Inicios de 2012. Miguel Galuccio aterrizó en Buenos Aires, después de más de una década en el exterior. Tenía el desafío, enorme, de asumir la gerencia general de YPF y empezó a reclutar, en sigilo, voluntades. Arrancó por quienes, 20 años atrás, habían integrado la primera y selecta camada de jóvenes profesionales con los que José Estenssoro soñó moldear a sus sucesores. Javier Rodríguez Galli –abogado, socio del estudio Bruchou– no conocía personalmente a Galuccio. Pero sí a Fernando Giliberti, con quien compartió escritorio en YPF y es uno de los más estrechos amigos del entrerriano.
Rodríguez Galli le aportó los trazos legales al business plan que Galuccio presentó en la Casa Rosada. Sin embargo, no lo acompañó, una vez instalado en la torre de Puerto Madero. El destino no tardaría en cruzarlos. Esta vez, sentado uno a cada lado de una mesa. Galuccio, en representación de YPF. Rodríguez Galli, por Petronas. Compartieron foto en Kuala Lumpur, donde se hizo el closing del acuerdo con el que la malaya hizo pie en Vaca Muerta. Galuccio no dudó en convocarlo como escudero legal cuando empezó a dar forma a ese papel en blanco que, en febrero de 2017, era Vista Oil & Gas.
Ex abogado interno de YPF (1993/1999), director de Legales de Molinos (2000/2005), Rodríguez Galli se sumó hace 13 años a Bruchou. Conoce, como pocos, el marco legal en el que se desarrollan los no convencionales.
«La Argentina tiene un marco regulatorio muy razonable. Comparable con el de cualquier país de los más liberalizados del mundo», asegura. «Es un sistema legal con el cual el mundo petrolero internacional, de primer rango, está familiarizado. Y, además, de los menos intervencionistas», subraya. Pondera la Ley de Hidrocarburos, de 1967. «Es moderna. Y la 27.007, su reforma de 2014, terminó de acomodar algunos temas fundamentales. Sobre todo, del midstream y del offshore», puntualiza.
La norma todavía es mejorable, observa. ¿En qué? «En toda la regulación del midstream –responde–. En eso, la ley se quedó algo atrás. Vaca Muerta enfrentará un importante problema de evacuación. De los troncales pero, también, de todo el sistema de captación y tratamiento en crudo, y el de captación y compresión en gas. Eso son obras millonarias. Y muy complejas: una cosa es tirar un caño y hacer un troncal, de cabecera a cabecera; y otra, cuando hay decenas de pozos horizontales, con el enjambre de pipelines y facilidades a desarrollar».
La ley actual, explica, indica que si uno tiene una concesión de explotación, le corresponde una de transporte para evacuar su producción. Puede pedirla. «Uno tiene la prioridad para despachar su propia producción. Pero, también, tiene que abrir el caño. El Estado fija una tarifa y funciona open access, a prorrata –describe–. Para construir y desarrollar toda la infraestructura de midstream, se necesitarán inversiones que muchos productores no querrán hacer. Porque preferirán invertir sus dólares en upstream. Ser transportista es otro negocio, con otra rentabilidad y otros riesgos».
«El principal instrumento que necesitamos es que los productores puedan, con quien haga la inversión en midstream, reservar capacidad en contratos de largo plazo. Esto, por dos cosas: para sacar su producción y para que la transportista, además, pueda financiar el caño», explica. Es, dice, la forma en la que estas operaciones se hacen en todo el mundo: con tarifa «ship for pay».
Las transacciones no convencionales son un desafío jurídico. «Hay cuestiones que están basadas en el cambio de paradigma del negocio», subraya. La importancia que en estas operaciones tienen los pilotos, por ejemplo. «La ley los contempla. Pero, al principio, cuando había más riesgo, muchos acuerdos previeron ventanas de salida. Que era algo que, antes, no se hacía», puntualiza.
La mayoría de los deals firmados entre 2013 y 2015 incluyeron pit-stops y cláusulas de salida. «Eso puso al abogado en un rol central», señala. Para los acuerdos de operación conjunta («JOA», por su sigla en inglés), se adoptó el modelo de la Association of International Petroleum Negotiators (AIPN). «Recién en 2014 hubo uno disponible para no convencional. Entonces, había que estar en la mesa de negociaciones con los cambios regulatorios que ocurrían en la Argentina, con los cambios que se producían en los modelos de contratación a nivel internacional y con la particularidad de que YPF y las empresas locales querían seguir operando», describe. «Había que ser muy creativos para integrarlos de manera cooperativa», indica.
Pero todo esto es agua bajo el puente. O el pozo, para hablar con más propiedad. Es optimista. Al menos, en lo que atañe a su expertise. «El Gobierno disipó las dudas regulatorias. En diciembre de 2015, derogó el Decreto 1277/12 que creó el registro de inversiones hidrocarburíferas. Había sido un gran retroceso. Muy peligroso. Duplicó jurisdicciones y le daba a la Nación la potestad de sacar concesiones. Cuando intenté explicarlo afuera, corrieron riesgo varias decisiones de inversión», recuerda. «El segundo gran tema fue el restablecimiento de la ecuación de precios en el mercado doméstico». Dos cimientos fundamentales sobre los cuales, hoy, Rodríguez Galli construye la ingeniería legal que requieren sus clientes. ×
