El Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, presentó información en la causa “Lopetegui Gustavo y otros/ Malversación de caudales públicos” sobre irregularidades en el cálculo de penalidades. Se trata de informes y documentación respaldatoria aportada por el ente regulador sobre “la auditoría realizada al ´Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones locales´ concretado el 10 de mayo de 2019”, señala el organismo en un comunicado difundido hoy.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 (Causa N° 5059/2019, Fiscal N° 27808/2019). La presentación del ENRE se da en el marco de una avanzada por parte de los intendentes del sur del conurbano y algunos funcionarios del gobierno nacional contra la distribuidora Edesur.
El acuerdo al que hace referencia Basualdo fue realizado por el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui (el último titular de la cartera energética del gobierno de Mauricio Macri), y el ex secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, con las empresas Edenor y Edesur. El acuerdo se concretó en el marco del traspaso de jurisdicción del servicio público de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo fue “poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas generadas” por el congelamiento tarifario de los últimos años y la Revisión Tarifaria Integral de 2016.
En la causa penal mencionada se investiga si Lopetegui y Garade realizaron “maniobras de administración presupuestaria que podrían haber generado beneficios económicos indebidos a favor de las concesionarias Edenor y Edesur”.
El mismo comunicado difundido hoy por del ENRE agrega: “la documentación presentada a la Justicia también aporta información concreta sobre la realización de una reunión secreta en 2019 donde el entonces directorio del ENRE, encabezado por Andrés Chambouleyron, definió rechazar la instrucción del ex secretario de Energía (Gustavo Lopetegui) que disponía la ejecución del acuerdo”.
El acuerdo
“La Intervención del organismo detectó irregularidades en el cálculo de las multas y otros montos que integran el objeto del acuerdo”, agrega el comunicado. “Se contabilizaron tanto las acreencias reclamadas por Edenor y Edesur al Estado nacional por el congelamiento tarifario, así como las deudas por sanciones acumuladas por las empresas”, añade.
Y continúa: “para la cuantificación de estas obligaciones, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo ´ad hoc´ (sin ninguna justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias”.
Según la nota de Federico Basualdo, este método “ad hoc” invirtió el carácter de los resultados: “las concesionarias pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras”. Si se emplea el mecanismo de cálculo oficial, resulta que Edenor le debería al Estado 10.898.123.312 de pesos y Edesur 15.501.463.952 de pesos, según el actual titular del ENRE.
En cuanto a las deudas de las concesionarias con el Estado, “fueron subvaluadas en un total de 9.453 millones de pesos para el caso de Edesur y 7.731 millones de pesos para el caso de Edenor.
