El gobierno imputó la semana pasada a 95 empresas por incluir en sus facturas conceptos que no tienen relación con el servicio que prestan. El listado incluyó a distribuidoras de gas que se quejaron porque habían sido autorizadas a hacerlo. El Enargas dictó en octubre una resolución que dejó sin efecto muchas de esas autorizaciones, pero las imputaciones tomaron facturas previas. Desde el ente aclararon además que las distribuidoras van a seguir trasladándole al usuario algunos impuestos y tasas haciendo valer el principio de neutralidad impositiva.