Una disputa aún de magnitudes inciertas se abrió en el seno de la industria gasífera. Las empresas productoras –un grupo en el que se destacan YPF, la francesa Total, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Pampa Energía, entre otras- reclaman que el Ejecutivo modificó el marco regulatorio del sector de manera tal que las empresas petroleras verán afectada la rentabilidad de sus ventas.
En rigor, las productoras sostienen que a partir de la aplicación de la resolución 4502/2017 del Enargas, publicada esta semana, las productoras deberán cubrir -durante los picos de consumo que se registran en el invierno y a contramano de lo que venía sucediendo hasta el momento- la demanda de gas del segmento residencial, que es el que menos paga por el gas que consume. Hasta ahora, los picos generados por la demanda prioritaria –tal como se denomina al consumo de los hogares- eran cubiertos mediante la importación de Gas Natural Licuado (GNL) que está en cabeza de Enarsa.
De esa manera, las petroleras quedaban más liberabas para colocar su producción de gas en segmentos industriales y de generación eléctrica, que en promedio abonan por el hidrocarburo el doble que un usuario residencial. Mientras que el gas que va a usinas termoeléctricas está regulado por el Gobierno en US$ 5,20 por millón de BTU y el de una gran industria está por encima de US$ 5, los hogares terminan pagando alrededor de 2,50 dólares. Es que si bien el Enargas fijó el precio del gas en boca de pozo para las distribuidoras en torno a los US$ 3,60 por millón de BTU -es lo que deberían pagar los hogares que reciben el hidrocarburos por redes-, en la práctica los productores reciben un precio más bajo por una serie de puntos que afectan a la baja el importe del producto.
En esa lista figuran el esquema de tarifa social, que se aplica a más de 2 millones de usuarios domiciliarios, que como beneficio no pagan el precio de gas que consumen (sólo abonan un cargo por distribución y transporte); los topes del 400% a los aumento de tarifa con relación al año anterior, que en muchos casos terminan topeando también el precio del gas en boca de pozo; y el ahorro en el consumo de hogares, que se bonifica a través de un descuento sobre el precio del hidrocarburo.
“Al final del día terminamos recibiendo US$ 2,50 por el gas que va a distribuidoras. Es un 25% menos de lo que dice el marco regulatorio”, advirtió un alto ejecutivo del sector ante la consulta de EconoJournal. Pese a eso, la cifra es cuatro veces mayor que la que recibieron las petroleras en 2015, durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en promedio cobraron US$ 0,60 por MMBTU de gas entregado al segmento residencial.
La resolución 4502/17 firmada por David Tezanos, interventor del Enargas, se montó sobre ese esquema de comercialización y modificó un punto clave: Enarsa, que hasta ahora cubría con GNL el consumo de la demanda prioritaria (la residencial), pasará a operar como un productor más de la industria. Eso es lo que se desprende de la resolución en cuestión, que en rigor creó el “Procedimiento para la administración del despacho en el comité ejecutivo de emergencia”, que se reúne cada vez que el sistema enfrenta una situación delicada de despacho por la escasez de gas.
El comité está integrado por representantes de las transportistas de gas (TGN y TGS), las distribuidoras y productoras de la zona afectada por el despacho, representantes de Enarsa, del Ministerio de Energía y del propio Enargas. En post de ganar en transparencia y horizontalidad en la toma de decisiones, la resolución 4502 estableció que la operatoria del despacho en un escenario de crisis (alta demanda e insuficiente gas para cubrirla) surja de una negociación abierta entre las partes en lugar de recaer sólo en manos del Enargas. Es una apuesta y una muestra de confianza en que los distintos actores de la industria del gas podrán consensuar soluciones esos días de despacho crítico.
El correlato que molestó a las empresas petroleras es que, en esa apertura, también se reverá el lugar que tendrá Enarsa. No es un tema menor. La empresa estatal –que es presidida por Hugo Balboa, un hombre de extrema confianza del ministro Juan José Aranguren- satisface con GNL casi un 30% del consumo de gas durante el invierno. Son más de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas que se inyectan desde las terminales regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca. Por herencia del gobierno anterior, que mantuvo congeladas las tarifas de gas, el GNL se destinaba directamente los hogares. De esa forma, las petroleras podían capturar segmentos (industria, generación y GNC) de mayor rentabilidad.
El Enargas entiende que a partir de los aumentos de las tarifas residenciales ya no es necesario que Enarsa siga colocando el gas importado –que se financia con subsidios millonarios del Tesoro- a los clientes (hogares) que menos pagan por el fluido. “¿Por qué Enarsa tiene que cubrir la demanda más económica para que las empresas privadas incrementen sus ganancias vendiendo su producción a clientes que pagan precios más altos? Tenía lógica durante el kirchnerismo, que congeló las tarifas, pero hoy ya no se sostiene”, reflexionaron fuentes cercanas al ente regulador.
Las petroleras intentaron frenar la publicación de la resolución. Enteradas que el ente estaba trabajando en esta iniciativa, enviaron una primera nota a Tezanos para conocer los detalles de la normativa. El organismo les remitió el borrador y los dio un plazo de 10 días para que las productoras realicen observaciones y comentarios pertinentes. La comisión de gas de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph), coordinada por Rodolfo Freire (PAE), Patricio Darré (YPF) y Emilio Nagra (CGC), presentó su descargo el 26 de mayo.
“Se interpretó que la propuesta del Enargas no se limitaba al despacho durante la emergencia del sistema. Tal como estaban redactados los procedimientos relacionados con el redireccionamiento del gas desvirtuaban el proceso de emergencia y parecían hacer referencia al despacho permanente del sistema. Por eso concluimos que la norma no favorecía la recontractualización del mercado de gas”, explicaron desde una petrolera. Desde otra especificaron que “está en juego un ingreso mensual de entre 80 y 90 millones de dólares, que es lo que representa la venta de 30 MMm3/d de gas, que es lo que aporta Enarsa, a los segmentos de industria y generación”. Durante los cuatro meses que dura el invierno –y la emergencia del despacho gasífero- son cerca de US$ 300 millones.
Las petroleras buscaron respaldo en el Ministerio de Energía. Carlos Seijo, titular de la Ceph, se reunió con Marcos Porteau, secretario de Exploración y Producción, para intentar frenar la iniciativa. Ambos trabajaron durante años en la petrolera francesa Total. Porteau, que desde la salida de José Luis Sureda quedó al frente del área de Hidrocarburos del Ministerio, pareció respaldar la postura de las petroleras. De hecho, le pidió a Tezanos que demore la publicación de la norma para extender el análisis. Pero el interventor del ente regulador avanzó con la publicación. Consultado por este medio, Tezanos se limitó a afirmar que “si existe voluntad para trabajar con transparencia y equidad, la resolución 4502 tiene que funcionar”.
Ayer se realizó en TGN una reunión precisamente para establecer cómo se instrumentará la operatoria del Comité de Emergencia. El tema seguramente se retome hoy durante la reunión de gabinete del Ministerio de Energía.
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Todavia no se ha implementado un abanico de tarifas domiciliaris acorde a parametros de categorizacion de poder adquisitivo de los consumidores. Deben transparentar el problema, pues las proveedoras de alguna manera van recuperar la rentabilidad pretendida.