El Estado, que tiene la participación de control en YPF, le debe a esa petrolera, la mayor del país, una cifra millonaria en materia de subsidios impagos correspondientes al Programa de estímulo a la inyección excedente de gas, conocido en el sector como Plan Gas. Según números oficiales a los que accedió a EconoJournal, las acreencias consolidadas a favor de YPF superan los $ 5000 millones. Son alrededor de US$ 320 millones al tipo de cambio oficial. La cifra representa un 11% del presupuesto de la compañía dedicado al upstream (exploración y producción) para 2017, que asciende a US$ 3089,26 millones, de acuerdo con información presentada al Ministerio de Energía.
La resolución de este tema es una de las prioridades del presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, y del CFO de la empresa, Daniel González. Más aun cuando el resto de las principales productoras del Plan Gas –Total, Wintershall y Pan American Energy (PAE), entre otras- mantienen sus cuentas con el Estado relativamente al día. Por ser la mayor productora de gas del país, con un 34% de la oferta nacional, YPF es la empresa más beneficiaria -y a su vez más dependiente- del Plan Gas, que premia con un precio diferencial de US$ 7,50 por millón de BTU a las compañías que incrementaron su producción del fluido desde 2013 a la fecha.
La petrolera cobró los subsidios correspondientes al mes de agosto del año pasado, cuando según lo establecido por el marco regulatorio, la demora en los plazos de pago que contempla el programa no deberían superar los cuatro meses. Aún así, a partir de abril el Estado ha empezado a ponerse al día con la deuda. A fines de marzo, el rojo del Ministerio de Energía con la mayor petrolera del mercado superaba los $ 9000 millones.
“A partir de abril, comenzaron a regularizar la situación. Pero la deuda sigue siendo demasiado elevada”, admitieron allegados a YPF.
A su vez, la petrolera bajo control estatal mantiene -al igual que otras productoras de gas- un diferendo abierto con las distribuidoras (como Metrogas, Camuzzi y Gas Natural Fenosa) de gas, que a raíz de la judicialización de los aumentos de tarifas residenciales del año pasado, dejaron de pagar las facturas correspondientes a la compra de gas y acumularon una deuda con las petroleras superior a los $ 8000 millones. De esa cifra, alrededor de $ 3500 millones le corresponden a YPF.
Es decir, las acreencias acumuladas por la petrolera bajo control estatal en concepto de subsidios impagos y deuda de las distribuidoras se acerca a los $ 8500 millones. Cerca de US$ 530 millones.
“Se está negociando bajo el paraguas de Energía cómo se regularizará la deuda que las distribuidoras acumularon con las petroleras. La idea es que las gasíferas cubran, al menos, el costo financiero que YPF y el resto de los productores debieron afrontar por las facturas impagas a cuenta de las distribuidoras”, comentó una fuente al tanto de las negociaciones. Las productoras están dispuesta a resignar el cobro de intereses punitorios si las distribuidoras aceptan pagar una tasa de interés estándar en concepto de costo financiero, cercana al 24% anual medida en pesos.
