El Directorio de YPF votó por unanimidad darle salida al GNL desde la localidad rionegrina donde también confluirá el proyecto Vaca Muerta Sur. Desde Río Negro aún aguardan un comunicado oficial por parte de la compañía para ratificar la decisión que permitirá el desembarco de una inversión de 30 mil millones de dólares.
El decreto publicado este lunes que reglamentó cómo se liquidará el Impuesto de Ganancias a partir del mes que viene abrió una grieta entre los máximos líderes sindicales vinculados a la industria petrolera. Mientras que Marcelo Rucci, secretario de petroleros privados de Neuquén, y Jorge ‘Loma’ Ávila (Chubut) respiran con algo de alivio, Pablo Moyano, de Camioneros, y Gerardo Martínez (UOCRA) deberán contener a sus bases de trabajadores que sufrirán un importante recorte en el salario de bolsillo a partir de agosto. Los gremios de trabajadores Jerárquicos y los operarios de refinería, entre los perdedores.
La petrolera independiente, controlada por un grupo de accionistas con presencia en otros segmentos de la industria energética, es la que presentó las ofertas económicas más altas para adquirir campos maduros de YPF ubicados en el norte de Neuquén y de Mendoza. También negocia, aunque en este caso con competencia con otra empresa, la compra de áreas en Río Negro. La empresa está transitando el due diligence confirmatorio para oficializar la adquisición de los bloques bajo el paraguas del Proyecto Andes.
Funcionarios del gobierno están ultimando el texto de la reglamentación de la Ley Bases para evitar que los cambios que introdujo la norma aprobada en el Congreso en materia tributaria provoquen la reducción efectiva del salario neto que cobran unos de 30.000 operarios de la industria petrolera a partir del mes próximo. La situación tiene en vilo a Marcelo Rucci, líder del sindicato petrolero de Neuquén, porque de no solucionarse desembocaría casi inevitablemente en un conflicto sindical en el epicentro de Vaca Muerta.
La adhesión al RIGI es uno de los requisitos para construir la planta de GNL. El mandatario rionegrino pidió un tratamiento urgente a sus legisladores. A su vez, Kicillof se enfrenta una encerrona luego de que casi la totalidad del espacio político de Unión de la Patria se pronunciara en contra del proyecto.
La petrolera argentina evaluó 20 sitios desde Bahía Blanca hasta Caleta Olivia y calificó a Punta Colorada como un punto de exportación de clase mundial por sus características naturales. La localidad rionegrina también podría ser la sede del megaproyecto de GNL que la compañía encabeza con Petronas. Mientras avanza la obra, restan concluir los permisos ambientales para la etapa de construcción del sistema marítimo.
La secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, le confirmó a EconoJournal que una vez que la Ley Bases sea aprobada se le dará un rápido tratamiento en la Legislatura provincial para lograr la adhesión al RIGI. La provincia intenta reunir así todos los requisitos para convertir sus costas en un hub de exportación de petróleo y GNL. El presidente de YPF, Marín, dijo que la adhesión al RIGI es una condición excluyente. Diputados bonaerenses pidieron a Kicillof que también adhiera al régimen para no perder el proyecto.
Los contratos a prorrogar representan el 76% de las concesiones vigentes. A su vez, suman el 85% de la producción de petróleo y del 72% del de gas registrado en el 2023. En términos de ingresos por regalías, concentran el 80% de lo percibido el año pasado. Una de las áreas más destacadas en producción de petróleo es Señal Picada/Punta Barda. En cuanto a la producción gasífera, la más importante es Estación Fernández Oro. Ambas operadas por YPF. Desde el oficialismo creen que los distintos bloques acompañarán la propuesta.
La provincia de Río Negro garantizó una serie beneficios impositivos para que YPF la elija como sede para la salida del GNL y pueda desarrollar un polo energético que se complementaría con el oloeducto Vaca Muerta Sur, que ya está en ejecución.
El Gobierno finalmente le bajó el pulgar a uno de los planteos más disruptivos en la Ley Bases que habían puesto sobre la mesa las provincias petroleras, que pretendían que cuando una empresa productora pidiese la conversión de una concesión convencional a otra no convencional, las provincias pudiesen relicitar la primera a un operador diferente para facilitar la continuidad de la inversión en campos maduros. Sin embargo, aunque escuchó la propuesta de la Ofephi, finalmente la Casa Rosada no hizo lugar al pedido de las provincias y mantuvo el statu quo vigente, en línea con lo que defendían los concesionarios privados.
