El Ente Regulador del Gas (Enargas) dio a conocer la semana pasada los nuevos cuadros tarifarios del gas para hogares y pequeñas industrias que entraron en vigencia este 1° de abril. La suba, que en comparación con las tarifas que estaban vigentes desde octubre pasado implicará un aumento promedio del 24%, es resultante del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizado durante el segundo semestre del año pasado con las empresas concesionarias de transporte y distribución de gas.

Allanado ese camino, el Ministerio de Energía buscará recomponer definitivamente la cadena de pagos del sector gasífero, que durante el año pasado se vio afectada seriamente por la judicialización del primer incremento del gas aprobado por la cartera que dirige Juan José Arnaguren.

Como consecuencia de los amparos de primera instancia que frenaron el aumento en varias localidades del Conurbano bonaerense y otros distritos del país, luego refrendados por el fallo de la Corte Suprema que anuló el aumento, las distribuidoras dejaron de pagar durante el invierno pasado el gas que le compraron a las empresas productoras. Por ese concepto, distribuidoras como Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi y Distribuidoras Gas del Centro, entre otroas, acumularon un rojo cercano a los $ 8000 millones con petroleras como YPF, Pan American Energy (PAE) y Total.

Los productores reclaman una solución al Gobierno para dejar atrás ese capítulo y terminar de ordenar la cadena de pagos. En un principio, se evaluó que el Ejecutivo cubra ese pasivo mediante transferencias directas a productores. Pero eso no ocurrirá. En cambio, el Ministerio de Energía sí accedió a asistir con una transferencia económica a las distribuidoras a fin de solventar el presupuesto de obras de infraestructura ya realizadas. Bajo ese concepto, esta semana podría definirse una partida por alrededor de $ 1500 millones para apuntalar el plan de obras de expansión en redes de distribución, según indicaron a EconoJournal fuentes privadas y allegados al Ministerio.

Con ese espaldarazo, el Ejecutivo espera dar oxígeno a las distribuidoras para que en el transcurso de este año se pongan al día con el monto adeudado a los productores. La gran meta de Energía para el segundo semestre es lograr la recontractualización del mercado gasífero. Aranguren quiere que, tras 15 años de intervención del Estado en el despacho de gas, las distribuidoras vuelvan a firmar contratos a mediano y largo plazo con los productores para que, de forma progresiva, la fijación de precios del gas en el mercado mayorista vuelva a determinar bajo la lógica del libre mercado. Resolver la deuda de más de $ 8000 millones que las distros acumularon con los productores es el primer escollo a superar con vistas a alcanzar ese objetivo.