El gobierno nacional tendría en carpeta subir las retenciones al biodiésel, producido a base de soja, como parte de las medidas antiinflacionarias que prevé anunciar desde este viernes, según lo anunciado ayer por el presidente, Alberto Fernández.
Fuentes del sector exportador de biodiésel al tanto de las conversaciones entre el sector y el gobierno sobre esta medida indicaron a EconoJournal que el Poder Ejecutivo podría incrementar los derechos de exportación a este producto. Las retenciones para el biodiésel hoy son del 29%, pero podrían incrementarse hasta 33%, similar a las alícuotas que implementaría el gobierno para el aceite de soja y la harina. En 2021 las cerealeras argentinas exportaron a Europa (único mercado que tuvo porque Estados unidos bloqueó las importaciones al país en 2018) alrededor de US$ 1.000 millones.
DNU listo
Según las mismas fuentes, el gobierno ya tiene redactado el Decreto de Necesidad y Urgencias sobre las retenciones a estos productos que el país vende en el mercado internacional y podría sumar también al biodiésel.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Energía descartaron que sea la cartera que dirige Darío Martínez la que está interesada en incrementar la alícuota de los derechos de exportación a este bicombustible.
De hecho, la cartera energética mantuvo ayer y hoy reuniones con representantes de las cámaras de bioetanol y biodiésel, que están interesados en incrementar lo más posible la oferta disponible de biocombustibles para el corte con combustibles fósiles, dada la preocupación del gobierno en recortar todo lo que se pueda la importación de gasoil, que hoy se paga a precios récord. Incluso, hay complejidades serias para acceder al producto en el mercado internacional.
Contexto de guerra
Con el último dato sobre la inflación de febrero, que trepó a 4,7% y marcó una suba de 52,3% interanual, el gobierno sufrió un revés en sus intentos -hasta ahora en vano- de contener la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el INDEC.
La medida que planea el Ejecutivo tiene la intención de ponerle un freno a la suba de los productos locales en medio de la escapada de los precios internacionales provocada por la guerra en Ucrania, que impulsó abruptamente el valor de los commodities, sobre todo los vinculados a la energía y los alimentos.
