Mirgor, uno de las mayores empresas fabricantes de equipos electrónicos en Tierra del Fuego, quiere reflotar un polémico proyecto petroquímico en la isla. La compañía fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo en 1983, hoy controlada por el segundo, está interesada en reactivar la construcción de una planta de urea en la la provincia más austral del país. Se trata de una obra millonaria presentada por la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química (Teqsa), que está demorada desde 2011.
La industrialización del gas en sitio en uno de los viejos anhelos de Tierra del Fuego. Traccionaría inversión, desarrollo industrial y puestos de trabajo en la región. Sin embargo, el proyecto sufrió una innumerable cantidad de idas y vueltas desde que en 2010 la ex gobernadora Fabiana Ríos rubricó el convenio con Teqsa para construir una planta de fertilizantes en Río Grande. La iniciativa contempla además la instalación de una central térmicas de 56 megawatt (Mw) y el dragado de un nuevo puerto en la localidad fueguina. La inversión total asciende a valor actual hasta los US$ 1500 millones.
En 2011, la empresa china — subsidiaria de Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, el tercer mayor productor de carbón del gigante asiático— desembolsó unos US$ 35 millones para adquirir insumos y materiales. También en el adelanto de regalías gasíferas a la provincia, tal como preveía el contrato firmado por Ríos. Pero a fines de 2011 el gobierno nacional que encabezada Cristina Fernández de Kirchner interrumpió intempestivamente el avance del proyecto.
En el marco de la crisis energética provocada por la caída de la producción de gas, que disparó el déficit de la balanza energética por encima de los US$ 9.000 millones, el Ministerio de Planificación, que dirigía Julio De Vido, y la Aduana impidieron el ingreso y desembarco de un barco procedente de China con tecnología para empezar a montar la planta petroquímica en Tierra del Fuego. La decisión unilateral provocó un conflicto diplomático con China que se extendió durante casi cinco años. Hasta que, en diciembre de 2015, a los pocos días de asumir, la gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión de suspender el covenio con Teqsa. Así quedó asentado en el decreto provincial 3011, luego confirmado por el decreto 1426/2016 de julio de ese año, que canceló definitivamente “con causa” el proyecto por incumplimientos de la firma china. Teqsa apeló la resolución tres mes más tarde. A mediados de septiembre interpuso un recurso de reconsideración para que Bertone revea su decisión, bajo advertencia de iniciar acciones legales contra la provincia en caso de no obtener una respuesta positiva. La obra continúa empantanada desde entonces.
Segunda vida
El rol de Mirgor en esta historia de desencuentros es la de “facilitador”, según admiten cerca de la empresa. Fuentes cercanas a Jefatura de Gabinete admitieron a EconoJournal que la empresa que controla Nicolás Caputo realizó gestiones con funcionarios del gobierno nacional para conseguir una serie de beneficios fiscales a fin de reflotar el proyecto. En rigor, lo que busca Mirgor es que la producción de gas en la isla vuelva a estar alcanzado por el régimen de promoción fiscal y aduanera que prevé la Ley 19.640, según anticipó esta semana el periodista Alejandro Bercovich en el programa Brotes Verdes, que se emite por la señal de noticias C5N.
El pedido es apuntalado también por la petrolera francesa Total, el mayor operador de gas en Tuerra del Fuego, que solicitó al Ministerio de Hacienda que deje sin efecto el Decreto 751/2012, firmado por Cristina Kirchner, que le quitó a las petroleras las exenciones impositivas previstas en la Ley 19.640. “La factiblidad técnico-económica de instalar una planta de urea en Tierra del Fuego se estudia desde hace décadas. Pero sólo cierra si la Nación vuelve a desgrabar la extracción de gas, la materia prima que representa un 70% del costo del fertilizante”, explicó un ejecutivo que participa del proyecto.
La petroquímica, el futuro
Mirgor fue fundada en 1983 como empresa de autopartes que se consolidó como proveedor de Sevel, la terminal del Grupo Socma. Sin embargo, la caída de la convertilidad en 2002 obligó a la compañía a buscar nuevos horizontes para subsistir. Así surgió la alternativa de abrirse paso en el negocio de la electrónica. La reconversión colocó a Mirgor como una de las dos —junto con Newsan— mayor empresas fabricantes de celulares, televisores y otros artefactos electrónicos de Tierra del Fuego. La empresa está beneficiada por el subrégimen de promoción industrial creado en el marco de la Ley 19.640. Pero ese weiver impositivo expira en 2023, lo que obliga a Mirgor a explorar alternativas para defender el valor de la empresa a futuro. La apertura de una planta petroquímica, que a su vez genere una mejora de la infraestructura portuaria de Río Grande, se presenta como una buena oportunidad. La designación de Juan Alonso como CEO de Mirgor puede leerse en esa clave. “Es un ejecutivo con una amplia trayectoria en la actividad petrolera que puede detectar sinergias de valor con el negocio hidrocarburífero”, explicó un empresario petrolero que trabajó con él.
Posiciones encontradas
Lo concreto es que en el gobierno nacional no hay una posición unívoca sobre la viabilidad del proyecto. Dujovne es reacio a reincorporar a las petroleras bajo la órbita de la Ley 19.640. Considera que, en caso de que el desarrollo de nuevos campos offshore de gas en el mar de Tierra del Fuego requiere algún tipo de incentivo fiscal, el instrumento indicado para avanzar en esa dirección es la reducción de las regalías que cobra el Estado nacional. Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete y actual asesor de Presidente con despacho en la Casa Rosada, comparte el criterio del ministro de Hacienda. Ninguno de los dos quiere otorgar las exenciones impositivas al proyecto petroquímico presentado por Teqsa que, en la práctica, implicaría extender el régimen de promoción en el tiempo. En cambio, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sí está dispuesto a impulsar impositivamente el proyecto. Es uno de los compromisos políticos que asumió con Bertone para conseguir su aval para la Ley de Presupuesto.
Lugar para uno
Dujovne y Lopetegui cuentan, a su vez, con el respaldo de YPF. La petrolera controlada por el Estado, que preside Miguel Gutiérrez, está a punto de definir una inversión de unos US$ 1000 millones para ampliar la planta de urea de Profertil en Bahía Blanca. La factibilidad del proyecto contempla un aumento de la capacidad de producción en alrededor de un millón de toneladas (Tn) del fertilizante. La decisión de avanzar se tomará a más tardar en marzo de 2019, según indicaron allegados a YPF.
Si bien hoy el mercado de urea está corto —se importan casi 1,1 millón de Tn por año para cubrir la demanda de los productores de maíz, trigo y caña de azúcar, que lo utilizan como fertilizante—, en la industria señalan que no hay espacio para lanzar en simultáneo la construcción de dos nuevas plantas de derivado petroquímico. Terminaría compitiendo entre sí, al menos parcialmente.
“La diferencia es que el proyecto de Profertil no precisa de ninguna exención impositiva para ser rentable”, explicaron fuentes cercanas a la empresa petroquímica con base en Bahía Blanca.
Entre las empresas energéticas se formulan también preguntas ligadas a la ética. “¿Está bien que una empresa fundada por el Presdente, por más que hoy no tenga ninguna vinculación, solicite una desgravación impositiva para realizar un proyecto? Más aún cuando, en el caso de Mirgor, se trata de una empresa sin expertise previo en el sector petroquímico”, se interrogó el gerente de una empresa gasífera. Son interrogantes básicos que alguien debería responder.
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No se aclara en qué condiciones se le vendería el gas a la empresa para fabricar urea en TDF. Las condiciones negociadas en su momento con la empresa china eran un regalo que se les hacía.