El ministro de Energía, Javier Iguacel, está frente a una medida trascendente. Tal vez, la más relevante desde su nombramiento. La decisión no recaerá, en los hechos, sólo sobre sus espaldas. La voluntad del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que tendrá la última palabra sobre el diseño del Presupuesto 2019 para cumplir con los compromisos con el FMI, también tallará fuerte.

Iguacel dejó entrever este fin de semana, durante su paso por Neuquén para visitar tres yacimientos en Vaca Muerta, que el Gobierno suspenderá el proceso de aprobación de subsidios para nuevos proyectos no convencionales de gas. La decisión impactará directamente sobre la inversión en gas que concretarán las petroleras durante los próximos dos o tres años.

Para dimensionar la importancia del tema hay que precisar algunas cuestiones técnicas. El Ministerio de Energía aprobó el pago de subvenciones directas para el gas que se extrae de ocho yacimientos de shale y tight gas, cuya extracción es más costosa que la de campos convencionales. ¿Cómo se calculan las bonificaciones que reciben las empresas beneficiadas? En función de lo establecido por las resoluciones 46 y 419 de la cartera que dirige Iguacel. Esas normas pusieron en marcha un programa de estímulo a la producción no convencional de gas que contempla el pago de un precio de incentivo para el hidrocarburo extraído en ese tipo de campos. La iniciativa funciona como un seguro de precios: el Estado garantiza este año, mediante el pago de subsidios, el cobro de US$ 7,50 por millón de BTU por ese gas. El año que viene el precio-premio caerá a 7 dólares. En 2020 descenderá un peldaño más hasta 6,50 y en 2021, a 6 dólares.

El Tesoro asumió el compromiso de cubrir la diferencia entre el precio promedio del mercado de gas en toda la Argentina —es un valor que calcula mes a mes en el Ministerio de Energía— y el precio de incentivo. En junio, el precio del mercado promedió los 4,50 dólares. Eso quiere decir que el Estado desembolsa a razón de US$ 3 por MMBTU por el gas proveniente de los ocho proyectos ya aprobados por Energía.

La disyuntiva para el Ejecutivo es qué hacer con los 12 proyectos que están transitando el proceso de validación para empezar a recibir los beneficios. Según indicaron a EconoJournal desde distintos despachos ministeriales y altos ejecutivos del sector petrolero, la delicada coyuntura fiscal impone la decisión de suspender la aprobación de esos proyectos. “No existen recursos presupuestarios para elevar el nivel de subsidios destinados al gas de Vaca Muerta”, admitió un alto funcionario cercano a la Jefatura de Gabinete. La medida implicaría, en la práctica, dejar fuera del sistema de incentivos a más de la mitad de los proyectos contemplados originalmente por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

En el camino quedarían inversiones de YPF, Pampa Energía, Pluspetrol y Capex. Son números significativos. Los 20 proyectos de gas no convencional contemplados por Aranguren preveían inversiones por US$ 7400 millones entre 2018 y 2021. Si no se habilitan las 12 iniciativas que aún están en evaluación se perderían —o se dilatarían— inversiones por cerca de US$ 3800 millones.

Cambio de escenario

Razones macroeconómicas, como la escalada del dólar, y políticas, emparentadas con la incapacidad de continuar con el vertiginoso aumento de las tarifas residenciales de gas, motivaron un revisionismo de la gestión de Aranguren al frente de Energía.

Iguacel y otros funcionarios de primera línea del gobierno, como Dujovne y Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de Gabinete, entienden que ya no es necesario continuar con el sendero de precios crecientes para el gas natural que había trazado el ex titular de Shell. Iguacel sostiene que la producción del fluido se está recuperando y ya no es necesario incentivar la llegada de inversiones mediante subsidios. El precio de mercado —enfatiza— es suficiente para garantizar la inercia positiva de la producción.

Con esa creencia, el ministro de Energía está convencido que en 2019 el precio de venta de gas en la Argentina será más bajo que el actual. Eso lo coloca frente a otra disyuntiva de índole fiscal. Aranguren  concibió el programa de estímulo de gas de Vaca Muerta sobre la proyección de que el precio del gas iba a aumentar en 2018 y 2019, hasta asemejarse al precio de importación de gas de Bolivia y del LNG que llega por barco.

Con el precio real de venta en alza —interpretaba el ex ministro—, los subsidios que iba a desembolsar el Estado para cumplir con los beneficiarios de la resolución 46 tenderían a disminuir porque el mercado pagaría casi todo el costo de extracción del gas desde Vaca Muerta .

En esa clave, Aranguren creía que en 2019, si el precio del gas en boca de pozo terminaba el año en torno a los US$ 6 por millón de BTU, el Tesoro tendría que desembolsar “solo” 400 millones de dólares para cubrir con los compromisos del programa de estímulo a la producción no convencional de gas.

La realidad cambió diametralmente. Tras la apreciación del tipo de cambio que colocó al dólar por encima de los 28 pesos, el precio promedio del mercado cayó hasta los US$ 4,20 porque las tarifas residenciales, que se cobran en pesos, no acompañaron (ni acompañarán) la devaluación.

El gobierno aumentará en octubre un 25% el valor de las tarifas para los hogares, pero de ninguna manera esa suba alcanzará retomar la escalera de aumentos diseñada por Aranguren. Según ese sendero, el precio del gas para distribuidoras debía ascender hasta los 5,20 dólares. Y en abril de 2019 debía incrementarse nuevamente hasta los US$ 5,68.

La meta del Iguacel y de Dujovne, en cambio, es que los usuarios domiciliarios no paguen más de US$ 4,50 por MMBTU por el gas. Para 2019, año que en Cambiemos buscará mantener el poder en las elecciones presidenciales, no se prevén nuevas subas.

Trampa de doble entrada

El correlato no deseado de frenar la suba del precio del gas en boca de pozo es que se dispararán los subsidios a los productores de gas. Tanto que el año que, con el nivel de precios que proyecta Iguacel, el Estado tendría que gastar más de US$ 800 millones para cumplir con los proyectos aprobados bajo el paraguas de la resolución 46. El doble que lo estipulado inicialmente. Una cifra similar habrá que desembolsar en 2020. A contramano, las proyecciones de Aranguren estimaban que ese año el Tesoro dejaría de inyectar subsidios al gas no convencional. Para adelante, la situación se complica todavía más. “En Energía estimaban que los subsidios para el gas de Vaca Muerta serían de unos US$ 400 millones entre 2019 y 2021. Sin embargo, así como están planteadas hoy las cosas, las transferencias a los productores treparían hasta los US$ 2000 millones en los próximos tres años”, calculó un consultor de la industria petrolera.

Así configurado, el marco regulatorio se convirtió en una trampa de doble entrada para el Ejecutivo. Es que si reduce el precio de venta del gas en el mercado interno para moderar el salto en las tarifas de gas en la antesala de la carrera electoral y también para bajar el nivel de subsidios a las tarifas eléctricas (la energía se genera fundamentalmente con gas), eso redundaría en un aumento de los subsidios millonarios para las petroleras. Todo el ajuste fiscal crujiría. Otro efecto no deseado de esa opción es que la inversión en los yacimientos se vería ralentizada por la caída de los precios de venta del gas.

Si, en cambio, permite que el valor del gas aumente y se acomode en niveles más cercanos que el import parity de LNG, incentivará las inversiones en Vaca Muerta y reducirá los subsidios a las empresas productoras, pero debería lidiar con aumentos tarifarios mucho mayores, difíciles de tolerar políticamente en tiempos de comicios presidenciales. En cualquier caso, la salida no será sencilla.