Algo falló el 2 de febrero pasado. El procedimiento, que en episodios anteriores no había registrado fisuras, no salió como estaba previsto. El punzado del oleoducto que une la terminal de petróleo de Bahía Blanca con la refinería de YPF en La Plata se descontroló. Fue el principio del fin para la banda criminal que llevó adelante la mayor estafa de petróleo en la historia argentina.

Ese día de principios de febrero, en pleno verano, la pinchadura de la tubería a la altura progresiva del kilómetro 75 ubicada en la localidad de Coronel Dorrego tuvo un desenlace fatal. Una defectuosa manipulación del oleoducto devino en una fuga que se tornó incontrolable y terminó provocando un incendio. En cuestión de segundos las llamas se expandieron por la manguera que estaba conectada con el camión cisterna, que explotó. El conductor del vehículo falleció carbonizado.

En retrospectiva, ese suceso desgraciado fue la punta del ovillo que les permitió a los investigadores apresar, siete meses más tarde, a una veintena de personas acusadas integrar una organización que robada, procesaba y comercializaba petróleo y derivados en instalaciones emplazadas con al menos tres provincias argentinas.

En un decomiso realizado la semana pasada —que se bautizado como “operación Punzar”—, la Justicia realizó una serie de allanamientos en simultáneo en varios establecimientos en los que secuestró 12 millones de pesos, 3.700 dólares, 2.485 euros y 1.010 pesos bolivianos.

Cambio de paradigma

El siniestro arrojó múltiples puntas y abrió un nuevo escenario para los investigadores. El cruce de llamadas desde el teléfono celular de la persona fallecida puso a varios de los hoy detenidos en el mapa. Fue clave en el diseño de la investigación un cambio de abordaje criminal que propuso el área de Seguridad de YPF, hoy liderada por Diego Gorgal. En lugar de poner el foco en la sustracción ilícita de petróleo, se empezó a trabajar sobre la hipótesis —luego confirmada— de que existía un mercado ilegal de petróleo en donde se comercializaba el producto robado.

• ¿Cómo funcionaba hasta entonces el protocolo empleado por YPF cuando se constataba una pinchadura en un oleoducto? Se radicada la denuncia policial correspondiente, se acentuaban los patrullajes en la zona de sustracción y poco más.  

Con el nuevo lineamiento, se comenzaron a buscar instalaciones industriales con capacidad para procesar ese crudo. Las fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y María Tucci tuvieron un papel determinante en ese punto. Reflotaron una investigación abierta por una denuncia ambiental en Valentín Alsina para determinar que en ese predio se había montado una destilería rudimentaria que funcionaba como centro logístico de los combustibles que vendía la organización criminal.

Siete meses

El departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal solicitó la intervención de más de 30 líneas celulares y una decena de seguimientos, que se extendieron durante siete meses. Se constató que la organización criminal estaba diseñada para operar en red. Es decir, múltiples actores entraban y salían de la operación en forma temporal y sin contacto entre sí.

El principal socio capitalista estaba asentado en Olavarría y la organización tenía bases en varias localidades de la provincia de Buenos Aires como La Matanza, Hurlingham, General Rodríguez, Pilar y Ramallo. Y también en Neuquén con actores radicados en Cutral Co y otros puntos de la provincia.  

Los investigadores recurrieron a una base de datos de la Secretaría de Energía para ubicar pequeñas destilerías en la región metropolitana. Se desempolvó el listado de instalaciones que en 2006 se inscribieron al programa Refino Plus, un programa lanzado por el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Así se confirmó, por ejemplo, la participación en el ilícito de la destilería Degab, ubicaba en Ramallo, y de los hermanos Néstor y Carlos Panagópulos, ex titulares de la planta EET en Pilar, que operaban un centro logístico en La Matanza.

Además, se detuvo en Neuquén a un empleado de YPF que integraba el área de Upstream de la petrolera controlada por el Estado. Está acusado de oficiar como nexo interno con la organización criminal. Y se detectó una pata política a partir de la detención de Gerardo Rodríguez, un conocido puntero de Lanús, y Alberto Torres, concejal del mismo distrito por el bloque Juntos por el Cambio. 

Aún en consolidación

Aunque la robustez de la red que desarmó la investigación judicial impresiona por su tamaño —se estima que la organización facturaba más de US$ 5 millones por año—, los investigadores aseguran que el negocio clandestino de crudo todavía está en una fase germinal en la Argentina. En otros países de América latina, la envergadura de este delito es mucho mayor. En México, por ejemplo, la comercialización de combustibles robados representa un 12% del mercado de gasolinas y gasoil.

Para llevar adelante las punciones, como se denomina a la modalidad de pinchar los oleductos por donde se transporta el petróleo, los ladrones tenían dos modos de operar. La más sofisticada y que requería más financiación consistía en alquilar un campo por el que sabían que pasaba el oleoducto.

Una vez adentro, con una retroexcavadora construían piletones cerca de la cañería que luego cubrían con lonas especiales para impermeabilizar el suelo. Después hacían la punción en el caño con una herramienta especial y la unión denominada “boca de pez” para poder sacar el combustible.

Entonces, a través de mangueras, lo llevaban hasta los piletones que dejaban llenarse mediante un “goteo” durante uno o dos meses. Sabían que si sacaban más iban a ser detectados por el sistema de control de flujo de la compañía.

Una vez que las piletas clandestinos se llenaban, el crudo se cargaba a camiones cisterna que lo transportaban a las plantas de procesamiento. La otra modalidad era entrar por la noche a un campo, hacer la punción y luego conectar varios tramos de manguera hasta la ruta donde esperaba el camión cisterna.