El 10 de octubre gobierno decidió dar marcha atrás con la aplicación de un cargo extra sobre las tarifas de gas para pagar en 24 cuotas mensuales una deuda millonaria que reclaman las empresas productoras del hidrocarburo. Sin embargo, después de ese cimbronazo político que puso en el ojo del huracán al secretario de Energía, Javier Iguacel, el tema parece haber salido completamente de la agenda gubernamental. Prueba de eso es que ni petroleras ni distribuidoras tienen en claro cómo se cancelarán esas acreencias que les corresponden a las primeras, que rondan los US$ 400 millones.
El Ejecutivo declaró públicamente que el dinero saldría de las arcas del Estado, pero aún no precisó cómo se instrumentará el esquema de pago. Puertas adentro de la industria, eso genera un sinfín de problemas jurídico-financieros para las empresas. Naturgy, el nuevo nombre de la rebautizada Gas BAN, la segunda distribuidora del mercado, sorprendió el viernes al pedir a la Bolsa una prórroga de siete días corridos para presentar los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año, tal como publicó Ámbito.com.
Naturgy hizo referencia a la «situación de incertidumbre» generada luego de que fuera revocada la resolución 20 de la Secretaría de Energía que preveía el traslado de las diferencias de cambio a los usuarios en 24 cuotas mensuales. La empresa informó que su deuda asciende a $4.907 millones que «tienen una relevancia significativa en los estados financieros».
En rigor, cada distribuidora está buscando alternativas para no tener que incluir ese rojo en sus balances. Lo complejo es conseguir el aval de los auditores externos para dejar esa deuda fuera de los libros. Por ejemplo, Metrogas, la mayor distribuidora del país, decidió no impactar en su balance trimestral (presentado la semana pasada) la deuda que mantiene con las productoras. Son $ 5.189 millones, según detalló ayer la empresa en una nota de presentación de resultados. “Una vez que el Estado, a través del Enargas, no permitió trasladar a tarifas el aumento provocado por la devaluación se sentó un precedente según el cual la empresa interpretó que la resolución del conflicto generada por las diferencias diarias en favor de las petroleras ya no es de su responsabilidad”, explicó a EconoJournal un abogado que siguió de cerca el accionar de Metrogas.
Contigencia a futuro
“Está claro que es una contingencia legal a futuro, pero hoy por hoy se entendió que las probabilidades de que ocurra un perjuicio legal para la empresa por este tema son bajas”, agregaron.
Paradójicamente, la decisión de Metrogas parece debilitar la posición de YPF, su empresa controlante, dado que la distribuidora se está deslindando en sus estados contables de la obligación de pagar esa deuda. La responsabilidad queda sólo en cabeza del Estado. La petrolera que preside Miguel Gutiérrez es la mayor acreedora del esquema de diferencias diarias: le correspondería una cifra cercana a los US$ 150 millones. Camuzzi y EcoGas, los otros jugadores del sector de distribución, prevén seguir la línea de Metrogas.
A contramano del razonamiento de defensa que esgrimen las distribuidoras, algunas petroleras evalúan recurrir a la Justicia para exigir a las gasíferas el pago de esa deuda millonaria acumulada por la apreciación del tipo de cambio entre abril y septiembre de este año. Por ahora, es apenas una posibilidad exploratoria que barajan algunas petroleras. Pero ante la inacción del Estado para resolver el tema se presenta como una alternativa válida para que llamar la atención gubernamental.
Silencio en gobierno
Las empresas tampoco tienen en claro qué dependencia del Estado es la que intervendrá para ordenar el orden contractual entre productoras y distribuidoras. El secretario de Energía, Javier Iguacel, manifestó en privado a altos ejecutivos de la industria que el tema debería ser resuelto directamente por el ministro de Hacienda, Nicolás Hacienda. Se trata, en su opinión, de una cuestión de índole fiscal ligada a la disponibilidad presupuestaria para cancelar y de qué modo la deuda con las petroleras.
Pero, en la práctica, en el mes que pasó desde que canceló el plan original, Hacienda aún no motorizó ninguna solución al respecto. El Enargas, por su parte, alega que su ámbito de competencia es el segmento regulado de transporte y distribución de gas. Una negociación con petroleras está por fuera de su alcance.
Lo concreto es que, como admitió un encumbrado directivo de la industria, la baja del tipo de cambio contribuyó a reducir la tensión con las empresas por la irresolución de un tema que consideran central para su negocio. Las tarifas actuales —actualizadas el 1º de octubre— están calculadas en base a un valor del dólar de 38,70 pesos; casi un peso y medio más caro que la cotización promedio de la divisa norteamericana durante el mes pasado. Eso quiere decir que si el período tarifario actual cerrara hoy (en realidad expira el 31 de marzo), las empresas habrían acumulado una deuda con los usuarios. “Si el dólar sigue en torno a los 37 pesos no veo mayores inconvenientes, al menos hasta fin de año. El problema será si el tipo de cambio vuelve a dispararse. En ese caso, vamos a tener el mismo conflicto que en septiembre porque aún no se corrigieron los inconsistencias de fondo de los contratos”, advirtió el presidente de una petrolera.
