Cuando muchos pronosticaban que el gobierno de Mauricio Macri avanzaría hacia el cierre de Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004, la realidad parece marcar lo contrario. La compañía que preside Hugo Balboa, hombre de confianza del ministro de Energía Juan José Aranguren, lanzó el 26 de diciembre pasado una convocatoria de manifestación de interés para saber qué inversores están dispuestos a colocar una terminal regasificadora (FSRU, por sus siglas en inglés) de Gas Natural Licuado (GNL) en Puerto Rosales, en las afueras de Bahía Blanca.
Según el pliego de condiciones, la iniciativa contempla que la nueva planta deberá estar operativa en agosto de 2018. La empresa estatal está dispuesta a firmar un contrato con el alquiler y la operación de la terminal por un plazo de siete años con la posibilidad de extenderlo por siete años más.
El pliego prevé que Enarsa deberá elegir a una de las empresas interesadas el mes próximo y avanzar con la firma de los contratos respectivos del proyecto.
La puesta en marcha de la nueva unidad coincide con la finalización del contrato que Enarsa firmó con YPF en 2008 por la utilización del muelle de MEGA para amarrar el buque regasificador operado por Excelerate, que procesa la mayor cantidad de GNL que se importa en la actualidad. Aún no está claro si la intención del Gobierno es que las dos plantas funcionen en simultáneo o si la incorporación de la nueva unidad traerá aparejado el cierre de la terminal de MEGA. Lo concreto es que Enarsa apunta a renegociar con YPF el costo total de ese contrato, según indicaron a EconoJournal fuentes que participan de las negociaciones.
De importador a exportador
El proyecto cuenta con una particularidad extremadamente novedosa. El pliego redactado por Enarsa contempla la posibilidad de reemplazar el barco regasificador por uno de licuefacción si la producción local del hidrocarburo se recupera. En concreto, se apunta a contar con una terminal que esté en condiciones de exportar gas argentino, toda una rareza para un país que abandonó años atrás el autoabastecimiento y se convirtió en importador pleno de gas.
La expectativa oficial es que en el futuro la explotación de los campos no convencionales de gas –en especial de la formación Vaca Muerta- contribuya a generar un sobrante del fluido en el mercado interno que deba exportarse.
“Seguramente no es algo que sucederá en esta década. Pero sí quizás dentro de seis o siete años si las petroleras son exitosas en el desarrollo de los yacimientos de shale gas en Neuquén”, precisó a este medio el gerente de una empresa que ya le manifestó a Enarsa su interés de participar del proyecto. Es la primera vez que el Estado lanza una iniciativa oficial que deja abierta la chance de exportar el gas de Vaca Muerta.
En cuanto al tamaño de la planta, el proyecto ofrece a los interesados la posibilidad instalar una unidad para procesar 30 millones de pies cúbicos de gas u optar por una versión más pequeña de 20 millones por día.
En cualquier caso, la inversión para construir el muelle donde estará amarrada la terminal correrá por cuenta del privado, que recuperará el desembolso a través de un cánon fijado por Enarsa. De la misma manera, la empresa que opere la planta –como YPF en el caso de MEGA- recibirá una tarifa mensual.
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¡En hora buena! La noticia tiene, desde mi punto de vista, varias buenas nuevas que destacar: a) Parecería que el gobierno tiene la esperanza de que años más, años menos nuestro país recupere el auto abastecimiento, en este caso de gas y dejemos de ser importadores para pasar a ser exportadores; b) Otro aspecto, muy importante de destacar que se haya elegido el sistema de elegir la construcción de la planta con una empresa, seleccionada mediante un concurso y/o licitación público y que el desembolso para construirla sea a cargo de esa empresa, la cual recuperará su inversión y obtendrá sus lícitas ganancias a través de un canon fijo fijado por Enarsa. Es decir, si se concreta este proyecto, se verá que los administradores del estado (funcionarios que ejercen el Poder Ejecutivo) han optado por un sistema menos gravoso para el estado como el que hasta ahora se ha venido realizando: el que el estado contrate las obrar públicas financiándolas (pagándolas) con dineros públicos y, luego (casi siempre) entregándolas en concesión a empresas privadas que, sin invertir nada hacían pingües negocios (¿o negociados?), tal como p/ej. los caminos y autopistas concesionadas, ¡para qué decir, los ferrocarriles!, las transportadoras y distribuidoras de gas natural, las transportadoras y distribuidoras eléctricas, etc. ¡Muy bien por esta decisión! ¡Sigamos así por el camino correcto! ¡Fijémonos en los chilenos! ¡Copiemos su forma de hacer obras públicas como, por ej. la ruta 5 (que atraviesa el país desde el límite con Perú hasta la isla de Chiloé) que lo que se hizo y se sigue haciendo es por el sistema de «Concesión de Obra Pública», muy parecido al pensado para la futura terminal de Bahía Blanca destinada a la exportación de gas! ¡Aplausos!