El gobierno explicitó los criterios geográficos y socioeconómicos que tomará en cuenta para eliminarle los subsidios de luz y gas al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, EconoJournal confirmó que todavía no se puso a trabajar con las distribuidoras para ver cómo podría avanzar con la implementación. La propuesta será debatida la semana próxima en las audiencias públicas en medio de una fuerte embestida del cristinismo contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El plan oficial está detallado en un documento elaborado por el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el único funcionario de la secretaría de Energía que fue puesto por Guzmán.

Seis criterios clave

El documento explicita seis criterios que se tomarán en cuenta para quitar los subsidios y aclara que alcanzará con que se cumpla uno de esos requisitos para comenzar a pagar la tarifa plena:

1) Estar ubicado dentro de “polígonos” de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulación de la Electricidad

2) Registro de barrios cerrados

3) Tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar tipo 2 del Indec, monto equivalente a 314 mil pesos en marzo

4) Tener 3 o más inmuebles registrados

5) Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años

6) Tener aviones o embarcaciones de lujo

Los dos primeros puntos fueron precisados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en un informe que elaboró junto con el Conicet. Allí se explicita que las zonas alcanzadas por la eliminación de los subsidios serán Puerto Madero y gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires, abarca a una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro. A ese listado le suman también 466 countries y otras urbanizaciones cerradas.

Lo que hizo el equipo de Guzmán fue sumar el resto de los requisitos socieconómicos para ampliar el universo de los que perderán el subsidio, ya que el recorte del ENRE se limitaba a los usuarios de Edesur y Edenor del Área Metropolitana de Buenos Aires.  

En el documento se afirma que los mecanismos que definen la asignación de los subsidios en función de la ubicación del suministro en un área determinada tienen un buen funcionamiento en áreas de alta concentración poblacional donde se logra identificar conjuntos de población relativamente homogéneos en relación a los ingresos, pero no resultan replicables en otras regiones más heterogéneas. Es por eso que, como complemento de esa metodología, también se tomarán en cuenta variables vinculadas con el ingreso y el patrimonio de los titulares del servicio.

Para ello se combina el análisis de la información relativa al patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Cuántos perderán el subsidio

La metodología propuesta por el ENRE, que asocia la capacidad de pago al valor inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, identificó a 480.359 usuarios residenciales, el 9,95 por ciento del total del AMBA.

A su vez, como resultado del cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias referida a los servicios de electricidad y gas natural de red residencial con la información disponible en el SINTyS sobre ingresos y patrimonio, Economía aclaró que en total perderán el subsidio 921.778 titulares del servicio energía eléctrica, y 760.600 titulares del servicio de gas residencial.

La implementación

Economía aclara en el informe que “se ha logrado identificar y asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo jurisdicciones donde este valor se reduce en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares”.

A raíz de ello, se aclara que en la instancia de implementación, “la autoridad de aplicación deberá instar a los organismos competentes a la provisión y adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de identificación de forma tal de reducir las solicitudes de reconsideraciones”.

No será una tarea sencilla la identificación de los titulares efectivos del servicio y llevará tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno todavía no se puso en contacto con las empresas distribuidoras para coordinar la implementación.

Lo más probable es que si se avanza con la quita de subsidios en las actuales condiciones, se multipliquen los reclamos de aquellos usuarios que consideran no formar parte del 10% de mayor poder adquisitivo.

Economía reconoce en el informe que la titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias por no haberse realizado el cambio de titularidad, encontrarse fallecido el titular, ser inquilinos del inmueble, etc. También puede ocurrir que no se haya identificado con exactitud las condiciones económicas del titular por diferencias entre la situación actual y la registrada en las bases de datos utilizadas para definir la asignación de segmentos de subsidios.

Si bien se aclara que la actualización de las bases de datos debería ser permanente, en el documento oficial dice que la autoridad de aplicación deberá contar con “un mecanismo ágil de reclamo y solicitud de reconsideración del segmento de subsidios asignado”. Para ello se pondrá a disposición un formulario web, una central telefónica de consultas y atención presencial en organismos que ya participan de otros esquemas de beneficios como lo hace actualmente la Anses con el Programa Hogar. “De esa manera, se le permitirá a todas las personas presentar una solicitud de reconsideración del segmento al que fueron asignadas”, remarca el documento.

La justificación

El documento oficial tiene una primera parte donde justifica la quita de subsidios para aquellos usuarios de mayor poder adquisitivo. El texto comienza diciendo que “si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional puede entenderse como una política de ingresos, ya que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, la naturaleza universal del subsidio al precio mayorista de la energía, sumado a que el consumo de electricidad y gas natural se correlaciona con el ingreso de los hogares, implican que el subsidio es pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política. Es decir, los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores  ingresos y por lo tanto reciben un monto mayor de subsidios”. Tal como puede observarse en el siguiente gráfico:

A su vez, el informe aclara que en el decil de más altos ingresos se destina un 0,9% de los ingresos al consumo de energía eléctrica y un 2,2% al consumo de gas natural, mientras que en el decil de menores ingresos esos porcentajes trepan al 8,9% y 18,5%, respectivamente. “El hecho de que la incidencia del subsidio sobre los deciles superiores sea baja, sugiere la posibilidad de disminuir el monto sin afectar negativamente la capacidad de pago ni el bienestar de estos sectores”, remarca Economía.

El documento remarca también que las señales actuales de precios de la energía fomentan un uso poco eficiente de la misma al provocar, en ciertos segmentos de la población, un consumo por encima de las necesidades. “Las necesidades de abastecimiento energético que no pueden suplirse con la capacidad productiva doméstica, debe proveerse con mayores importaciones. En nuestro caso, esas importaciones se componen por el gas natural de Bolivia, gas natural licuado y otros combustibles líquidos”, agrega el informe.

Luego subraya que esas mayores importaciones deterioran la balanza comercial y reducen la disponibilidad de divisas para el desarrollo de otros sectores estratégicos. Pero además, también producen mayores emisiones de gases efecto invernadero, debido a que las fuentes de energía libre de emisiones no alcanzan a abastecer la totalidad de lo demandado, lo cual atenta no sólo contra el ambiente, sino también contra los compromisos internacionales del país en el marco del Acuerdo de París. “Por ello, es preciso minimizar los consumos ineficientes de la energía”, concluye.