Los aumentos de gas y electricidad, junto con la caída internacional de los precios del crudo y sus derivados, disminuyeron la presión fiscal del sector energético sobre las deficitarias cuentas del Estado. Sin embargo, ese segmento aún tiene una incidencia determinante en los gastos de la administración pública, que el Gobierno intenta reducir para moderar el rojo fiscal.
Según el último informe del Ministerio de Hacienda, que maneja Nicolás Dujovne, el año pasado se usaron $127.886,2 millones para gastos corrientes de empresas públicas, de los cuales un 56,2% vino de la operación de las propias compañías, mientras que el restante 40,3% fue aportado por el Estado.
A diferencia de otros casos, la mayor beneficiada fue la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, con $15.657,3 millones, pero seguida por otras compañías del sector energético: Enarsa, con $14.997,2 millones y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con $3.250 millones.
“En lo referido a los gastos corrientes, el aumento se explicó fundamentalmente a partir de la operatoria de la empresa Energía Argentina, por la cual se efectúa la importación de combustibles para abastecer el mercado interno. De manera análoga, los gastos corrientes presentados por la empresa ($45.927,7 millones) representaron el 38,2% del total del sector”, resume el Boletín Fiscal del último trimestre de 2016.
Con respecto a las inversiones de las empresas públicas, aumentaron 14,5% y fueron casi en su totalidad cubiertas con aportes del Tesoro. La mayor parte fue para obras de energía, como el Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA), las Centrales Térmicas Ensenada-Barragán, Brigadier López, las obras en la Central Nuclear Atucha II y la extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse. Luego, las obras de infraestructura de AYSA.
