Una de las mayores compañías eléctricas del país entabló una disputa administrativa y política contra el Gobierno en disconformidad con los términos de una licitación para ampliar la capacidad del parque de generación de energía. No se trata de una empresa más de la industria. Es Central Puerto, el segundo grupo empresarial del mercado de generación, que es controlado por accionistas locales que mantienen una fluida relación con la primera plana de la Casa Rosada, como Guillermo Reca, Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente Mauricio Macri y uno de sus asesores de confianza, Claudio Peres Moore, el banquero Eduardo Escasany y Carlos Miguens, ex dueño de Cervecería Quilmes.

Central Puerto envió hace 10 días una nota al Ministerio de Energía para modificar sobre la marcha el pliego de condiciones establecido por la resolución N° 287 de la cartera que dirige Juan José Aranguren. La compañía apuntaba a cambiar un criterio técnico para elevar las chances del proyecto de cogeneración que presentó en la licitación lanzada por Energía.

Central Puerto no está sólo en el emprendimiento. Participa asociado con Aceitera General Deheza (AGD), la cerealera del empresario Roberto Urquía, para montar una planta de cogeneración de 330 megawatt (Mw) en Terminal 6, ubicada en las afueras de Rosario. Esa articulación le permitió a Central Puerto desplegar una estrategia de dos pinzas.

Al mismo tiempo que accionistas de la empresa eléctrica le presentaron una nota a Aranguren para modificar la letra chica de la licitación, AGD -una de las mayores industrias alimenticias del país- instaló el tema internamente dentro de la UIA para lograr el respaldo de la central fabril.

En ese marco, Luis Del Ricco y Alberto Calsiano, del departamento de Energía de la UIA, se reunieron ayer con funcionarios del área eléctrica del Ministerio para cuestionar la metodología empleada para definir la licitación, que contempla la instalación de alrededor de 1500 MW de potencia al parque de generación.

La discusión es eminentemente técnica. Guillermo Reca, ex director para Latinoamérica del Merril Lynch y hombre fuerte de Central Puerto, impugnó el método de evaluación establecido en la licitación. Puntualmente, criticó el precio de la potencia que se fijó para evaluar los proyectos de cierre de ciclo de centrales térmicas. Ese valor se fijó en US$ 7000 por Mw generado en un mes (Mw/mes).

El directivo argumentó que ese valor termina favoreciendo a los proyectos de cierre de ciclo en usinas existentes (a ciclo abierto), que compiten en la licitación contra inversiones en cogeneración en plantas industriales como el presentado por el tándem Central Puerto-AGD para Terminal 6 en San Lorenzo. Reca discutió esa fórmula polinómica y le pidió a Aranguren que se aplique el pliego utilizado en la licitación anterior (la impulsada por la resolución 21/2016 del Ministerio), que fijó el valor de la potencia en US$ 20.000 por Mw/mes, casi tres veces más que el parámetro elegido en el proceso vigente.

Los precios de la energía definido por cada oferente se conocerán mañana miércoles, cuando se abran los sobres con las propuestas económicas. Este medio intentó comunicarse en tres ocasiones vía telefónica con ejecutivos de Central Puerto, pero en la empresa declinaron de realizar comentarios.

Existe una cuestión de formas que dio lugar a la presentación de Central Puerto –que cuenta con usinas por más de 1500 Mw- en el Ministerio de Energía. La cartera que dirige Aranguren modificó cuatro días antes del cierre de la inscripción de proyectos los términos del pliego licitatorio. Lo hizo mediante una circular de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM).

En el sector cuestionaron esa modificación a último momento. Aún así, nadie cree que el Gobierno acepte los cambios solicitados por Central Puerto. “El pliego está definido y no se puede instrumentar ninguna modificación. Sería un antecedente muy peligroso”, advirtió el presidente de otra generadora.

En la práctica, lo que pide Central Puerto es cierta preferencia para los proyectos de cogeneración en instalaciones industriales. Es decir, obras de generación de energía en establecimientos fabriles o productivos, como el complejo alimenticio de AGD en las afueras de Rosario. Eso fue lo que transmitieron Calsiano y Di Ricco a los funcionarios de Energía. “Se quejaron porque entienden que se debería priorizar a las iniciativas de cogeneración. Sostienen que, tal como quedó redactado, el pliego licitatorio no favorece el desarrollo de las industrias que participan del proceso”, explicaron las fuentes consultadas.

La postura del Gobierno es clara: ganará el proyecto más eficiente y que sea más barato para el sistema, que en definitivo redunda en un descenso del precio monómico del parque de generación.

No es normal que una compañía eléctrica requiera la modificación de los criterios técnicos de una licitación ya lanzada, a pocos días de que concluya el proceso. El accionar tampoco responde a los antecedentes de los accionistas de Central Puerto, que desde que ingresaron al sector eléctrico –hace ya 10 años- se caracterizaron por desplegar un bajísimo perfil. Reca, que lidera el día a día de la empresa con Peres Moore, evita la exposición pública. Caputo y Escasany respaldan la conducción del ex Merril Mynch, que logró posicionar a Puerto como la segunda generadora del mercado en un escenario complejo durante la gestión kirchnerista. Miguens, cabeza del grupo Miguens-Bemberg, intentó en el pasado impugnar el liderazgo de Reca pero no obtuvo el respaldo del resto de los accionistas.

La decisión de Central Puerta se explica, tal vez, por los magros resultados conseguidos durante la administración de Aranguren. La compañía fue descalificada de la licitación anterior (resolución 21) porque su proyecto no cumplía con las especificaciones del pliego y exigía una serie de condicionamientos adicionales que no fueron aceptados por el Ministerio. La compulsa apuntaba a instalar centrales pequeñas de rápido ingreso en el sistema para cubrir la emergencia del sector. Central Puerto, en cambio, optó por presentar un megaproyecto de 1800 Mw de potencia (dos centrales de ciclo combinado más una terminal regasificadora). La compañía perdió esa compulsa contra otros jugadores tradicionales como Pampa Energía y Albanesi y otros nuevos players como Araucaria Energy y MSU, ambas controladas por empresarios locales. Es probable que en la licitación en curso termine perdiendo contra los mismos competidores.

“Central Puerto presentó un proyecto de 330 Mw en un nodo que, por problemas de transporte, sólo permite el ingreso de 400 Mw. Es decir, necesita ganar la licitación. No tiene margen de error. Su estrategia fue muy agresiva y es posible que una vez más quede en el camino”, comentó un consultor que sigue de cerca el conflicto de la compañía con Energía.

Otro empresario apeló a un contrafáctico para analizar el tema. “Es curioso porque si, en lugar de intentar monopolizar el mercado en la licitación anterior con un super proyecto de 1800 Mw, Central Puerto se hubiese presentado con tres centrales de menor envergadura (tiene en stock tres turbinas a gas adquiridas en el marco del Foninvemem, un programa de la gestión anterior), habría ganado esas plantas y hoy podría ofrecer el cierre de ciclo de de esas usinas. La estrategia se pasó de agresiva”, advirtió.