La medida intenta evitar el impacto en la inflación por un nuevo aumento en los surtidores, pero el perjuicio por congelar la actualización de los impuestos le costará al Estado US$ 980 millones en 2022, más que el presupuesto de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que ronda los US$ 950 millones.