Tras un par de semanas de conversaciones informales con provincias, productores y refinadores de petróleo, el gobierno aceleró hacia la firma de un acuerdo temporario con la industria hidrocarburífera para definir cuánto valdrá el petróleo en la Argentina durante los próximos meses. La novedad es que ayer fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que el titular de la cartera, Matías Kulfas, se involucró personalmente en esa agenda con la intención de llegar a un entendimiento en los próximos días, aunque aclararon que no hay un deadline para llegar a ese punto.  

Gobernadores de provincias petroleras solicitaron el establecimiento de un precio sostén del barril de entre 52 y 54 dólares en el mercado interno en un esquema similar al que se implementó en 2014 tras una fuerte caída del precio del petróleo internacional. A diferencia de aquella vez, ahora no hay un nivel de actividad que sostener. La perforación, que ya venía en baja desde el shock provocado por el congelamiento de precios dictado por Mauricio Macri en agosto pasado, se detuvo totalmente la semana pasada por efecto del coronavirus. Las ventas también se derrumbaron: el despacho de combustibles en surtidores se desplomó un 80%. Técnicamente, hoy no hay actividad petrolera que defender. De ahí la complejidad del asunto.

En cambio, el acuerdo temporal que intentará cerrar el ministro Kulfas apunta a sostener al menos el nivel de empleo. Frente a la parálisis, las empresas productoras y de servicios prevén comenzar a reducir sus plantillas. En esa dirección, enviarán al Ministerio de Trabajo un pedido de apertura formal de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para manejar la situación de miles de operarios a nivel nacional, tal como informó este medio el viernes.  

El acuerdo de precios por 60 o 90 días en el que trabaja el gobierno buscará frenar esa sangría. El entendimiento debería estar resuelto, en rigor, esta semana dado que allí se fijarán los precios de comercialización de crudo durante el mes de abril. Sin embargo, la definición podría extenderse y tener carácter retroactivo al 1º de abril.

• ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?

EconoJournal consultó a funcionarios del gobierno nacional, de las provincias y a directivos de petroleras y de compañías de servicio. En el Ministerio de Desarrollo Productivo el tema está en manos de tres: el ministro Kulfas, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y de Ramiro Manzanal, asesor de extrema confianza del ministro que el viernes fue designado como director titular en YPF, donde encabezará además el comité de Auditoría de la petrolera bajo control estatal.  

• La fórmula y los detalles del acuerdo aún no están definidos. Lo que se conoce es cuál es la posición de cada uno de los actores involucrados. Los productores integrados (YPF y Pan American Energy, controlante de Axion Energy) y las refinadoras Raízen (que opera la marca Shell) y Trafigura (dueña de las estaciones Puma) ofrecieron pagar, en conversaciones iniciales con el gobierno, 40 dólares (o incluso menos) por el crudo que compren en abril. La semana pasada llegaron ofrecer menos de 30 dólares por barril a pequeños productores. Los productores no integrados (Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol, Vista Oil&Gas y Sinopec, entre otras) pretenden cobrar unos 50 dólares por el crudo Medanito que se extrae en la cuenca Neuquina. Mientras que las provincias apuntan a percibir entre 52 (Neuquén) y 54 dólares (Santa Cruz).

Discutir sobre números en un escenario que cambia día a día es complejo y hasta fútil. Con las destilerías operando al mínimo porque no se vende combustible, las refinadoras no están comprando crudo. Por eso, productores y refinadores están acopiando en tanques la mayor parte de lo que extraen o destilan. Lo central no es a cuánto se comercializará el petróleo en abril porque la demanda caerá un 50% o 60%. Pero sí es importante conocer qué señales da el gobierno para atravesar la pandemia y llegar al otro lado del túnel. En ese terreno, el CEO de una petrolera, que pidió la reserva de nombre, señaló que hay que pensar en etapas.

“Tal vez un precio de 40 o 45 dólares no alcance para retomar la perforación, pero sí repaga trabajos de workover y pulling que impactan positivamente en el nivel de producción. Hay que defender el entramado productivo porque una vez que se rompe, no es tan sencillo de recuperar y menos en un escenario de precios bajos”, explicó. “La chance de que exista una “V” (un rápido rebote de la actividad) en la Argentina si el precio se recupera son muy bajas. Lo primero es evitar que las compañías que ya están quieran salir del país”, agregó.

 Para las provincias la discusión del precio a cortísimo plazo sí es relevante porque que cobran regalías —que fundamentalmente pagarán YPF y PAE, las dos petroleras integradas, que además explican un 70% de la actividad del upstream a nivel nacional— sobre el precio de venta del petróleo. Por eso reclaman un precio sostén de 52/54 dólares pese a que, en los hechos, no hay actividad que sostener porque el 90% de los operarios petroleros está cumpliendo la cuarentena. El valor que piden es demasiado elevado, coinciden en el gobierno.

Dos relojes de arena

La decisión del gobierno es la de encontrar un acuerdo con el sector petrolero con la mirada puesta en un escenario post-Covid-19, aún cuando no tengan en claro cuánto demorará ese punto. En el entorno del ministro de Desarrollo Productivo creen que la demanda de combustibles comenzará a reactivarse en mayo y trabajan sobre la base de esa creencia. Es probable que en el segundo semestre el consumo de combustibles promedie una baja del 10% o 20% que el mismo período de 2019. Pero en la cartera saben que no pueden darse el lujo de desarmar un sector estratégico como el hidrocarburífero. Para un país con los problemas de restricción externa que tiene la Argentina sería peligroso comenzar a importar petróleo y gas como sucedió entre 2010 y 2015. De ahí la necesidad de alcanzar un acuerdo en etapas que garantice, cuanto menos, que los equipos de perforación y fractura que están hoy en stand by (sin trabajo) se quedarán en el país y no serán redirigido hacia otros países por empresas de servicios como Schlumberger, Halliburton, HyP, Weatherford y San Antonio, entre otras.

“Si las empresas empiezan a sacar sus equipos de la Argentina no hay garantía de que los vuelvan a traer cuando se necesiten y menos si el precio del petróleo se queda por un tiempo largo en la banca de los 30 y 40 dólares”, analizó el presidente de una petrolera.

Con ese mar de fondo, la negociación entre las partes estará modulada por dos relojes de arenas.

1. Las empresas productoras y refinadoras saben que no pueden enroscarse demasiado en una discusión antagónica sobre cuál debe ser el precio interno del petróleo. El riesgo es que, si los privados no se ponen de acuerdo, el gobierno termine zanjando la discusión promoviendo una baja del precio de los combustibles en surtidores para llevar el valor doméstico del petróleo hasta la paridad de importación. Es probable que el fantasma del import parity termine alineando a productores, refinadores y provincias en un punto intermedio a lo que cada uno pretende. Por lo bajo, varias empresas aceptan esa realidad. Advierten que entorpecer la negociación con Kulfas podría dar lugar al ala más radical del área energética que tomó el control del Enargas y de IEASA (ex Enarsa). Por eso, lo más probable es que el precio interno del crudo se ubique cerca de los 45 dólares. De la extensión del acuerdo dependerá también si se define algún tipo de sendero de precios del barril que evolucione en función de lo que pase con el tipo de cambio. “Si nos ofrecen una cifra en dólares, es importante saber que ese valor se va a mantener más allá de lo que pase con el dólar”, indicaron desde una productora no integrada.
2. La necesidad que tiene el gobierno de evitar una oleada de despidos masivos de trabajadores es el segundo reloj de arena. Sólo en el upstream (exploración y producción), una crisis tan profunda como la que se vive en el mundo —en EE.UU. se anticipa que el precio del barril podría ir camino a ser negativo por la ausencia de demanda a raíz del confinamiento— pone en riesgo la continuidad de unos 30.000 trabajadores directos e indirectos, calculaban ayer en una de las grandes petroleras del país. El Ejecutivo está al tanto de ese intríngulis y por eso, el gremial es tal vez su principal motor para querer buscar un acuerdo con las empresas que garantice la continuidad de la mayor parte de esos puestos de trabajo en el cortísimo plazo. Necesitan, al menos, ganar tiempo hasta saber cuán profundo será el impacto económico provocado por el coronavirus.