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Centrales San Martín y Belgrano
Polémica por el Foninvemem: privados descuentan judicialización
Mié 8
enero 2020
08 enero 2020
Las generadoras, con Central Puerto a la cabeza, creen que el conflicto por la participación accionaria de las centrales Belgrano y San Martín se dirimirá en la Justicia.
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El gobierno dejó asentado ayer que el Estado controlará el 65% del capital accionario de la Central Manuel Belgrano y el 68% de la central San Martín, ambas construidas con dinero del Foninvemem, un fideicomiso que se conformó en 2005 con acreencias de los generadores privados, aportes del Tesoro y financiamiento de la Anses.

La distribución accionaria aprobada por el Ejecutivo va a contramano de lo que pretendían las grandes empresas eléctricas —con Central Puerto a la cabeza— y motivó una fuerte polémica por el accionar eléctrico del BICE, el banco que administra el fideicomiso, que el 9 de diciembre, un día antes del cambio de administración, asentó en los balances una nota que era funcional a los intereses de los generadores y el 2 de enero, después de la expresa intervención del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió sobre sus pasos y respaldó la posición de la línea técnica de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Fuentes cercanas al ministro señalaron que la decisión ya está tomada y no hay chances de revisar lo actuado, tal como pretenden las empresas, que argumentan que para alcanzar casi un 70% de participación en las centrales, el Estado convirtió en capitalizables aportes que no lo eran en origen. Hacen referencial, en especial, al financiamiento de la Anses, que cobró una tasa de interés del 10% para solventar cientos de millones de dólares para construir las centrales.

“En ese momento, el gobierno de Néstor Kirchner tuvo la chance de que el dinero que invirtió la Anses le reporte un porcentaje accionario, pero optó por no hacerlo porque para eso tendrían que haber aceptado una tasa Libor más 1% que fue lo que cobramos nosotros por poner nuestras acreencias a disposición”, indicó el gerente de una generadora privada. “Lo que propusimos es que el porcentaje correspondiente al financiamiento de la Anses, que se pagó con el contrato de venta de energía de las centrales firmado con Cammesa, se reparta entre todos los actores, como sucede en cualquier sociedad”, agregaron desde otra compañía

Fuentes cercanas al Ministerio de Desarrollo Productivo respondieron que, en rigor, cuando se invitó a los generadores a respaldar con avales y garantías propios la emisión de deuda para terminar de construir las centrales, las empresas se negaron. “Fue el Estado quien se tuvo que hacer cargo de acercar a la Anses. No es lógico que ahora las compañías reclamen”, advirtieron. 

La finalización del contrato de operación y mantenimiento de las centrales —que en el caso de la Manuel Belgrano expiró ayer— preveía un cuarto intermedio de 90 días para que las partes definieran cómo constituir una nueva sociedad controlante de los activos.

“Podríamos haber negociado durante tres meses una solución consensuada, pero el Ejecutivo zanjó el tema unilateralmente”, se lamentaron en una empresa. Frente a ese escenario, las empresas descuentan que la discusión se trasladará a la Justicia. “Es lo más probable porque no parece haber margen de negociación”, reconocieron desde otra compañía a EconoJournal.

Cotización

Entre los privados, el principal interesado es Central Puerto, que posee un mayor porcentaje accionario de las usinas que el resto de los privados, y además tiene un interés particular en la central San Martín. Por un motivo concreto: esa planta hace sinergia natural con otras usinas que Puerto posee en la región del gran Rosario. “A ellos les interesa ese activo. De hecho, intentaron comprar la participación de otros privados”, indicó un consultor eléctrico que está empapado del tema. 

Lo concreto es que la cotización de las centrales es compleja. Si bien costaron cerca de US$ 1600 millones, se encuentran entre las más eficientes del parque termoeléctrico y tienen al menos 15 años de vida útil por delante, su valuación no es sencilla: ahora que finalizó el contrato firmado con Cammesa (que preveía un precio diferencial), cobrarán la remuneración que perciben las máquinas viejas, establecidas por la resolución 1/19 de la Secretaría de Mercado Eléctrico. El gobierno prevé ajustar y pesificar esa resolución por lo que es prácticamente imposible ponderar hoy cuál será el flujo de fondos que cobrarán ambas centrales en el corto y mediano plazo. 

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