El mundo está embarcado en el compromiso de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En el ámbito de la energía se apuesta por la descarbonización de la matriz energética. Hay metas temporales que los países fueron acordando, no sin discusiones y contratiempos, en las conferencias convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La COP21 realizada en París en 2015 fue un hito en este sentido y este año en la COP26 de Glasgow nuevamente el mundo discutió qué hacer ante el cambio climático y cómo cuidar el planeta. No es ninguna novedad que la agenda de la transición energética llegó para quedarse. Cada vez son más los países que ponderan la generación de energía a partir de fuentes renovables.
En la Argentina está vigente una normativa que establece un régimen de fomento para el sector e impone como objetivo que hacia el año 2025 un 20% de la matriz local sea verde. Más allá de que finalmente se cumpla o no esta meta, lo cierto es que los recursos naturales que hacen falta para generar energía limpia están. El sur del país cuenta con uno de los mejores vientos que hay en el planeta y en el norte hay una excelente radiación solar para aprovechar la energía fotovoltaica. También el país tiene un valor diferencial para generar energía verde a partir de pequeñas hidroeléctricas, biomasa y biogás. Como sucede con Vaca Muerta o la minería, una vez más los recursos naturales con los que cuenta el país se destacan en el mundo.
Sin embargo, en la Argentina las energías renovables necesitan salir de la siesta en la que entraron con la crisis económica de 2018 y la pandemia. No alcanza con tener buenos recursos. En la industria hay un consenso claro respecto de que hacen falta otras condiciones para reimpulsar más proyectos. En el panel «Renovables: cómo reactivar el desarrollo en la Argentina. El hidrógeno como alternativa» del Energy Day –evento organizado por EconoJournal a fines de noviembre–, distintos ejecutivos de empresas de energías renovables coincidieron en que este sector necesita señales políticas concretas para avanzar con nuevos desarrollos.
En el panel participaron Martín Brandi, CEO de PCR; Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia y vicepresidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA); Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina; José Bazán, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; y Juan Cruz Azzarri, socio fundador del estudio MHR ABOGADOS. Los ejecutivos coincidieron en la potencialidad que tienen las energías limpias en el país y en las necesidades para que se establezcan reglas de juego a largo plazo. Estabilidad macroeconómica, previsión, acceso a las divisas y mejores condiciones para conseguir financiamiento a tasas sostenibles son demandas que se repiten seguido entre las compañías.
Los disertantes también compartieron el reclamo para que, en el corto plazo, el gobierno avance lo más rápido posible en políticas para dinamizar este sector. Entre las medidas que más mencionaron aparece la de liberar la prioridad de despacho que hoy tienen proyectos adjudicados en las distintas subastas del programa RenovAr y que no se construyeron. Según los cálculos que hacen en el ámbito privado y en el gobierno, hay entre
1.500 Mw y 2.000 Mw que están ocupando prioridad de despacho. Muchos de ellos en realidad no son proyectos concretos sino que son solamente carpetas acumuladas en la Secretaría de Energía porque, por distintos motivos, nunca se llevaron a cabo. Además, los ejecutivos coincidieron en la necesidad de que el gobierno avance en la ampliación de las redes de transporte eléctrico para evacuar la generación de energía renovable.
Liberar para crecer, transportar para aumentar
Claudio Cunha es el Country Manager de Enel Argentina y contó que el grupo italiano tiene 50.000 Mw de capacidad instalada de energías renovables en el mundo, de los cuales 16.000 Mw están en Latinoamérica, y que planea multiplicar por tres esa cifra para el año 2030. Destacó que para desarrollar las renovables en la Argentina «se necesita mayor transparencia y estabilidad en el marco regulatorio». En cuanto a las políticas públicas, añadió que «tenemos la necesidad de desarrollar el sistema de transporte para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume, pero se necesitan señales políticas». «La Ley está, lo que necesitamos son señales específicas como nuevas licitaciones para construir líneas de transmisión. Si no logramos destrabar esto, lo más probable es que no podamos llegar a cumplir con las metas que marca la normativa», agregó. «El capital privado puede hacer las obras una vez que tenga reglas claras establecidas. Si necesitamos construir 1.000 kilómetros de una red de transmisión, queremos saber cómo van a ser remunerados, con qué contratos y a cuántos años, por ejemplo», explicó Cunha.
Por su parte, Martín Brandi detalló que PCR es una empresa petrolera que nació hace 100 años en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero que a partir de la aprobación de la Ley 27.191 de 2015 decidió ingresar al mercado de las energías renovables como generadora. «Fue una transición que atravesamos de manera muy rápida. De no tener nada, pasamos a contar con 330 Mw eólicos en operación comercial y recientemente logramos la adjudicación de capacidad de transporte para tres proyectos que buscan abastecer a clientes industriales», sostuvo el ejecutivo.
«Continuamos produciendo hidrocarburos, que es algo que todavía el mercado necesita. El gas es un combustible que facilita mucho la generación de renovables y queremos ser cada vez más una empresa que se dedique a desarrollar energías renovables con foco idealmente en clientes privados. Creemos que el mercado argentino tiene una madurez mínima para depender de los clientes industriales y no necesitar tanto de subastas a nivel nacional de contratos de abastecimiento», agregó el CEO de PCR.
Al momento de identificar los problemas a resolver, Brandi aseguró que «estamos viendo claramente un escollo, compartido por los actores de esta industria, que es la falta de capacidad de transporte». También advirtió sobre un uso deficiente de la infraestructura existente. «Si se estudia la real simultaneidad de despacho de distintos proyectos, seguramente haya lugar para incorporar algunos megas más hasta que se puedan lograr las obras necesarias en infraestructura», remarcó. Brandi detalló que hay proyectos de RenovAr que no se hicieron de las rondas 1, 1,5 y 2 y que probablemente no se vayan a materializar. «Tener esa capacidad de transporte bloqueada no tiene mucho sentido», sostuvo. Por otro lado, aseguró que, cuando las renovables comienzan a sumar penetración, se pueden hacer estudios de simultaneidad que consisten en precisar cuán probable es que se despachen todos los proyectos del país en potencia nominada al mismo tiempo. «La probabilidad de ocurrencia de eso es cero, entonces suponer que se va a dar es un escenario muy conservador. Con el tiempo, Argentina va a ir teniendo una gimnasia en la administración de un parque renovable grande y eso permitirá encontrar que hay algo más de lugar que no deja de ser un pequeño puente hasta que llegue la nueva infraestructura», añadió.
Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de la compañía Genneia y vicepresidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA) –entidad que agrupa al 75% de la generación eólica del país–, también puso el foco en la necesidad de liberar capacidad de transporte. «En el país hay una cantidad de proyectos del RenovAr que aún no han avanzado y están en diferentes estadios. Venimos dialogando en buenos términos con las autoridades de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Energía Eléctrica, y estamos avanzando en normas que permitan la liberación de esa capacidad de transporte», comentó. «La resolución también podría dar la oportunidad a aquellos actores que por algún motivo tuvieron grandes demoras en sus proyectos. Hay muchas razones por las cuales varios proyectos no han avanzado. Es decir, no solamente están los proyectos que, por decirlo de alguna manera, se subieron al tren de las renovables con la idea de vender los proyectos del RenovAr».
Castagnino contó que el sector está esperando una definición por parte del Poder Ejecutivo para saber, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, cuál es la penalidad que debe afrontar un proyecto si se da de baja. Desde su punto de vista, la penalidad tiene que ser lo suficientemente virtuosa para atraer a que los dueños de esos proyectos se den de baja, se otorguen prórrogas o se permitan cambios para que esos proyectos tengan viabilidad y poder continuarlos.
Juan Cruz Azzarri, del estudio MHR Abogados, destacó que la estabilidad económica es lo más básico para los proyectos, y que después tienen que incorporarse regulaciones concretas para el sector. «Desde las PASO de 2019 veo poca actividad en la Secretaría de Energía para liberar la capacidad de transporte a través de incentivos económicos y evitando las fuertes multas del programa RenovAr. Desde mi punto de vista, esas penalidades eran excesivas si las comparamos con las de los proyectos bajo los contratos de Participación Público-Privada (PPP), que tenían garantías más accesibles para las compañías», sentenció Azzarri.
De todos modos, el director de Genneia destacó que «el mercado corporativo (Mercado a Término de Energías Renovables) va a ser el principal driver de crecimiento de las energías renovables en los próximos años. Hay una cantidad enorme de empresas, argentinas y multinacionales con base en Argentina, que están necesitando cambiar su matriz energética, empezar a comprar renovables, porque tienen una presión muy fuerte a nivel internacional y local para llegar a ciertos objetivos y metas si quieren encarar una transición total de sus plantas productivas».
La fragilidad de la macro
Respecto de la crítica situación económica que atraviesa el país –un punto que marcaron con énfasis todos los panelistas–, Cunha (Enel) destacó: «Todos sabemos que hay una restricción fuerte en los dólares, pero las inversiones requieren traer equipamiento del exterior. Creemos que hay que buscar una forma de viabilizar esto porque, con todo el potencial que tiene el país, se genera energía que puede ser exportada y así obtenerse divisas. Argentina tiene un lugar privilegiado dentro de América del Sur porque conecta varios países».
Sobre este punto, Azzarri (MHR Abogados) señaló que «sin estabilidad macroeconómica ningún financiamiento se torna muy viable en la Argentina. Con un riesgo país tan alto y con las restricciones cambiarias, nuestra experiencia indica que cuando un proyecto avanza a instancias de financiamiento, los organismos financieros ponen muchos requisitos a los proyectos y los financiamientos se vuelven muy caros. Es decir, sin estabilidad económica seria y sin que la macro esté saneada y el riesgo país baje, los financiamientos se vuelven muy caros». ×
