Por primera vez en más de 10 años, los gremios petroleros de todo el país cerraron ayer en simultáneo su paritaria: suba del 20% que se segmentará en dos pagos y se indexará por inflación al final del primer trimestre del año que viene. El Ministerio de Trabajo fue la sede por la que transitaron durante la tarde de ayer los líderes sindicales de petroleros privados de Neuquén, Guillermo Pereyra; de Chubut, Jorge ‘Loma’ Ávila; y de petroleros jerárquicos de la cuenca Austral, José Lludgar, entre otros. En representación de las petroleras firmaron directivos de la Ceph, la cámara que aglutina a los productores; y la Ceope, por las compañías de servicios.

Tal como había adelantado EconoJournal, se acordó el pago de dos incrementos del 10%: uno a partir del 1° de julio y otro no acumulativo desde el 1° de octubre. A su vez, se incorporó una cláusula gatillo para ajustar el incremento en función de la evolución de la inflación medida por el INDEC. El nuevo régimen salarial tendrá vigencia entre el 1 de abril del 2017 y el  31 de marzo del 2018.

En esa línea, las empresas pagarán una gratificación en retroactivo a los meses de abril, mayo y junio. Se abonará un plus del 10% mensual por cada uno de esos meses. El monto se pagará de forma no remunerativa y estará exenta de impuesto a las ganancias. “Por cada peso que recibe un operario petrolero, a la empresa le cuesta $ 1,35. Al acordar un pago no remunerativo, es un pequeño aliciente para las empresas y también para los trabajadores, que no sufrirán el descuento por Ganancias”, explicó a este medio una fuente sindical.

El único gremio que no firmó la paritaria fue el de petroleros privados de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, que enfrente un escenario laboral y social muy complejo en el norte de la provincia por la decisión de YPF de reducir abruptamente el nivel de actividad. Pese a eso, Vidal quedó técnicamente adentro del acuerdo a raíz del aval de la Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas (FASPG), a la que está afiliado el sindicato petrolero de Santa Cruz.

La cita en el Ministerio de Trabajo sirvió también para que Ávila y Lludgar, líderes de los sindicatos petroleros de Chubut y Santa Cruz, ratifiquen y eleven el pedido de homologación de la adenda a los convenios colectivos de trabajo firmados con la CEPH y la CEOPE hace poco más de un mes.

Es curiosa la mutación del entramado sindical: Ávila, que hasta hace algunos meses era visto por el Gobierno como un dirigente sindical conflictivo por la delicada situación que atraviesa el Golfo San Jorge a raíz del descenso del precio del petróleo (se desafectaron varios equipos de perforación), parece hacer surfeado esa crisis y logró aplicar el nuevo convenio colectivo en Chubut de manera más ordenada que en Neuquén. Es más, ante la fluctuación política y la irascibilidad del gobernador Mario Das Neves y de la oposición del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, alineado con el kirchnerismo, Ávila podría posicionarse como un interlocutor válido del Gobierno nacional en la provincia, al menos en lo que se refiere al sur del distrito.

Pereyra, en cambio, salió debilitado de ese proceso: hombre fuerte del gremio neuquino desde hace 30 años, esmeriló su relación con el presidente Mauricio Macri a raíz de los múltiples inconvenientes para aplicar el acuerdo de productividad para Vaca Muerta y su imagen se deterioró como resultado de varias denuncias públicas en torno a sus negocios con empresas de servicios que operan en la provincia. En ese contexto, Pereyra incluso fue denunciado penalmente la semana pasada para que la Justicia investigue su participación –y la de sus familiares- en varios negocios petroleros de Neuquén. Ayer regresó de urgencia a Buenos Aires para firmar la paritaria petrolera pero viajará al exterior para tomar distancia y analizar sus pasos a seguir.