Por efecto del congelamiento tarifario, las distribuidoras de gas empezaron a diferir el pago de sus obligaciones comerciales. La semana pasada, Metrogas le comunicó a sus proveedores de gas que no pagará los volúmenes tomados del sistema durante julio, agosto y septiembre, los meses de mayor consumo residencial del hidrocarburo. En rigor, la medida no sorprende. Es más bien la crónica de un escenario anunciado que se ve venir desde hace meses. En el primer semestre la compañía registró una pérdida de 1666 millones de pesos.

A principios de año, antes incluso de la pandemia que afectó la cobrabilidad del sistema, la mayoría de las distribuidoras admitía que si no había una recomposición de tarifas —que permanecen sin cambios desde abril de 2019— o una asistencia financiera a cargo del Tesoro, a partir del último cuatrimestre del año empezarían a tener inconvenientes para pagar el gas que compran a las petroleras por la caída de sus ingresos reales.

Metrogas fue la primera en dar un paso en esa dirección. La distribuidora controlada por YPF, la que más usuarios tiene en el área metropolitana, envió el viernes una nota a los productores —con copia al Enargas— en la que comunica oficialmente su decisión, tal como publicó La Nación.

En la práctica, Metrogas hizo una especie de roll-over de su deuda comercial con las petroleras sin la conformidad, claro está, de los productores. En 2019 la empresa había dejado de pagar el gas consumido en agosto y septiembre. Luego llegó a un acuerdo para regularizar con intereses esa deuda, que se empezó a cancelar en cuotas a partir de 2020. En total, el pasivo financiero de Metrogas ronda los $ 8000 millones. 

Como sus ingresos están congelados, Metrogas decidió seguir pagando el acuerdo por la deuda del año pasado sobre el que pesan avales ejecutivos. Y negociará una refinanciación de la deuda generada en 2019.

Señales contradictorias

Dos meses atrás el interventor del Enargas, Federico Bernal, solicitó por separado a cada distribuidora un informe detallado de su situación de caja con vistas a otorgar una asistencia financiera a los privados a cuenta de un aumento tarifario a futuro y con el objeto también de solventar obras en las redes de distribución. Pero el intento no se materializó. Y con los recientes cambios en el área energética, que pasó bajo la órbita del Ministerio de Economía tras el nombramiento como secretario de Darío Martínez, el tema no parece estar hoy en el tope de prioridades del gobierno.

La agenda ecléctica de Bernal, un funcionario referenciado en el cristinismo, ofrece señales contradictorias. En forma recurrente publica informes de prensa en los que denuncia, desde una mirada revisionista, la política tarifaria reciente que llevó adelante el macrismo e incluso reivindica cuestiones ligadas a los gobiernos kirchneristas. Propone la anulación de las Revisiones Tarifarias (RTI) que aprobó el gobierno anterior, pero al mismo tiempo les dice a las empresas que les otorgará una asistencia económica para que pasen el congelamiento. Lo concreto es que en casi seis meses de gestión (Bernal fue designado el 17 de marzo), el ente regulador no logró encauzar una situación que se descontaba que iba a pasar. En el propio sindicato del Gas que conduce Pablo Blanco admiten que las señales que surgen del ente regulador son contradictorias.

Malestar de las petroleras

El gremio consiguió en junio que las empresas reguladoras (distribuidoras y transportistas) accedieran a pagar una suma no remunerativa de $ 8000 pesos por mes a partir de julio. Ese bono se pagará por tres meses (el último con el salario de septiembre) y desde octubre se otorgará un aumento salarial del 12%, según lo acordado con el sindicato por Metrogas. Luego se sumaron Camuzzi y Naturgy. TGS y MEGA, dos empresas radicadas en Bahía Blanca, otorgaron una recomposición mayor.

Consultados acerca de cómo se pagará ese aumento si los ingresos de las compañías gasíferas están congelados, fuentes sindicales señalaron que el gobierno otorgará una asistencia económica a las empresas. Habrá que ver si el Enargas impulsa esa medida en las próximas semanas.

El aumento salarial otorgado por las distribuidoras generó un evidente malestar en las petroleras. Lejos de otorgar subas, YPF y PAE, las dos mayores productoras de gas, recortaron el sueldo de sus empleados entre un 25% y un 10% en junio para cuidar su caja, que se vio severamente afectada por la caída del precio internacional del crudo.

“Entendemos que la situación es complicada por el congelamiento. Pero no se puede ser tan irresponsable de otorgar en medio de esta crisis un aumento salarial al personal bajo convenio cuando la mayoría de los operarios ni siquiera está yendo a trabajar”, cuestionó el gerente comercial de una petrolera. “Es más fácil dejar de pagar el gas que pararse frente a los gremios”, agregó.