El ente regulador nunca terminó de ordenar que el precio pleno del gas que pagan los hogares a los que se les está retirando los subsidios sea recaudado por la estatal Enarsa, a fin de reducir las millonarias transferencias que recibe del Tesoro nacional. A raíz de eso, frente a ese vacío legal, las distribuidoras están girándole ese dinero a las petroleras, que a partir de enero podrían terminar facturando un precio más caro que el que les correspondería por contrato.
