El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, confirmó el sábado que está evaluando la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del gas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. EconoJournal publicó el jueves en exclusiva una propuesta que el propio Bernal le acercó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para rebajar las tarifas residenciales de gas en julio, agosto y septiembre donde además anticipa que recomendará al Poder Ejecutivo la renegociación de la RTI. Incluso en el documento remarca que la anulación de esa RTI le permitiría al Estado Nacional ahorrarse 75.450 millones de pesos, monto reclamado por las licenciatarias debido al congelamiento de tarifas.  

La deuda en disputa

“Federico Basualdo (interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad) recomendó al Poder Ejecutivo la nulidad de los cuadros tarifarios de Macri. Nosotros estamos trabajando para tener ya un primer resultado porque yo tengo 11 revisiones que hacer, porque son 11 licenciatarias entre distribuidoras y transportistas, y en función de eso el presidente de la Nación decidirá qué hacer, pero no va a pasar por una decisión de estatizar o privatizar, en mi caso va a pasar por una decisión de qué política tarifaria necesita el país”, aseguró Bernal el sábado en el programa Marca de Radio de Eduardo Aliverti en Radio La Red.    

Lo que reclaman las empresas a partir de lo que estableció la RTI de Macri son 75.450 millones de pesos, según las cifras que estimó el propio Enargas. Las distribuidoras piden 43.712 millones, incluyendo en ese monto 177 millones correspondientes a la subdistribuidora Redengas, mientras que las trasportistas TGS y TGN exigen otros 31.738 millones de pesos (ver cuadro).

El monto surge de actualizar la tarifa en base al Índice de Precios Industriales Mayoristas (IPIM), desde que se actualizaron por última vez en abril de 2019. El informe de Enargas menciona 41% de actualización correspondiente al período abril-octubre de 2019, 21,1% de octubre de 2019 a abril 2020 y 13,8% de abril de 2020 a octubre de este mismo año, aunque el título del cuadro afirma que la estimación está calculada hasta abril de 2021.

Al igual que planteó el ENRE en el caso de la electricidad, la intención de Enargas es desconocer el reclamo de las empresas correspondiente a la RTI vigente y, además, no pagar la deuda acumulada por las diferencias cambiarias surgidas a partir de la devaluación de 2018, que Macri asumió a través de decreto 1053 y que el Senado anuló la semana pasada.

El foco en las transportistas  

Bernal sostuvo el sábado que “se puede tener una tarifa, y una política energética, que de alguna manera deje contentos a todos sin que ello implique dejar de poner en la balanza en la negociación, y en las nuevas normas que se tengan que tomar, lo que han sido estos últimos cuatro años de ganancias y reparto de dividendos”.

El interventor también se encargó de trazar una distinción entre transportistas y distribuidoras. “Las distribuidoras no tuvieron ciertos beneficios que tuvieron otras empresas del sector, todo eso tiene que ser mensurado, medido y resolverá el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo luego me indicará a mí qué hacer si se decide tener nuevos cuadros tarifarios”, sostuvo.

Luego le apuntó directamente a Transportadora Gas del Norte (Techint) y Transportadora Gas del Sur (Pampa Energía, Sielecki y Safra): “Cuando uno analiza, por ejemplo, lo que pasó con las transportistas de gas, con la tarifa que tuvieron hubo 30 kilómetros de expansión en cuatro años, uno de los mínimos históricos. ¿Si tienen la tarifa que quieren realmente invierten lo que corresponde y deberían haber invertido?”.  

“Acá nadie apunta a que las tarifas se desplomen sino que sean justas y razonables, se puedan pagar, y todos los actores y los eslabones de la cadena energética tengan rentabilidades justas y razonables, sea equilibrado y el bienestar de las empresas no se divorcie de la salud del mercado argentino. No puede ser que tengamos empresas que se llenen los bolsillos y el mercado interno se venga a pique porque los servicios públicos se conviertan en un bien de lujo como ocurrió con Macri”, concluyó el funcionario.