En la industria gasífera se respira una atmósfera viciada. Se percibe una tensa calma que anticipa una tormenta. Todo gira en torno a una deuda de más de $ 10.000 millones (si se computa el capital más los intereses) que las distribuidoras de gas –con Camuzzi, EcoGas y Metrogas a la cabeza- acumularon el año pasado con las empresas productoras del hidrocarburo a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el primer aumento de las tarifas residenciales y afectó severamente los ingresos de las distribuidoras.
Un 60% de ese rojo son acreencias que dejó de percibir YPF, el mayor productor de gas del país, con casi un 37% de la oferta total. La compañía entregó el gas al sistema pero no recibió remuneración alguna de parte de las distribuidoras. Al tipo de cambio actual son cerca de US$ 400 millones, es decir, el 10% del presupuesto total de la petrolera bajo control estatal para 2017.
La compañía que preside Miguel Ángel Gutiérrez inició hace tres meses una ronda de mediaciones con cada una de las empresas gasíferas en busca de un acuerdo de pago de la deuda a su favor. Con algunas logró un entendimiento. Con otras no.
En ese marco, YPF irá ahora un paso más allá y iniciará una acción de cobro en sede judicial para recuperar esos fondos. “La instancia pre-judicial, un paso previo a la propiamente judicial, está prácticamente concluida. En las mediaciones realizadas con las distribuidoras se intentó lograr un acuerdo con las distribuidoras, pero no hubo chance”, explicaron allegados a la mayor empresa del país. En rigor, la demanda que YPF podría colocar a varias distribuidoras al borde de un concurso de acreedores o incluso de una virtual quiebra, dado que muchas distribuidoras no cuentan con fondos ni ingresos suficientes para enfrentar una hipotética sentencia en contra de la Justicia. Por ahora, nadie se anima a explicitar ese escenario. Pero las empresas gasíferas ya se preparan para un clima de belicosidad creciente.
En los hechos, responsabilizan al Ministerio de Energía por no generar el marco para resolver una situación que se originó por un tema que las excede: el fallo en contra de la Corte contra los aumentos de las tarifas aplicados por el Gobierno.
“Esto es responsabilidad del Gobierno en general y de Energía en particular. Las distribuidoras dejamos de pagar como resultado del fallo judicial que dilapidó nuestros ingresos. No nos quedó otra que dejar el pagar el gas que compramos a los productores. No por mala fe, sino porque la Justicia ordenó retrotraer los aumentos por un error del Gobierno (no haber realizado audiencias públicas previas) y anuló la suba de tarifas”, cuestionó el presidente de una distribuidora, que pidió la reserva de nombre. “Lo grave es que en los meses que pasaron desde entonces, el ministro (Juan José) Aranguren no logró armar una mesa elemental de negociación para que las partes privadas lleguemos a un acuerdo”, agregó.
YPF aún no radicó la demanda de acción de cobro contra las distribuidoras que están en mora. Pero allegados a la empresa reconocieron a EconoJournal que no les quedará otra alternativa si las gasíferas no demuestran voluntad de pago. “La posición es agotar la instancia conciliatoria, que en algunos casos ya está concluida. Lo que queda es iniciar formalmente la demanda judicial para cobrar el dinero adeudado”, indicaron.
Las gasíferas planean patearle la pelota al Gobierno. “Si YPF, o algún otro productor nos demanda judicialmente, haremos lo propio contra el Estado porque estamos en esta situación por culpa del Gobierno que se equivocó en la fórmula en que instrumentó el aumento de las precios y tarifas de gas”, indicaron desde otra empresa.
Los nombres involucrados en la pelea tienen peso propio. Uno de los principales deudores de YPF es EcoGas, la compañía que controla Distribuidora de Gas del Centro, que brinda el servicio en la región mediterránea con cabecera en Córdoba, Distribuidora de Gas Cuyana, con sede en Mendoza.
EcoGas es controlada por Central Puerto, el holding que integra Nicolás Caputo, empresario de la construcción y uno de los mejores amigos y asesor del presidente Mauricio Macri, y otros hombres gestados en el negocio financiero como Guillermo Reca (ex Merril Lynch), Ronaldo Strazzolini (ex Citibank), Federico Tomasevich (Puente) y Claudio Péres Moore (ex Merval).
La lista también la integra la empresa Camuzzi en sus dos vertientes, Gas Pampeana y Gas del Sur, que es controlada por el empresario Alejandro Macfarlane, con un tercio del paquete accionario del holding. Tanto Caputo como Macfarlane son hombres de negocios que construyeron una relación consolidada con Macri y mantienen diálogo frecuente con él. En la nómina también figuran Metrogas, la mayor distribuidora del gas, que es controlada por YPF y la española Gas Natural Fenosa, entre otras.
La situación de EcoGas es más ventajosa que la del resto. De la mano de la recomposición de las tarifas de gas, Distribuidora de Gas del Centro más que duplicó su patrimonio durante el primer trimestre del año, que pasó de $ 271,17 millones en diciembre de 2016 a $ 601,68 millones al 31 de marzo de este año, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“EcoGas tiene margen para llegar a un acuerdo de pago. Su panorama financiero no es apremiante. De ahí el malestar de YPF”, indicó un economista que sigue de cerca el conflicto entre la petrolera y las compañías gasíferas.
La posición de otras distribuidoras es más compleja. Camuzzi Gas del Sur, por caso, mantiene abierto un diferendo histórico con el Estado por la conformación de la estructura propia de ingresos de la empresa. Es que un 70% de los ingresos de la empresa, que brinda el servicio de gas natural en la Patagonia, son subsidios del Tesoro Nacional (se subvenciona a hogares que por condiciones climáticas están muy expuestos a la necesidad de gas para calefaccionarse). Ese dinero se utiliza, fundamentalmente, para pagar el gas que la distribuidora toma de los productores. El problema es que las petroleras cobran el IVA correspondiente (21%) por cada factura de venta. Pero ese impuesto no está contemplado por los subsidios que envía el Gobierno. “Básicamente, cobramos 10 pesos del Estado lo que terminamos pagando $ 12,10. El negocio es inviable en estos términos. Hace años que el problema es planteó al Estado, pero aún no tuvimos respuesta”, explicaron allegados a Camuzzi.
Con ese mar de fondo, las próximas semanas serán clave. Tanto para ver si YPF efectivamente radica formalmente la acción de cobro contra las distribuidoras como para saber si finalmente el Gobierno interviene en el conflicto para encauzar la discusión.
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«YPF irá ahora un paso más allá y iniciará una acción de cobro en sede judicial para recuperar esos fondos»
Son escritores profesionales y tienen la ayuda de procesador de texto… Cómo van a colocar «Y iniciará» cuando debería ser «E iniciará»
Este portal tiene buena información, pero son muchos los errores de ortografía , así como las deficiencias en la redacción.