A diferencia de los dos años anteriores, la discusión por el diferimiento de las facturas de gas del invierno estuvo totalmente ausente de la agenda que entabló el gobierno con las distribuidoras. Durante la administración de Cambiemos, que aplicó fuertes subas en las tarifas de gas, se optó por diferir una parte de las facturas de junio, julio y agosto —las más onerosas para los usuarios residenciales, comercios y PyMES— para reducir el impacto en el bolsillo de los consumidores. No fue una solución perfecta. De hecho, se improvisó sobre la regulación, que no preveía ese mecanismo. Y el Estado quedó debiendo a las distribuidoras una cifra millonaria en concepto de los intereses generados por el diferimiento.

La situación financiera de las empresas tampoco es la más solvente. La caja de las distribuidoras está complicada porque la cobrabilidad cayó significativamente durante la cuarentena. La cobrabilidad se empezó a recuperar recién en agosto.

Lo concreto es que en 2019 se decidió diferir en forma obligatoria un 22% del monto de las facturas de mayo a septiembre. Los usuarios terminaron pagando ese remanente durante los meses de verano. Esa fue la alternativa que encontró la gestión de Mauricio Macri de aplanar las facturas y contener el costo político que sufren los gobiernos cuando empiezan a llegar las boletas en estos meses de frío.

Negligencia

Era predecible que por la cuarentena el consumo de gas iba a aumentar. Y a partir de ese supuesto se descontaba que las facturas iban a ser más altas que las del año pasado. Es cierto que, en términos reales, si se tiene en cuenta la evolución del dólar, las tarifas de gas son un 30% más baratas que en 2019 por efecto del congelamiento.

Pero en los hechos, pese a que las tarifas no variaron, las facturas de invierno —que mide cuánto gas efectivamente se consumió en los meses de frío— sí variaron.

Ni el Enargas, ni el Ministerio de Economía ni el de Desarrollo Productivo, que hasta la semana pasada tenía a su cargo el área energética, pusieron foco en la cuestión.

¿Qué terminó pasando?

Desde fines de julio empezaron a llegar facturas residenciales mucho más altas que las recibidas el invierno pasado. En estas semanas crecieron los pedidos de informes de concejos deliberantes y de Defensorías del Consumidor que replican las denuncias recibidas por usuarios de gas y electricidad.

En la práctica, se configuró un combo ciertamente anticipable:

1. Los usuarios consumieron más gas porque están aislados en sus hogares (se disparó el uso de artefactos de calefacción, hornos y cocinas). Incidió también el factor climático, dado que en julio se registraron temperaturas muy bajas.
2. Eso provocó una recategorización de los usuarios, que elevó el cargo fijo incluido en las facturas y también del precio del gas con el que se calcular el cargo variable.
3. Se facturó la tarifa plena sin diferir ningún porcentaje, a contramano de lo que sucedió en 2018 y 2019.
4. La carga impositiva (se cobra un 20% de IVA y otros impuesto) terminó amplificando el aumento.