Aunque todavía no se conocen los detalles del esquema de segmentación por barrios que propuso el cristinismo, y tampoco está claro si existe consenso interno dentro del gobierno para aplicar esa alternativa, fuentes de la industria del gas y especialistas en ese mercado advirtieron que, en caso de avanzar, no será fácil implementar ese modelo a los cuadros tarifarios que reciben los usuarios residenciales.

¿Por qué?

En comparación con el funcionamiento del mercado de energía eléctrica, en el caso de gas existe una diferencia central. No existe, en este último caso, un agregador como Cammesa, la empresa mixta que se encarga del despacho y monopoliza la venta de electricidad a todas las distribuidoras. En los hechos, Cammesa funciona como un intermediario entre generadores y distribuidores. Esa figura no está presente en el mercado de gas natural.

Las distribuidoras —Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras— le compran el fluido directamente a las petroleras que producen gas. Entre ellos suscriben un contrato comercial que incluye un precio único del hidrocarburo. Eso complica la aplicación de una segmentación por barrios como la que filtró a los medios la semana pasada el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.  

“¿Cómo hacemos para cobrarle un precio más caro a los 487.000 usuarios (del AMBA) a los que supuestamente se les retirarán los subsidios si, por contrato, hoy le pagamos el mismo precio del gas en boca de pozo a las petroleras. Habría que instrumentar algún tipo de declaración jurada (DDJJ) en la que informemos mensualmente cuánto gas consumió cada uno de los usuarios. Es un proceso engorroso que no se puede hacer de un día para otro”, explicó a EconoJournal una fuente del mercado gasífero. Es curioso porque desde el Instituto Patria suelen sostener que las DDJJ son herramientas difusas que permiten la discrecionalidad por parte de los privados. Por eso, su utilización siempre levanta suspicacias y es criticada desde el universo kirchnerista.

Diferencias

En el caso de la electricidad, el esquema es más sencillo: el ENRE deberá informar a las distribuidoras (Edenor y Edesur) cuáles son los usuarios a los que se le cobrará un precio estacional de la energía (PEE) más elevado. Luego, deberá precisar cuál será el nuevo PEE para ese universo (los hogares pagan hoy, en promedio, unos 1800 pesos por MWh cuando el costo real es de $ 8000) para que Edenor y Edesur lo carguen en las facturas de los hogares alcanzados. Y se supone que, en última instancia, las distribuidoras deberían pagarle a Cammesa ese adicional que cobran de los clientes. El uso del condicional responde a que habrá que ver si las distribuidoras realizan en tiempo y forma ese pass through —una especie de pasamanos— si sus ingresos permanecen atrasados.

“La segmentación funciona si las distribuidoras pagan a Cammesa la facturación incremental que recaudan y Cammesa utiliza esa plata para pagar el combustible que compra para las centrales térmicas. Pero si el gobierno no aumenta el Valor Agregado de Distribución (VAD) de las eléctricas, puede pasar que las empresas difieran el traslado de ese dinero adicional que recaudan para pagar gastos corrientes”, admitió un especialista en el mercado eléctrico.

En el caso del gas natural, es más complejo que el sistema funcione porque no existe un agente ordenador y que condense la aplicación de subsidios como Cammesa. «En teoría, las distribuidoras deberían cobrarle más caro a los usuarios que informe el gobierno, luego deberían computar cuánto consumió cada uno de esos hogares; en tercer lugar, deberían pagarle esa facturación incremental a las petroleras e informarle al Estado. Como paso final de la cadena, éste debería recortar esa cifra de los subsidios que le transfiere a los productores bajo el paraguas del Plan Gas. Se puede hacer pero requiere una mecánica que no será sencilla de instrumentar», indicó un consultor que sigue de cerca el tema.