Los directivos de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras de electricidad del país, ya avisaron formalmente a funcionarios del área energética del gobierno que a partir de enero dejarán de pagar parcialmente la energía que compran en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Otras compañías de la provincia de Buenos Aires y del interior del país seguirán el mismo camino. Es en respuesta a la decisión de la Casa Rosada de congelar hasta junio de 2020 las tarifas residenciales de electricidad, según publicó ayer PERFIL. 

• ¿Cómo se explica la posición de los privados?

Argumentan que como sus ingresos están congelados desde marzo de este año —y los costos aumentaron en línea con la inflación, que cerrará 2019 en torno al 50%— no cuentan con fondos suficientes para cumplir el costo de la factura que les cobra Cammesa, la compañía mixta que administra el MEM, que es controlada y fondeada por el Estado nacional. En los hechos, las distribuidoras tratarán de proteger lo más posible la consistencia de su caja.

“No vamos a hacer lo que hicimos durante el kirchnerismo cuando frente al congelamiento comprometimos el balance de las empresas (muchas terminaron con patrimonio neto negativo) por continuar pagando la factura de energía”, explicaron desde una de las grandes distribuidoras. 

La medida defensiva de las eléctricas provocará el resquebrajamiento de la cadena de pagos del sector. Hoy, el nivel de cobrabilidad de Cammesa ronda el 90% (descontando pagos excepcionales, está un par de puntos por debajo). Es decir, la mayoría de las distribuidoras eléctricas cumple con sus obligaciones económicas. Pero si Edenor, que es controlada por Pampa Energía, y Edesur, que es propiedad de Enel y Central Puerto, empiezan a incumplir los pagos a Cammesa, ese porcentaje caerá rápidamente.

Números

Edenor y Edesur venden un 40% de la energía que se consumen en el país. Si se suman Córdoba (Epec), Santa Fe (Santa Fe), el interior de la provincia de Buenos Aires (Grupo DESA, que controla Edelap) y Mendoza (Edemsa), como probablemente suceda, la sangría será todavía más veloz. 

• ¿Qué montos están involucrados?

Las transacciones económicas de Cammesa —que cubren la remuneración que perciben las generadoras eléctricas— ascienden a unos $ 50.000 millones por mes (cerca de US$800 millones al tipo de cambio oficial). De ese total, un 60% proviene de lo que pagan las distribuidoras a partir de la tarifa que abonan los usuarios domiciliarios, PyMEs y comercios —alrededor de $ 30.000 millones— y el 40% restante lo cubre el Estado a través de subsidios. 

La estrategia de cada empresa es diferente. Las grandes distribuidoras transmitieron a funcionarios del área energética que dejarían de pagar un 30% o 40% del monto total de la factura de Cammesa del mes de diciembre. Propusieron abonar el faltante en dos o tres cuotas para adelante.

Distribuidoras provinciales, en cambio, ya empezaron a sondear a gobernadores para dejar de pagar la factura de Cammesa en un porcentaje equivalente a los que les correspondería si se actualizara en enero el Valor Agregado de Distribución (VAD), como había decidido el gobierno de Mauricio Macri (en realidad, había postergado para el mes que viene la recomposición que tendría que haber habilitado en agosto de este año).

“Por la inflación, el VAD de nuestra zona de concesión debería aumentar un 24%. Le propusimos a la provincia que nos acompañe a hablar con Cammesa para llegar a un acuerdo para postergar un 25% de la factura de compra de energía en el MEM. Creemos que es justo”, explicó el presidente de una distribuidora bajo reserva de nombre. 

Daño colateral 

Si la incobrabilidad en el segmento de distribución se acentúa en los próximos meses, complicará el pago a los generadores, aguas arriba de la cadena. A medida que pase el tiempo, se requerirían mayores recursos del Estado en forma de subsidios para cumplir con la remuneración de las empresas generadoras, en especial si no se quiere afectar el pago de los contratos de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés) firmados con Cammesa. A priori, la intención de un sector del ala técnica del gobierno es respetar esos contratos.