El interventor del Enargas, Federico Bernal, filtró un caballo de troya en la redacción de las resoluciones que se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial para autorizar la suba del 20% en las tarifas de gas. Se descontaba que el organismo avalaría el alza del gas residencial ya que a mediados de la semana pasada había empezado a circular informalmente los nuevos cuadros para pulir los números finales de los incrementos y también para facilitar la actualización de la base de datos de las empresas.

Lo que llamó la atención entre productoras y distribuidoras de gas fue la aceptación explícita —que deriva en una autoinculpación— por parte del Enargas de que, al no haber convocado a una audiencia pública para discutir el pase a tarifas del nuevo PIST (precio del gas en el punto de ingreso al sistema), los nuevos cuadros tarifarios podrían ser impugnados judicialmente por la fragilidad del proceso burocrático en que incurrió el ente regulador.

Este medio publicó el 23 de mayo que el ente regulador dudaba en torno a si convocar o no a una nueva audiencia. Lo que no estaba en los planes de nadie es que el propio organismo admita abiertamente que no cumplió todos los pasos necesarios para garantizar la participación ciudadana en la discusión por las tarifas reguladas del fluido.

Bernal incluso fue más allá y dejó por escrito que el gobierno se salteó la instancia para definir la razonabilidad de las tarifas. Trazó, de ese modo, un guiño ineludible con el falló Cepis de la Corte Suprema de 2016 que derogó los aumentos aplicados por el ex ministro Juan José Aranguren bajo el argumento de que las facturas deben ser justas, asequibles y razonables.  

Obediencia debida

“Es increíble, los considerandos preparan el camino argumental para que cualquiera pueda presentar un amparo en la Justicia para frenar las subas”, explicó un encumbrado directivo del sector. Lo del interventor del Enargas es directamente un sincericidio que compromete la sustentabilidad legal de los nuevos cuadros tarifarios.

En lugar de alinearse y resaltar que en lo que va de 2022 ya se realizaron tres audiencias públicas para discutir el funcionamiento del sector de gas natural —y que en ese plazo, si se contempla la suba que empezará a regir este miércoles, las facturas aumentarán sólo un 40% contra una inflación que se proyecta por encima del 60%—, el directivo ordenó plasmar en los considerandos una serie de interpretaciones que debilita la posición de poder del gobierno que integra.

Por cómo está estructurada, se desprende que la resolución firmada por Bernal intenta construir una especie de obediencia debida según la cual el interventor del ente regulador debió modificar las tarifas de gas sólo por instrucción directa de la Secretaría de Energía y por ende, del Ministerio de Economía que dirige Martín Guzmán. Agrega, además, que en ese proceso irregular, el ente regulador omitió recaudos básicos que surgen del marco regulatorio vigente.

Nueva audiencia

 “Este organismo ha cumplido mediante la presente lo ordenado expresamente por la Resolución N° 403 -SE (…) sin perjuicio de todos los procedimientos de análisis y de participación ciudadana que le correspondan”, advierte el artículo 6 de la normativa publicada este miércoles por el ente. Renglón seguido, adelanta que convocará a una nueva audiencia pública para discutir la variación del precio del gas dispuesta por la Secretaría de Energía.

Como legalmente se precisan entre 25 y 30 días corridos de anticipación para concretar esa cita, es probable que hacia fines de junio y principio de julio, Bernal realice una nueva audiencia para debatir sobre las tarifas que entraron en vigencia hoy.

A confesión de parte, relevo de prueba

¿Es lógico y, más importante aún, es legal realizar una audiencia con fines retrospectivos para poner en común una decisión que ya se tomó y está operativa? Más bien parece que el Enargas está exhortando indirectamente a las asociaciones de consumidores a presentar una medida cautelar en su contra.

En palabras de Bernal: “Corresponde indicar que el proceso de traslado del precio del gas a la tarifa final comprende (..) el análisis de los contratos respectivos y el tratamiento de las diferencias diarias acumuladas (DDA); y que, en ese sentido, a la fecha de emisión de la presente, no se cuenta con todos los recaudos normados para llevar adelante los procedimientos antes indicados, lo que deberá efectuarse dada las expresas ordenes de la Secretaría de Energía y los compromisos asumidos por el Estado Nacional cuando aquellos se encuentren reunidos”.

En resumen, el interventor admite que el ente regulador no realizó los estudios contractuales debidos ni calculó las DDA’s que le corresponden a cada distribuidora. Puede parecer insólito, pero en lugar de defender su accionar, Bernal hizo lo opuesto: dejó abiertos una gran cantidad de flancos para que lo impugnen. Quizás ese era su objetivo real.