El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía están terminando de definir lo que funcionarios bautizaron como una “ley corta impositiva” del sector energético. El proyecto apunta a introducir cambios importantes en el esquema tributario que rige tanto en el mercado de combustibles, como en el de exploración y producción de hidrocarburos.

En la práctica, la norma retoma un conjunto de artículos se iban a tratar en la Ley de Presupuesto 2022 que fracasó por el rechazo de la oposición. Pese a la incertidumbre que existe en el Congreso desde que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, el Ejecutivo aspira a aprobar la iniciativa en las próximas semanas. Necesitará, para eso, el apoyo de parte del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja, por lo que se descuenta que el papel de Sergio Massa, presidente de la cámara baja, será clave.  

Según indicaron fuentes oficiales a EconoJournal, el proyecto incluirá unos 10 artículos que estaban presentes en la fallida Ley de Presupuesto 2022 que modifican el esquema tributario que grava la venta de naftas y gasoil. En esa clave, la norma ordena el restablecimiento de alícuotas porcentuales para calcular el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, tal como existía hasta 2017 cuando pasaron a ser expresados como valores fijos actualizables cada tres meses en función de los inflación.

En una economía inflacionaria como esta, tanto funcionarios de la Secretaría de Energía como directivos de empresas petroleras coinciden en señalar que la actualización del ICL por inflación se convirtió en los últimos años más en un problema que en una solución porque genera una tensión adicional sobre los precios.

El proyecto de Ley que están terminando de definir colaboradores de Martín Guzmán —quien coordina la redacción es Demian Pañigo, director de YPF en representación del ministro de Economía— autorizará también la importación desgravada de combustibles a fin de compensar la escalada del precio internacional del crudo, que encareció la compra de derivados del crudo desde el exterior.

Al modificar cuestionarios impositivas, el Gobierno precisa que los cambios se aprueben por Ley.

Ajuste por inflación

A su vez, la ‘Ley corta’ reestablecerá el artículo 115 de la Ley de Presupuesto 2022, que contemplaba la prórroga del régimen vigente desde 2020 para calcular el ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias. Es un pedido central que trasladaron varias petroleras al gobierno en diciembre y enero, tal como informó este medio a mediados de enero.

En la práctica, el texto que figuraba en el Presupuesto 2022 prorrogaba la exención establecida en 2020 sobre lo estipulado en la reforma impositiva de 2018 para liquidar el Impuesto a las Ganancias. La exención autorizaba, en la práctica, a cancelar el ajuste por inflación del impuesto en varias cuotas en lugar de hacerlo en un solo pago, como se había fijado durante la reforma que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.

Expertos tributarios explicaron que frente al atraso del tipo de cambio contra la inflación que se registró en 2021, el esquema incluido en la reforma fiscal perjudica a las empresas que tienen flotas amplias de bienes de uso valorizados en dólares y líneas crediticias tomadas en moneda extranjera como es el caso de varias petroleras.

“El ajuste por inflación del impuesto a las Ganancias solo se aplica a los activos y pasivos monetarios y esto le genera a las empresas con una posición financiera deudora una falsa ganancia monetaria, que es gravada por el impuesto”, explicaron en una empresa. “Termina generando una ganancia ficticia en los libros contables de las compañías”, agregaron.

Por eso, varias petroleras consultadas por este medio indicaron que, de no haber cambios en el sistema actual, el incremento del costo fiscal terminará redundando en una reducción de las inversiones productivas en el sector de Oil&Gas a fin de pagar el impuesto a las Ganancias.

Guiño a YPF

A su vez, la Ley impositiva que prepara el Ejecutivo incluye el artículo 74 del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que el Presidente presentó en septiembre del año pasado, pocos días después de la derrota en las PASO, pero nunca llegó a tratarse en el Congreso por la falta de consenso interno dentro del Frente de Todos.

https://econojournal.com.ar/2021/08/combustibles-preocupacion-entre-refinadoras-por-el-posible-impacto-en-surtidores-de-un-articulo-sobre-quebranto-fiscal-de-la-ley-de-hidrocarburos/Ese norma formaba parte de un apartado denominado de ‘Quebranto fiscal’, que preveía un régimen especial para cancelar deudas con las AFIP. Es una norma que beneficia casi exclusivamente a YPF, la petrolera controlada por el gobierno que a su vez es el mayor jugador de la industria.

El artículo 74 de la Ley de Promoción establecía que “los sujetos pasivos de los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono establecidos en el Título III de la Ley N° 23.966, que hayan invertido en el bienio 2019-2020 más de US$ 1000 millones cada año, podrán acogerse al Régimen Especial de Cancelación”. En esa clave, la norma permitía que “por el término de 3 años contados desde la entrada en vigencia de esta ley, los sujetos mencionados en el artículo 74 podrán cancelar hasta un importe equivalente al 30% de sus obligaciones tributarias a vencer dentro del período citado, correspondientes a los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, considerando como pago a cuenta un importe equivalente hasta la suma que resulte de multiplicar los quebrantos provenientes de todas sus actividades”.

De aprobarse, el proyecto permitirá que la petrolera que dirige Pablo González pueda cancelar su deuda impositiva con las pérdidas registrados en su balance, entre otros motivos, por el congelamiento del precio de los combustibles durante la mayor parte del bienio 2021-2021.