Juan Luchilo, subsecretario de Generación, Transporte y Distribución Eléctrica, se reunió el viernes pasado con representantes de las principales generadoras eléctricas para presentarles un primer avance de lo que será la nueva regulación para el segmento de generación que prepara el Ejecutivo. Luchilo estuvo acompañado por Nicolás García, director de Combustibles de Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y José María Vázquez, asesor de Energía y directivo histórico del sector eléctrico.

El subsecretario presentó los lineamientos generales de las modificaciones regulatorias que modificarán el esquema de remuneración de las generadoras, entre las que se destacan Pampa Energía, Central Puerto, AES, Enel y Albanesi. La intención es que las nuevas normas entren en vigencia el 1º de febrero de 2019, una vez que se presente una nueva actualización de las tarifas de gas para el segmento regulado de distribución, según comentaron a EconoJournal ejecutivos que asistieron a la reunión y fuentes gubernamentales.

En los hechos, el gobierno apunta, por un lado, a reducir el costo real de generación a fin de recortar —o en todo caso evitar que aumenten— los subsidios que demanda el sistema eléctrico. Por el otro, la meta es incentivar la recontractualización del sector entre generadoras y el resto de los actores de la cadena (distribuidoras, grandes y medianas industrias y comercios).

La nueva regulación modificará el formato de remuneración para las empresas eléctricas. En concreto, se reducirá la remuneración por potencia disponible que reciben los privados a fin de recortar los costos fijos del sistema. Y al mismo tiempo, se mejorará la remuneración variable por energía generada. Se pretende apuntalar la eficiencia del sistema premiando a las centrales más eficientes e incentivar el reemplazo y/o desactivación de máquinas viejas muy costosas del parque termoeléctrico. Luchilo evitó precisar los nuevos montos de remuneración con los que está trabajando el Ejecutivo.

La Secretaría Energía establecerá un cupo tecnológico que determinará hasta qué porcentaje de la demanda eléctrica de cada actor (distribuidora, gran usuario) deberá ser cubierta con distintas fuentes de generación. La intención es contractualizar la energía proveniente de centrales hidroeléctricas, las más baratas del sistema dado que se trata de inversiones amortizadas sin costos variables de combustible; usinas nucleoléctricas, térmicas y renovables. Se fijarán cupos para cada tecnología para evitar una competencia desbalanceada entre las generadoras.

A su vez, se implementará un esquema marginalista para constituir un mercado spot de la energía. Ese esquema tendrá ‘topes’ para evitar que, durante los días de mayor demanda, las máquinas más ineficientes terminen fijando el precio del sistema. Energía cree que para el caso de las centrales térmicas más eficientes que operan con gas podrá recibir precios del orden de los 50-55 dólares por MWh.

En la práctica, lo que prepara Energía es una modificación de los parámetros establecidos en la resolución 19 de la Secretaría de Energía, que establece los cargos base por potencia (hoy en el orden de los 7000 dólares por MW-mes). También se apuntará a forzar a que los grandes usuarios GUDI, que hoy reciben la energía de la red de distribución, salgan a contratar su demanda en el MEM.