema político porque Basualdo sostiene que la quita total del subsidio para los clientes de mayor poder adquisitivo podría no respetar el principio de gradualidad que recomendó la Corte Suprema de Justicia en 2016. Así lo dejó plasmado en un duro informe que enumera argumentos en contra de una segunda ronda de aumentos tarifarios que impulsa Economía.
Habrá que ver qué sucede en las audiencias públicas de la semana que viene. Fuentes oficiales especulan que el cristinismo podría movilizar a agrupaciones sociales en contra de la convocatoria con el objetivo de constituir un hecho político similar al que precedió en 2016 la primera audiencia pública que realizó el ex ministro Juan José Aranguren para aumentar las tarifas de Edenor y Edesur tras casi 15 años de congelamiento. Allegados al cristinismo desacreditan esa opción. Pero ante tamaña ruptura interna, cualquier verosímil es posible.
Un comentario
De la «segmentación de los medidores» a la «cacería de los formales». Esto último se acomoda mejor con el estilo argentino de hacer (mal) las cosas. Frente a la duda del esquema de los medidores se refugian en algo más seguro y conforme al status quo de la tarifa social Nada que ver con lo que se presentó y discutió con el FMI y el BM. Pero al Fondo lo que posiblemente le va a interesar es si recaudan o no. La mejor segmentación es la que recauda más para el Fondo.
Lo otro peculiar es que este mecanismo se va a meter más abajo del decil más rico y va a pegar en bastante clase media. Es redistributivo a lo argentino: entre los formales y los informales. Y estimula la guerra de guerrillas que muchos van a empezar yendose no a Uruguay sino a refugiarse en los arbustos del monte.
Veamos primero que hacen la semana que viene.