La secretaria de Energía, María Tettamanti, presentó los fundamentos y la hoja de ruta de la reforma del sector eléctrico que encara el Gobierno nacional y remarcó que la estabilidad del nuevo esquema depende directamente de la coherencia con el orden fiscal de la macroeconomía. «Las reformas están en línea con una macro que cuida el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. La turbulencia actual es transitoria y más política que económica. No habrá desequilibrios como en 2018: hoy no hay emisión descontrolada ni riesgo de hiperinflación», aseguró la funcionaria al participar de la apertura del Renewables & Electricity Day organizado por EconoJournal.
El evento desarrolla una agenda que apunta a entender la reforma estructural de la energía eléctrica que propone el gobierno, probablemente de las más ambiciosas de los últimos veinticinco años, que requiere una transición necesaria para todos los actores. La funcionaria trazó una distinción entre los segmentos de la cadena de valor y enfatizó la necesidad de separar las áreas monopólicas de las competitivas para garantizar la eficiencia. La propuesta para Tettamanti es devolver la gestión del sector al ámbito privado, revirtiendo años de intervención estatal que lo descapitalizaron.
“Las reformas están en línea con una macro que cuida el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria. La turbulencia actual es transitoria y más política que económica. No habrá desequilibrios como en 2018: hoy no hay emisión descontrolada ni riesgo de hiperinflación.” María… pic.twitter.com/6mdj7z7tr9
— EconoJournal (@econojournal) October 7, 2025
«Todos queremos que la Argentina se desarrolle y crezca, y para eso una de las cosas que tiene que tener la los argentinos es energía y al menor costo posible, no a cualquier costo. Y la mejor forma de lograrlo es diferenciar muy bien cuáles son los segmentos de todas las cadenas productivas que tienen características monopólicas de las que no lo tienen. Las que son monopólicas se tienen que regular con un apego absoluto a la ley, con un respeto a las reglas en juego en serio», afirmó Tettamanti.
Privatizar la gestión del sector eléctrico
«No hay mejor forma de obtener esa energía lo más barato posible que con competencia, o sea, con libre mercado y gestión privada, no gestión pública, Y los privados, para eso, necesitan, por supuesto, también tener previsibilidad en las reglas del juego», agregó en diálogo con Nicolás Gandini, director de EconoJournal, en la jornada que se desarrolla en el Club Hípico Alemán con la participación de los principales referentes del sector eléctrico y las energías renovables.
«El cómo es volver a privatizar la gestión -continuó-, porque nosotros salimos de una industria en los 80 estatal, se privatizaron los activos, y se privatizó la gestión. Durante los últimos años, la propiedad quedó en manos privadas, pero la gestión no. La gestión se fue interviniendo tanto, que, en definitiva, lo que hizo fue estatizar el sector, y nosotros queremos volver a la privatización absoluta del sector. Lo peor que podemos hacer es continuar con este régimen regulado y estatista, porque va a llevar a lo que tenemos hoy, que es un sistema descapitalizado, donde, sin contratos previsibles y entre partes privadas, no hay desarrollo a largo plazo».
“Los grandes usuarios tienen que gestionar su energía. Si desde Cammesa y la Secretaría de Energía vemos que el sector privado no se está moviendo en esa dirección, veremos si es necesario hacer una acción más centralizada de hacer el cálculo, la planificación y la licitación, pero no el offtaker. No somos dogmáticos y si en algún momento hay que hacer algo para garantizarle al proveedor el cobro de lo que va a vender lo vamos a hacer, pero a lo que apuntamos es a que el sector privado sea el offtaker de la nueva producción de energía”, remarcó.

Tettamanti recalcó que la política sectorial es inseparable de la estabilidad económica general, especialmente en un rubro que transacciona sus precios en dólares. La solidez fiscal y monetaria son la base que sostiene la reforma. «El segmento desregulado, que es el que tiene que producir y vender a un segmento regulado, tiene los temores del pasado de, si le cortás las piernas al que yo le estoy vendiendo ¿cómo me va a pagar?».
Por eso planteó que «esta reforma siempre va a ser viable en la medida que se respeten las reglas y por sobre todas las cosas, que la política sectorial sea coherente con la macroeconomía. Si no tenemos una macroeconomía ordenada, no hay política pública en ningún sector de la economía que funcione, o sea que puede ser perdurable, porque donde hay una inestabilidad de precios es imposible mantener reglas.»
En un mensaje de confianza en la estabilidad futura, la funcionaria afirmó que «éstas reformas están pensadas y en coherencia con una política macroeconómica que está cuidando el equilibrio fiscal y una estabilidad monetaria. Se puede tener un salto cambiario por emisión monetaria donde es un exceso de oferta de pesos o una caída en la demanda de pesos, que es lo que está sucediendo ahora por la desconfianza. Una vez que eso se calme vamos a ir a un escenario macroeconómico donde no va a haber una inestabilidad cambiaria que no permita llevar estas reformas de fondo«.
El proceso de doble descentralización
Al analizar el proceso que orienta el gobierno a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, Tettamanti resaltó la idea de descentralización, en la cual el Estado deja de ser el comprador principal. «La reforma se articula en una doble descentralización: la gestión de combustibles y la contractualización de la energía. Esto implica un cambio de rol para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y un nuevo peso para las distribuidoras y los grandes usuarios».
«Los principales cambios es descentralizar lo que es la gestión de combustible, por un lado, se ha visto desde el punto de vista del abastecimiento de la generación térmica para hacer su generación eléctrica y, por otro lado, empezar a descentralizar justamente lo que sea la contractualización«, reseñó en referencia a que este cambio se aplicará a distintos actores, incluyendo a las distribuidoras.
«Estamos viendo ya una transición en la que las distribuidoras van a tener una generación asignada, pero no toda, o sea, cubre absolutamente lo que es la demanda residencial, pero la demanda estacionalizada, que es además la comercial sacando los GUDIs, le puede faltar en algunos momentos del año, y va a tener la distribuidora que pagar energía o salir a contractualizar, en la medida que los contratos de Cammesa, los PPA, vayan venciendo», definió. Aún con estos cambios, Tettamanti garantizó el respeto a los derechos adquiridos, especialmente a los contratos vigentes del Plan Gas, ofreciendo mecanismos optativos para la migración al sector privado.

«Uno de los ejes en el diseño de esta reforma -aseguró- fue el respeto a los derechos adquiridos, tanto los PPA que tiene Cammesa, como los contratos que están dentro del Plan Gas. Significa respetar los contratos que los productores tienen en cuanto a los volúmenes que van a poder vender, los precios a los que van a poder vender, los take or pay, que hay que respetarles».
Concesión de obra pública
Respecto al sistema de transporte, identificado en el sector como el mayor cuello de botella, la secretaria detalló que las obras prioritarias se realizarán bajo una figura legal que descarga la inversión del Estado: «Necesitamos un decreto del presidente, que está pronto va a salir, en el que va a posibilitar que esas ampliaciones de las líneas de alta tensión, de todo lo que es la ampliación del sistema de transporte, se realice mediante una concesión de obra pública«.
«Se va a hacer la concesión, pero el que gane la licitación va a tener que buscar la financiación, va a tener que construir la línea, luego la va a tener que operar recuperando la inversión mediante un cargo en la tarifa que será cobrada a los beneficiarios, que Cammesa tendrá que definir quiénes son los beneficiarios en cada caso, entonces no son fondos de impuestos los que van a pagar la obra sino que van a ser cargos tarifarios que van a pagarse una vez que la obra esté terminada y puesta en valor, puesta en servicio», detalló la secretaria respecto a la política de infraestructura energética.